Parte y juez

Hace unos d¨ªas Federico Trillo present¨® en nombre del PP una proposici¨®n de ley para endurecer las condiciones de regreso al hogar de los jueces que se hubiesen tomado unas vacaciones pol¨ªticas. El magistrado Ledesma, primer ministro de Justicia de Felipe Gonz¨¢lez, llev¨® a extremos abusivos el trato de favor dispensado a sus colegas; adem¨¢s de computarles el tiempo de excedencia pol¨ªtica a efectos de ascensos, antig¨¹edad y derechos pasivos, la ley del Poder Judicial concedi¨® a los magistrados que se presentasen a las elecciones o desempe?¨¢ran altos cargos la reserva de su plaza. Pero el dulce jarabe corporativista destilado por el magistrado-ministro se convirti¨® en aceite de ricino cuando Baltasar Garz¨®n decidi¨® regresar a la Audiencia Nacional un a?o despu¨¦s de salir elegido diputado: a partir de ese momento los viajes de ida y vuelta entre el Poder Legislativo o Ejecutivo y el Poder Judicial pasaron a ser muy mal vistos por los antiguos tour operators del PSOE.Siguiendo ese camino de rectificaci¨®n, la proposici¨®n de ley del PP retira a los jueces excursionistas la reserva de plaza y les proh¨ªbe durante cinco a?os desempe?ar funciones jurisdiccionales y ser candidatos a los organismos constituciogales. Estas cautelas merecen el aplauso: queda por ver si resultan suficientes. Adem¨¢s de funcionarios de la Administraci¨®n, los jueces son titulares de un poder del Estado que les confiere una capacidad cuasisacramental para enviar a la c¨¢rcel a los ciudadanos y fijarle fianzas multimillonarias por su libertad. Esa enorme responsabilidad explica que la Constituci¨®n de 1978 prohibiese de forma taxativa a los jueces (y fiscales) en activo la pertenencia a partidos pol¨ªticos o sindicatos. En su libro Manos sucias, el magistrado Navarro, parlamentario socialista en las dos primeras legislaturas, afirma que esa interdicci¨®n es "m¨¢s que una barbaridad, un insulto a la inteligencia media del ciudadano, una estupidez". Sin embargo, el veto constitucional no s¨®lo est¨¢ bien fundamentado sino que ser¨ªa incluso deseable su ampliaci¨®n para impedir la vuelta a la carrera de los magistrados que prueben fortuna -por ahora sin riesgo- en el Parlamento o el Gobierno; la sola posibilidad de que esos jueces rebotados del Legislativo y del Ejecutivo contin¨²en haciendo pol¨ªtica embozada en clave partidista tras su regreso a la funci¨®n jurisdiccional es un riesgo que un Estado de Derecho no deber¨ªa permitirse.

No parece exagerado imaginar que cualquier militante del PP obligado en el futuro a sentarse en el banquillo sentir¨ªa desconfianza y temor si el hoy ministro y antes magistrado Belloch, que ha vejado y menospreciado a los dirigentes populares desde la tribuna del Congreso y en m¨ªtines electorales, formase parte del tribunal. Tambi¨¦n la presencia en una sala de vistas del magistrado Navarro inquietar¨ªa a los justiciables del PSOE: sobre todo si hubieran le¨ªdo su libelo ya citado donde sostiene que "la cleptocracia, la canallocracia, el envilecimiento y la putrefacci¨®n" son las principales caracter¨ªsticas del poder socialista, semejante a "Nosferatu y al vampirismo m¨¢s legendario" en que "s¨®lo act¨²a de noche, desde las sombras, para asegurar as¨ª la indefensi¨®n de las v¨ªctimas" y atacarlas "a traici¨®n, sobre seguro y con impunidad".

La libertad de expresi¨®n no tiene vela en los entierros del conde Dr¨¢cula: la verborrea demag¨®gica de un juez aforado y amparado por el corporativismo gremial de sus col¨¦gas no es socialmente equiparable a las intemperancias cr¨ªticas de los restantes ciudadanos. Los tribunales resuelven conflictos entre bienes jur¨ªdicamente protegidos: la militancia partidista, est¨¦ o no acompa?ada por el energumenismo fallero del magistrado Navarro, es su peor consejero. Sainz de Robles, candidato- presidencial en 1986 por el Partido Reformista Democr¨¢tico, renunci¨® a la carrera judicial pese a haber sido derrotado en los comicios: un gesto de moral profesional que hubiese podido ser imitado por sus compa?eros de escalaf¨®n.