El fiscal pide a Garz¨®n que rechace de plano el conflicto de jurisdicci¨®n planteado por Defensa

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, comunic¨® ayer al juez Baltasar Garz¨®n que no debe abatir el conflicto de jurisdicci¨®n presentado, por Defensa, en relaci¨®n con los documentos de los GAL que el magistrado hab¨ªa requerido, debido a defectos de fondo y de forma que lo hacen improcedente de principio. Rubira se?ala tambi¨¦n en su informe que por el momento no puede apreciarse indicios de delito en la conducta del ministro Gustavo Su¨¢rez Pertierra, por estimar que act¨²a en la creencia err¨®nea de que est¨¢ amparado por la Ley de Secretos Oficiales.

El fiscal propone que Garz¨®n contin¨²e con la instrucci¨®n del caso Monbar -en el que se investiga el asesinato de cuatro etarras por los GAL- y que todo el incidente se resuelva en la jurisdicci¨®n penal, ya que el conflicto presentado por el ministro de Defensa no es tal, sino que, en su opini¨®n, detr¨¢s de ese escrito hay ¨²nicamente una persona enfadada.Argumenta que en su requerimiento al ministro de Defensa, el juez no se atribuy¨® ninguna competencia que corresponda a la Administraci¨®n o al Consejo de Ministros. En ning¨²n momento, dice el fiscal, el magistrado se atribuy¨® la, clasificaci¨®n de documentos como secretos, o su desclasificaci¨®n, potestad que corresponde al Consejo de Ministros, por lo que no cabe el conflicto. Garz¨®n re quiri¨® la colaboraci¨®n del mi nistro de Defensa con la Ad ministraci¨®n de Justicia, a la que est¨¢ obligado por la Constituci¨®n, para que entregase unos documentos.

Presidente del Gobierno

En cualquier caso, seg¨²n el fiscal, el ministro de Defensa tampoco estar¨ªa legitimado para plantear el conflicto, puesto que la legitimaci¨®n la tendr¨ªa el presidente del Gobierno como titular del Consejo de Ministros.

Defensa tampoco tiene abierto un procedimiento, por lo que no puede plantear un conflicto en el que plantee a Garz¨®n: rem¨ªtame lo que est¨¢ usted haciendo porque es de mi competencia.

El fiscal recuerda en su escrito que "la funci¨®n de averiguaci¨®n del delito, la pr¨¢ctica de las diligencias que sean necesarias y ¨²tiles en la investigaci¨®n del mismo son competencia exclusiva de los juzgados y tribunale?. Por ello, Rubira explica, que la petici¨®n de los documentos del Cesid sobre los GAL se enmarca en este "principio constitucionalmente legitimo".

Rubira recuerda adem¨¢s que el Tribunal, Supremo ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores acerca de la colisi¨®n entre ¨¦l deber de secreto y la investigaci¨®n de un delito. As¨ª, en el caso del uso irregular de los fondos reservados, el Supremo resolvi¨®, al igual que se aprecia en la legislaci¨®n comparada, que en ning¨²n caso se puede clasificar como secreto informaci¨®n o documentos para ocultar violaciones de la ley.

"Creencia err¨®nea"

El fiscal Rubira destaca en su informe que de momento no aprecia indicios delictivos en la conducta del ministro Su¨¢rez Pertierra -obstrucci¨®n o denegaci¨®n de auxilio a la jus ticia- por considerar que ha actuado en la "creencia err¨®nea" de que est¨¢ amparado por la Ley de Secretos Oficia les' hasta tal punto que incluso ha planteado un conflicto de jurisdicci¨®n.

Por ello, el fiscal cree que "es conveniente esperar a la resoluci¨®n judicial que ponga t¨¦rmino al conflicto planteado y agotar la v¨ªa jurisdiccional, para posteriormente examinar la posible responsabilidad penal del ministro". Rubira entiende que debe ser la resoluci¨®n de Garz¨®n o, si alguna de las partes recurre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien ponga t¨¦rmino al conflicto planteado por Defensa, y no la Sala de Conflictos del Supremo. Adem¨¢s con lo de agotar la v¨ªa jurisdiccional prestende el fiscal que se reitere la solicitud de documentos al ministro Su¨¢rez Pertierra, inform¨¢ndole de la obligaci¨®n que le impone el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n para que remueva los obst¨¢culos que le imposibiliten proporcionar los documentos y explic¨¢ndole que en caso contrario cometer¨ªa un delito.