La auditora de PSV recibe la sanci¨®n m¨¢s alta de las impuestas hasta ahora por el Gobierno

El Gobierno ha impuesto una sanci¨®n de 71 millones de pesetas a la sociedad de auditor¨ªa Ernst & Young por irregularidades en la auditor¨ªa que realiz¨® sobre la cooperativa Promotora Social de Viviendas(PSV), propiedad del sindicato Uni¨®n General de Trabajadores (UGT), en el ejercicio de 1991. La sanci¨®n, decidida por el Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas (ICAC) y ratificada por el ministro de Econom¨ªa, es la m¨¢s ¨ªmportante encuant¨ªa de las que se han impuesto hasta Ahora a las auditoras y por descontado, es la que puede acarrear consecuencias m¨¢s graves,en cuanto que puede servir de fundamento a una cadena de reclamaciones judiciales de cooperativistas.

El ICAC ha impuesto una sanci¨®n de 71 millones de pesetas a la sociedad auditora Ernst & Young por supuestas irregularidades o negligencias en la elaboraci¨®n de la auditor¨ªa de la cooperativa PSV, propiedad de UGT, correspondiente al ejercicio de 1991, seg¨²n el expediente sancionador. Esta sanci¨®n se impone de acuerdo con la Ley de Auditor¨ªa de 1988 que reconoce la posibilidad de que la infracci¨®n de las normas t¨¦cnicas de auditor¨ªa puedan producir perjuicio a terceros.En el caso concreto de PSV, el ICAC estima que existe negligencia en el texto de la audiior¨ªa realizada sobre el ejercicio de 1991 por las siguientes causas:

El informe de E & Y no advirti¨® del usa, por PS`V, de fondos destinados a unas promociones para la construcci¨®n de otras distintas. De la informaci¨®n recogida por los auditores se desprend¨ªa claramente -que se estaban prduciendo irregularidades.

El trabajo de E & Y no incluye contabilidad anal¨ªtica, un aspecto de gran importancia, puesto que deber¨ªa haber investigado las variaciones de costes y advertir a los usuarios en caso de que estas variaciones se hubieran producido, como sucedi¨®.

El informe tamp¨®co alert¨® sobre la falta de honorarios de gesti¨®n cerrados, es decir, que porcentaje de las aportaciones de los cooperativistas se destinaba a pagar la gesti¨®n d¨¦ los directivos.

Estas tres causas principales muestran que la auditor¨ªa contiene negligencias. Queda a, la opini¨®n de los cooperativistas si estas negligencias pudieron perjudicar seriamente sus intereses, cuesti¨®n que pueden definir en los tribunales. La sanci¨®n puede ser la base legal para que los cooperativistas de PSV reclamen da?os y perjuicios, en la medida que correspondan a la auditora, por la quiebra de la sociedad. En la quiebra de PSV resultaron afectados m¨¢s de 20.000 cooperativistas; hoy permanecen en las promociones m¨¢s de 12.000.

El expediente, d¨¦ sanci¨®n a E & Y por PSV tiene una caracter¨ªstica especial. La firma, una vez cumplido el ¨²ltimo tr¨¢mite -decisi¨®n del ministro de Econom¨ªa que ratificaba la sanci¨®n propuesta por el ICAC-., en mayo de 1995, present¨® un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, secci¨®n 8?, por entender que se vulneraban los derechos fundamentales de la empresa. El fundament¨® del recurso, puramente formal, es que las normas , de auditor¨ªa, que el expediente sancionador entiende vulneradas, no son normas jur¨ªdicas reconocidas. El recurso paraliz¨® el procedimiento de sanci¨®n.

El recurso ha sido recientemente desestimado por el Tribual, que entiende que el expediente sancionador no vulnera los derechos de la empresa y condena a E & a pagar las costas.

Sanciones anteriores

Esta es la tercera sanci¨®n que impone el ICAC por las auditorias en los grandes esc¨¢ndalos financieros (KIO, PSV, Banesto). El ICAC impuso una sanci¨®n de 53 millones a Price Waterhouse por su auditor¨ªa de Ebro Agr¨ªcolas y otra de 3.8 millones a Coopers & Lybrand por el informe sobre Torras. La sanci¨®n m¨¢xima aplicable es el 10% de la facturaci¨®n. En el caso de E & Y, la sanci¨®n maxima estar¨ªa en torno a los 200 millones.

La auditor¨ªa resulta obligatoria, en general, para todas las sociedades que coticen en Bolsa o sujetas a normas de disciplina financiera. Tambi¨¦n para las sociedades que cumplan dos de estas tres condiciones: que tengan m¨¢s de 50 trabajadores, vendan m¨¢s de 500 millones de pesetas o cuenten con un activo superior a 300 millones.