Clemencia pol¨ªtica frente a severidad militar

Cinco a?os de prisi¨®n por 4.200 pesetas. Uno por cada 840 pesetas de destrozos. ?sa fue la condena impuesta al soldado Santiago Tamayo Fern¨¢ndez por el Tribunal Militar de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo, que se vio impotente para remediar la desidia, primero, y la impericia, m¨¢s tarde, de los abogados de oficio asignados al joven. Al final, el Gobierno ha evitado, mediante un indulto, que se ejecutase tan escandaloso fallo.

La historia comenz¨®, seg¨²n la sentencia, el 7 de junio de 1989, cuando el soldado Tamayo, destinado en el grupo de abastecimiento de la Agrupaci¨®n Log¨ªstica n¨²mero 2 (Granada), "penetr¨® en el taller de mantenimiento de veh¨ªculos con un gran sentimiento de hast¨ªo hacia su servicio militar". "Una vez all¨ª", prosigue la sentencia, "con una navaja de su propiedad, hizo un corte en una manguera de freno [ ... ], cuya misi¨®n es trasvasar aire a presi¨®n desde el cami¨®n al remolque" . Como consecuencia, un remolque de panificaci¨®n tuvo que retrasar "su salida [hacia unas maniobras] hasta 48 horas despu¨¦s del incidente. El valor de la reparaci¨®n, consistente en la sustituci¨®n del latiguillo averiado, fue de 4.200 pesetas".

El 8 de febrero de 1994, el Tribunal Militar de Sevilla conden¨® a Santiago Tamayo a cinco a?os de prisi¨®n, como autor de un delito de atentado contra bienes de la defensa nacional. Su abogado de oficio present¨® un escrito "con la manifestaci¨®n de que no encontraba motivos en que fundamentar el recurso" contra la sentencia. Designado otro defensor de oficio, accedi¨® a recurrir, pero aleg¨® s¨®lo la violaci¨®n del derecho a la presunci¨®n de inocencia.

El 12 de diciembre de 1994, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo emiti¨® una sentencia en la que desestimaba "el ¨²nico motivo del recurso" planteado por el abogado, ya que el propio demandado hab¨ªa admitido los hechos. Pero el Tribunal Supremo agreg¨®, a iniciativa propia, que "no parece del todo razonable suponer que la intenci¨®n del autor fuese poner en peligro la defensa nacional mediante la inutilizaci¨®n temporal de un medio de transporte militar. [ ... ] M¨¢s prudente ser¨ªa no extraer consecuencia tan desmesurada de un gesto que probablemente s¨®lo fue la injusta y reprobable manifestaci¨®n de un incontrolado estado emocional".

Para Agust¨ªn Pozo Uceda, de 24 a?os, vecino de Torrent (Valencia), empez¨® una aut¨¦ntica pesadilla el pasado 9 de junio, cuando la Guardia Civil se present¨® en su casa a buscarle. Ni siquiera sab¨ªa que, el pasado 16 de febrero, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo hab¨ªa confirmado la condena que le impuso 10 meses antes el Tribunal Militar de Sevilla: tres a?os de prisi¨®n por ultraje a la bandera.

Su delito consisti¨® en proferir un exabrupto -"me cago en la bandera"- en el Hogar del Soldado del Regimiento de Regulares de Ceuta donde, el 7 de junio de 1991, estaba a punto de licenciarse. Seg¨²n la sentencia, "el encartado, que no acostumbra a beber, hab¨ªa ingerido bebidas alcoh¨®licas que, si bien no le hab¨ªan producido una ebriedad notable, s¨ª le hab¨ªan colocado en un estado de contento". De inmediato, agrega la sentencia, "expres¨® su m¨¢s profundo arrepentimiento", lo que no impidi¨® que se le aplicaran 30 d¨ªas de arresto.

El teniente coronel instructor de las diligencias, tras constatar que no existi¨® "¨¢nimo de injuriar", pidi¨®, el d¨ªa 2 de septiembre de 1991, el sobreseimiento del caso. Su petici¨®n no fue atendida y en abril de 1994, casi tres a?os despu¨¦s de licenciarse, fue juzgado por el Tribunal Militar Territorial Segundo, que calific¨® el exabrupto de "ofensa grave, menosprecio e injuria a la bandera". Le impuso tres a?os de c¨¢rcel, aunque, en un "otros¨ª", el tribunal propuso su indulto o la conmutaci¨®n de la "excesiva" pena por un a?o de c¨¢rcel.

El 16 de febrero pasado, el Supremo confirm¨® la condena, pero olvid¨® la petici¨®n de indulto o conmutaci¨®n. El abogado de oficio tampoco se acord¨® de comunicarle el fallo. Por eso, cuando el 10 de junio ingres¨® en la c¨¢rcel de Picassent (Valencia), no entend¨ªa lo que le pasaba. Recurri¨® a la Oficina del Defensor del Soldado, y la abogada Amparo Puchades le consigui¨® el tercer grado. Desde entonces acude cada noche a la prisi¨®n, que abandona a las cinco de la madrugada para acudir al trabajo. Al menos hasta que el ministro de Defensa presente al Gobierno la propuesta de indulto.