Agua
Seguramente el lector a¨²n recuerda la composici¨®n del agua: dos ¨¢tomos de hidr¨®geno y uno de ox¨ªgeno. Ambos son elementos comunes, ya que el primero participa en m¨¢s sustancias que ning¨²n otro, y el segundo, que representa el 89% de su peso, es el componente m¨¢s abundante de la Tierra. Con estos datos y la evidencia visual de que el agua caracteriza la Tierra desde el espacio cubriendo sus tres cuartas partes, un hipot¨¦tico viajero extraterrestre se sorprender¨ªa al descubrir que un l¨ªquido tan corriente sea considerado en nuestro planeta como causa potencial de futuras guerras.Lo cierto es que aun en un pa¨ªs seco como el nuestro el agua es relativamente abundante, como lo prueba el hecho de ser el pa¨ªs europeo con m¨¢s consumo por habitante o que en Espa?a s¨®lo se hable mucho de agua cuando no llueve; en esas circunstancias, es decir, cuando santa B¨¢rbara no truena, adquiere extraordinario protagonismo en las conversaciones, en los medios de comunicaci¨®n y en las prioridades de nuestros pol¨ªticos.
Si se analiza la labor m¨¢s significativa de nuestros legisladores, como la Ley de Aguas de 1985, lo realmente asombroso de que siga saliendo por nuestros grifos. En efecto, la receta m¨¢s segura para que falte un bien de primera necesidad es declararlo gratuito, como hace la citada ley, siguiendo un largo precedente. Imaginemos, por ejemplo, lo que pasar¨ªa si al Gobierno se le ocurriera declarar la gratuidad de la electricidad, la gasolina y los alimentos b¨¢sicos: su consumo y malversaci¨®n se incrementar¨ªan de tal modo que en cuesti¨®n de pocos meses las restricciones y las colas anticipar¨ªan el colapso de nuestra econom¨ªa.
Cabe objetar, con raz¨®n, que para los habitantes de las ciudades el recibo del agua ha subido mucho en los ¨²ltimos a?os, situ¨¢ndose hoy en tomo a las 100 pesetas por metro c¨²bico; en efecto, al permitir la ley cargar los gastos que ocasiona su distribuci¨®n y tratamiento, el agua de consumo dom¨¦stico es relativa mente cara. Pero, como es notorio, la mayor¨ªa del consumo no es urbano, ni siquiera industrial, sino agr¨ªcola: los regad¨ªos espa?oles representan m¨¢s del 80% del gasto total de agua de nuestro pa¨ªs. Para damos cuenta de lo que esto significa, basta considerar que equivale al consumo urbano de 250 millones de europeos, es decir, al conjunto de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. La explicaci¨®n es, evidenternente, que Espa?a riega 3,5 millones de hect¨¢reas al tener un clima ¨¢rido gran parte de su territorio. Pero tambi¨¦n, es cierto que, como el agua de riego para uso agr¨ªcola procedente de la red de embalses y canales del Estado soporta un recargo m¨ªnimo en concepto de distribuci¨®n y tratamiento, resulta pr¨¢cticamente gratuita.
Es claro, por tanto, que los agricultores espa?oles, excepto para cultivos especialmente rentables en zonas de baja precipitaci¨®n -como es el caso de nuestro sureste- o para la mejor utilizaci¨®n de aguas privadas, tienen pocas razones para invertir en t¨¦cnicas modernas de riego, cuyas versiones m¨¢s avanzadas, como el goteo subterr¨¢neo y su automatizaci¨®n en base a sensores electr¨®nicos, llegan a reducir el consumo m¨¢s de un 50% sobre el de un regad¨ªo tradicional. Por id¨¦ntica raz¨®n siguen perviviendo sistemas obsoletos de distrebuci¨®n y, aun existiendo sobrexplotaci¨®n en determinados acu¨ªferos, la mayor¨ªa siguen infrautilizados o inexplotados.
Como ocurre siempre que situamos un bien fuera del mercado, se producen en este caso toda suerte de distorsiones y desprop¨®sitos: hoy se riegan, por ejemplo, centenares de miles de hect¨¢reas de ma¨ªz, cuyo cultivo en regad¨ªo consume en tomo a 40 litros de agua por peseta obtenida, y a¨²n est¨¢ prohibido el de la vi?a, que, precisa la d¨¦cima parte. Cuando, tras haber situado nuestra viticultura en una situaci¨®n de inferioridad frente a nuestros competidores, se propone eliminar tal prohibici¨®n, se escuchan voces que quieren aplicarla a los campos de golf, unas infraestructuras vitales para el turismo de calidad, que genera, al menos, 40 veces m¨¢s ingresos (y empleo) por metro c¨²bico que el ma¨ªz y que representan actualmente menos del uno por mil del consumo de agua de riego, o sea, lo que una maceta de geranios respecto del gasto de agua en una vivienda unifamiliar con piscina y jard¨ªn. Mientras regamos enormes superficies de cultivos industriales que no precisan riego en la mayor parte del mundo y que tienen costes de adquisici¨®n y transporte decrecientes, dejamos morir de sed nuestros olivares, un patrimonio insustituible para el que se necesita un clina mediterr¨¢neo seco que s¨®lo posee menos del 1% del planeta.
Para valorar lo que significar¨ªa la utilizaci¨®n a gran escala de la tecnolog¨ªa actual de riego, basta considerar que su aplicaci¨®n a la mitad menos eficiente de los regad¨ªos espa?oles, una inversi¨®n que podr¨ªa cifrarse en torno al bill¨®n de pesetas -es decir, lo mismo que ha costado este a?o la sequ¨ªa-, resultan en una reducci¨®n del 15% del consumo de agua de riego, equivalente al gasto dom¨¦stico d¨¦ todos los espa?oles. Teniendo en cuenta que nuestra poblaci¨®n no crece, el gigantesco volumen ahorrado (unos 4.500 hect¨®metros c¨²bicos anuales) podr¨ªa repartirse al 50% entre unas reservas estrat¨¦gicas, fines ecol¨®gicos (cauces fluviales, zonas h¨²medas, etc¨¦tera), el riego de, por ejemplo, un mill¨®n de hect¨¢reas de vi?edo y olivar y todos los campos de golf que sea rentable construir respetando criterios de desarrollo sostenible. Todo ello contribuir¨ªa a reforzar nuestro liderazgo en la producci¨®n de dos ingredientes esenciales de la dieta mediterr¨¢nea (que ser¨¢ probablemente el modelo de alimentaci¨®n del siglo XXI), en la preservaci¨®n de la naturaleza y en el sector tur¨ªstico.
La primera condici¨®n para que todo ello ocurra es que el Estado establezca una red hidr¨¢ulica que conecte entre s¨ª los sistemas existentes de almacenamiento y distribuci¨®n de agua, similar a la red el¨¦ctrica que une las centrales generadoras de energ¨ªa. La segunda es crear un mercado nacional secundario de agua (los que existen actualmente son locales y fragmentarios) para que a los titulares de las concesiones actuales les resulte rentable ahorrar agua y transfer¨ªrsela a otro; por ejemplo, un cultivador de ma¨ªz ganar¨ªa m¨¢s dinero vendiendo los 8.000 metros c¨²bicos que gasta cada hect¨¢rea en el mercado que cultiv¨¢ndolo, si el precio del agua alcanzara en origen tan s¨®lo el 5% de su coste en las ciudades. Los Gobiernos regionales o las comunidades de regantes podr¨ªan invertir en sistemas de riego y fomentar cultivos de bajo consumo, financi¨¢ndose con la venta del volumen ahorrado a colectivos deficitarios.
Cumplidas estas dos condiciones, deber¨ªa estimularse la creaci¨®n de empresas privadas de intermediaci¨®n y transporte, cuyo negocio consistir¨ªa en hacer Regar el agua a quienes est¨¦n dispuestos a pagar su precio: los trasvases dentro de una regi¨®n o interregionales dejar¨ªan de ser conflictivos, convirti¨¦ndose en transacciones beneficiosas para las partes, como lo son los de energ¨ªa el¨¦ctrica, y generar¨ªan importantes impuestos a favor del listado que permitir¨ªan amortizar las inversiones en la red hidr¨¢ulica. El precio del agua aumentar¨ªa en las ¨¦pocas de menor oferta -es decir, de sequ¨ªa-, favoreciendo autom¨¢ticamente su ahorro y la puesta en marcha de fuentes alternativas como las perforaciones profundas o las desaladoras, cuyos costes son ya viables para usos urbanos en zonas costeras. En definitiva, un sistema de mercado, favorecido por infraestructuras adecuadas, conducir¨ªa a la asignaci¨®n m¨¢s racional de nuestros recursos hidr¨¢ulicos y resolver¨ªa los problemas que el sistema actual, consistente en aumentar la oferta de agua gratuita a costa del erario p¨²blico, no solventar¨¢ jam¨¢s.
Desgraciadamente, algunos creen a¨²n, contra toda evidencia, que, trat¨¢ndose de un bien de primera necesidad, es mejor transferir al Estado la soluci¨®n de todos los problemas relativos al agua. El Plan Hidrol¨®gico o el reciente de Regad¨ªos se enmarcan en esta visi¨®n estatista, que plantea inversiones billonarias sin definir un retorno adecuado que permita su financiaci¨®n en los mercados de capitales. Se espera casi todo de las subvenciones de Bruselas, que, si llegan, deber¨ªan s¨®lo servir para temas puntuales (desaladoras) o para mejorar la rentabilidad de tales planes. Sin embargo, lo razonable es que inversiones tan importantes, si responden adecuadamente a la demanda de un bien esencial, sean viables per se. Por su parte, la sociedad espa?ola es hoy suficientemente, madura para comprender que el asunto del agua, entre otros, es demasiado serio para dejarlo s¨®lo en manos del Estado.
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