En primera persona

EL PRESIDENTE del Gobierno no debi¨® acceder a recibir en su despacho al abogado de Conde y Perote, cuyas intenciones extorsionadoras ya conoc¨ªa. No s¨®lo fue una imprudencia, sino un grave error pol¨ªtico. Al no reconocer algo tan evidente, y ni siquiera tratar de explicarlo cuando fue requerido para ello hace un mes, Felipe Gonz¨¢lez agrav¨® la situaci¨®n: la suya, como participante directo en la entrevista, y la de su Gobierno, cuya debilidad se manifest¨® ayer con estr¨¦pito.Tras la forzada comparecencia del presidente, la oposici¨®n no tuvo ninguna dificultad para poner de relieve esa debilidad y la falta de autoridad que de ella deriva. S¨®lo se ech¨® en falta, especialmente en la intervenci¨®n de Aznar, probable sucesor de Gonz¨¢lez, una actitud m¨¢s comprensiva hacia quien, en todo caso, hab¨ªa sido objeto de un intento de chantaje. Porque no deja de llamar la atenci¨®n que tanto el l¨ªder del PP como Julio Anguita, que llevan meses negando la existencia del chantaje, lo dieran ayer por cierto para cuadrar mejor su argumento de que Gonz¨¢lez negoci¨® con el plenipotenciario de Mario Conde.

Casi todo lo que tiene que hacer Gonz¨¢lez debi¨® haberlo hecho tiempo atr¨¢s; de ah¨ª esa situaci¨®n de vulnerabilidad que transmite cuando acude a sus citas. Alguien que comparece casi llevado a rastras y parece casi empieza por reconocer que no tiene nada que a?adir a lo ya dicho dif¨ªcilmente convencer¨¢ a quien no lo est¨¦ de antemano. Dos d¨ªas antes de que Gonz¨¢lez recibiera al abogado Santaella, el entonces vicepresidente Serra hab¨ªa hablado en el Congreso de los intentos de utilizaci¨®n del material sensible robado al Cesid para operaciones de desestabilizaci¨®n pol¨ªtica, extorsi¨®n a las instituciones y b¨²squeda de beneficios privados. La aceptaci¨®n de una entrevista con el emisario de tales pretensiones es impropia de gobernantes responsables como dijo Aznar, la ¨²nica explicaci¨®n razonable es que los t¨¦rminos del eventual acuerdo necesitaban el aval personal del presidente.

La debilidad del Gobierno deriva sobre todo de las sospechas de implicaci¨®n en episodios de guerra sucia como los que han llevado al Supremo a solicitar el suplicatorio de Barrionuevo. Es l¨®gico que Gonz¨¢lez, y antes Serra y Belloch, pongan el acento en los documentos que pueden suponer un riesgo para la seguridad del Estado; pero es la existencia incontrolada de papeles que tambi¨¦n comprometen al Gobierno lo que otorga fuerza intimidatoria a los supuestos chantajistas. Gonz¨¢lez y su ministro de Justicia e Interior no pod¨ªan ignorar que ser¨ªa inevitable que cualquier acercamiento a los presuntos chantajistas fuera interpretado de tal forma. Ni siquiera el argumento de la intervenci¨®n de Adolfo Su¨¢rez basta para justificar tal torpeza. Por lo dem¨¢s, la incapacidad de Aznar para ponerse en el lugar del otro volvi¨® a brillar a gran altura. Es cierto que, como record¨® Anguita, la fuerza del chantajista es proporcional a la debilidad del chantajeado. Pero llevar esa obviedad hasta sus ¨²ltimas consecuencias nos llevar¨ªa a considerar culpable a todo aquel que es sometido a un chantaje. S¨®lo desde un angelismo rid¨ªculo o hip¨®crita puede ignorarse que todo Gobierno tiene algo que ocultar.

Gonz¨¢lez se equivoc¨® gravemente al recibir a Santaella, y ese error es probablemente consecuencia de otros anteriores y m¨¢s graves. Pero aunque el objeto del chantaje no sea la seguridad del Estado, sino la del Gobierno y los gobernantes, como acusa Aznar, una actitud decente llevar¨ªa a ponerse en ese asunto del lado del chantajeado y no del chantajista. Aznar utiliz¨® t¨¦rminos duros contra Mario Conde y Perote, pero se abstuvo cuidadosamente de cualquier gesto que pudiera interpretarse como de comprensi¨®n hacia el gobernante objeto de extorsi¨®n.