Disoluci¨®n anticipada

Una disoluci¨®n anticipada es siempre una mala noticia. Puede ser el mal menor y lo m¨¢s frecuente es que as¨ª sea. Los procesos electorales suelen ser batallas muy duras y a casi nadie le gusta entrar fr¨ªvolamente en una de ellas.Pero, por muy justificada que est¨¦, no deja de ser una mala noticia, pues supone constatar la incapacidad de los partidos pol¨ªticos para interpretar y ejecutar "en sus propios t¨¦rminos" la sentencia dictada en su d¨ªa por el cuerpo electoral.

La vida pol¨ªtica en un r¨¦gimen parlamentario democr¨¢tico se descompone en dos procesos de naturaleza pol¨ªtica constitucionalmente encuadrados de forma muy flexible:

1. Un proceso electoral, que es un proceso p¨²blico contradictorio, en el que los litigantes exponen sus argumentos ante un juez, el cuerpo electoral, que dicta una sentencia inapelable a trav¨¦s del ejercicio del derecho de sufragio.

2. Un proceso parlamentario, que tambi¨¦n es p¨²blico y contradictorio, en el que la mayor¨ªa y la minor¨ªa parlamentarias han de ejecutar la sentencia dictada en su d¨ªa por el cuerpo electoral, traduciendo el mandato de los electores en normas jur¨ªdicas, en presupuestos y en designaci¨®n y control del Gobierno, que debe asegurar la direcci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs.

Entre ambos existe una conexi¨®n. El primero es, obviamente, el fundamento del segundo, ya que ¨²nicamente a trav¨¦s de ¨¦l se puede hacer realidad "el principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica..., base de toda nuestra ordenaci¨®n jur¨ªdico-pol¨ªtica" en palabras del Tribunal Constitucional.

La disoluci¨®n anticipada, cuando lo es de verdad y no cuando se trata de un mero adelanto por la raz¨®n que sea (por ejemplo, la ¨²ltima de Catalu?a), pone de manifiesto la desvinculaci¨®n del proceso parlamentario respecto del proceso electoral que constituye su fundamento. La disoluci¨®n anticipada constata la incapacidad del Parlamento para traducir y ejecutar la sentencia dictada en su d¨ªa por el cuerpo electoral y supone, en consecuencia, un reproche de los elegidos a los electores por haber adoptado una decisi¨®n de imposible cumplimiento.

En la disoluci¨®n anticipada hay siempre un elemento de subversi¨®n de la naturaleza democr¨¢tica del sistema pol¨ªtico. Es una especie de censura de los representantes respecto de los representados, a los que se insta a que se pronuncien de nuevo "de forma adecuada". Se produce una inversi¨®n de la l¨®gica del sistema, ya que, en vez de ser los partidos pol¨ªticos los que se esfuerzan por traducir el mandato de los electores, son ¨¦stos los que deben acomodarse a la voluntad de dichos partidos.

Es verdad que tal inversi¨®n es temporal y que tiene que volver al mismo punto de partida, al cuerpo electoral, pero no por eso deja de serlo. De ah¨ª, que sea un indicador, el m¨¢s importante en el r¨¦gimen parlamentario, de que algo no es que no funcione bien, sino que empieza a funcionar francamente mal.

En un Estado pol¨ªticamente descentralizado el recurso a la disoluci¨®n anticipada resulta todav¨ªa m¨¢s preocupante. Si empieza a hacerse uso de la disoluci¨®n en las 17 comunidades aut¨®nomas, es m¨¢s que probable que la estructura del Estado de las Autonom¨ªas no pueda resistirlo.

Por eso lo que ha ocurrido en Andaluc¨ªa no deber¨ªa tomarse a la ligera. La composici¨®n del Parlamento de Andaluc¨ªa tras las elecciones del 12 de junio de 1994 no deber¨ªa haber conducido nunca a la disoluci¨®n anticipada. No es una composici¨®n "pol¨ªticamente imposible", sino todo lo contrario. Pero frente a la capacidad para llegar a acuerdos ¨²nicamente de desgobierno y no de gobierno (243 veces ha votado IU con el PP y s¨®lo 45 con el PSOE) es realmente muy poco lo que puede hacerse.