La 'comisi¨®n GAL'

TANTO IZQUIERDA Unida como el PP han incluido el nombre de Felipe Gonz¨¢lez en la lista de personas que deber¨ªa convocar el Senado para que declaren ante la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los GAL. Para que esa comparecencia se produzca ser¨¢ preciso, sin embargo, el acuerdo del PNV, que de momento no incluye a ning¨²n pol¨ªtico en su lista, aunque se reserva el derecho a llamar m¨¢s adelante a todos los presidentes de Gobierno y ministros del Interior desde 1977 a la fecha. Ha sido precisamente el PNV el que ha planteado que la investigaci¨®n abarque episodios de guerra sucia que pudieran considerarse antecedentes de los GAL. El PP no cita al general Galindo, argumentando que se trata de establecer responsabilidades pol¨ªticas, es decir, de pol¨ªticos y no de funcionarios, y sin embargo, incluye al general S¨¢enz de Santamar¨ªa, cuya comparencia es casi segura, porque tambi¨¦n figura en las listas de PNV e IU.Ambas cuestiones, el ¨¢mbito temporal de la investigaci¨®n y las personas que habr¨¢n de comparecer ante la comisi¨®n, han centrado el debate previo. El primer ministro del Interior de UCD Rodolfo Mart¨ªn Villa, ha rechazado cualquier continuidad entre los atentados del Batall¨®n Vasco Espa?ol (BVE) y dem¨¢s grupos actuantes en su ¨¦poca y los GAL. Por una parte, asegura que cuando se produjo el relevo de 1982 hac¨ªa dos a?os que no se produc¨ªa ning¨²n atentado del BVE y compa?¨ªa. Por otra, descarta cualquier paralelismo entre una banda presuntamente organizada y financiada desde el Ministerio del Interior, como los GAL, y los grupos de incontrolados, policiales o de extrema derecha, que actuaron a fines de los a?os setenta y primeros ochenta y cuyos principales objetivos eran, aparte de ETA, "Su¨¢rez y yo mismo", seg¨²n recuerda el propio Mart¨ªn Villa.

Lo primero no es del todo cierto. Entre Octubre de 1980 y el mismo mes de 1982 hubo "seis atentados reivindicados por el BVE, con seis muertos y varios heridos. En uno de ellos, el del bar Hendayais, los autores fueron liberados por la polic¨ªa francesa tras una intervenci¨®n del comisario Ballesteros. Seg¨²n el libro sobre Amedo de los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arques -incluidos en la lista de comparecientes presentada por IU-, cuatro de esos atentados fueron organizados por Jean-Pierre Ch¨¦rid, despu¨¦s activista de los GAL, que fallecer¨ªa en marzo de 1984 al estallarle una bomba que intentaba colocar y principal sospechoso del asesinato, en diciembre de 1978, del dirigente etarra Jos¨¦ Miguel Be?ar¨¢n, Argala, que sigue siendo el episodio m¨¢s oscuro de la guerra sucia en esos a?os.

Tiene raz¨®n Mart¨ªn Villa, en cambio, al decir que no son lo mismo acciones de polic¨ªas y ex polic¨ªas incontrolados que una banda organizada desde el Ministerio del Interior. Pero justamente lo que una investigaci¨®n pol¨ªtica habr¨ªa de dilucidar es si existe o no continuidad en tre una cosa y otra. Precisamente porque, como no deja de repetir el PP, la comisi¨®n de investigaci¨®n solventa responsabilidades pol¨ªticas, y no penales, habr¨¢n de ser tenidas en cuenta las circunstancias que pudieran invocarse como atenuantes, agravantes, eximentes, etc¨¦tera, desde el punto de vista pol¨ªtico. Que existiera o no previamente una estructura de guerra sucia camuflada en el aparato del Estado puede ser penalmente indiferente, pero no lo es pol¨ªticamente.

Por lo dem¨¢s, si de responsabilidades pol¨ªticas se trata, habr¨¢ que valorar el efecto real de las acciones de los GAL, as¨ª como lo que los diferentes partidos y otras personas con gran influencia en la opini¨®n p¨²blica pensaban de la guerra sucia cuando dicho grupo comenz¨® a actuar. Damborenea, incluido al final en la lista del PP, es el ¨²nico pol¨ªtico que sigue reivinidicando -lo ha reiterado este fin de semana- la inevitabilidad del recurso a la guerra sucia en las circunstancias de entonces. Muchas otras personas piensan, por el contrario, que los GAL han contribuido decisivamente a deslegitimar al Estado democr¨¢tico en la lucha contra los terroristas y, por ello, a prolongar la vida de ETA al menos en una generaci¨®n. Ser¨ªa interesante una valoraci¨®n conjunta de esa cuesti¨®n por los partidos de la comisi¨®n.

En cuanto a si los aforados deben, o no ser llamados a declarar, lo peor habr¨ªa sido involucrar al Supremo en la decisi¨®n mediante una consulta al juez M¨®ner, como lleg¨® a plantearse. Tendr¨¢ que ser la comisi¨®n la que asuma la responsabilidad de establecer los criterios que eviten cualquier interferencia. Algo dif¨ªcil si el juez se viera en la tesitura de tener que llamar a declarar a personas aforadas tras difundirse sus declaraciones ante una instancia parcial por definici¨®n y sin las garant¨ªas propias del proceso penal. Tales comparecencias s¨®lo tendr¨ªan sentido, por ello, si se producen con posterioridad a la eventual declaraci¨®n judicial, y no antes.