Cuanto antes

LA ESTRATEGIA gubernamental de demorar los desastres que le acechan puede diluir su impacto en el tiempo, pero ni as¨ª deja de ser una muy grave derrota la que sufri¨® ayer en el Congreso al ver rechazado su proyecto de Presupuestos. La devoluci¨®n de la ley que sintetiza las prioridades pol¨ªticas de un Gobierno -en definitiva, su programa para el a?o siguiente- equivale a la retirada de confianza al Ejecutivo por parte de la C¨¢mara. Lo normal es que el presidente de un Gobierno afectado por tal desautorizaci¨®n proceda a negociar un acuerdo alternativo con los grupos pol¨ªticos -que en la situaci¨®n actual resulta imposible- o a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Puede haber circunstancias que aconsejen no hacerlo de inmediato. Pero la continuidad de un Gobierno, en tal situaci¨®n s¨®lo podr¨¢ ser provisional, incluso ef¨ªmera.Al emplazar a la oposici¨®n a presentar una moci¨®n de censura como respuesta al rechazo de los Presupuestos, Gonz¨¢lez confunde los efectos de ambos hechos pol¨ªticos. La moci¨®n de censura tiene por objeto propiciar un cambio de Gobierno como resultado de la conformaci¨®n de una mayor¨ªa alternativa en el Parlamento. La retirada de confianza, por el contrario, puede ser efecto de una coalici¨®n negativa: una mayor¨ªa d¨¦ la C¨¢mara est¨¢ de acuerdo enforzar al Gobierno a convocar elecciones o, al menos, a someterse a la cuesti¨®n de confianza. Para que produzca ese efecto no basta que el Ejecutivo. haya sido puesto en minor¨ªa en una votaci¨®n cualquiera. Debe serlo en una que comprometa expl¨ªcita o impl¨ªcitamente su continuidad en funci¨®n de su capacidad para desarrollar un programa. Ese significado se otorga en los reg¨ªmenes parlamentarios precisamente a la votaci¨®n de los Presupuestos del Estado.

Puede haber, y es frecuente que haya, Gobiernos minoritarios, obligados a pactar con aliados coyunturales cada votaci¨®n parlamentaria. Pero la prueba de la viabilidad de esa f¨®rmula es la capacidad de articular una mayor¨ªa que respalde la ley presupuestaria anual. En caso contrario no se garantiza una m¨ªnima capacidad para gobernar. Lo normal entonces es convocar elecciones anticipadas. En el caso actual de Espa?a puede haber motivos para retrasar esa decisi¨®n por un breve plazo. La principal, la inminencia de la aprobaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, objetivo pendiente desde hace m¨¢s de diez a?os y siempre abortado por la disoluci¨®n de las Cortes antes de culminar su tramitaci¨®n. Otro motivo, menos importante pero digno de considerarse, es la inconveniencia de que la campa?a y los comicios coincidan con la fase final de la presidencia espa?ola de la Uni¨®n Europea. Mayor peso social tiene la inoportunidad de que las elecciones o la propia campa?a se desarrollen en plenas navidades, y ¨¦se ser¨ªa el caso si la disoluci¨®n se produjera de forma inmediata, por mucho que Aznar se empe?ara ayer en unas fechas que no concuerdan con la ley electoral vigente.

Esas razones pr¨¢cticas, y no el hecho de que el Gobierno ya hubiera decidido adelantar las elecci¨®nes a marzo, son las que pueden aconsejar el aplazamiento hasta diciembre de la disoluci¨®n del Parlamento. Si es cierto que puede no tener demasiada trascendencia que sean en febrero o en marzo, s¨ª parece conveniente precisar que salvadas esas dificultades pr¨¢cticas, el criterio m¨¢s razonable es que sean cuanto antes. Y parece necesario precisar que, una vez formalizado el veto parlamentario a los Presupuestos, el aplazamiento no podr¨¢ ser indefinido, como han insinuado algunos diputados socialistas con el argumento de que el mandato es para cuatro a?os. Ese mandato queda en suspenso si no puede materializarse en una mayor¨ªa parlamentaria.