Los agujeros negros de la Constituci¨®n

Como sucedi¨® en a?os anteriores, la coincidencia dentro de la misma semana (esta vez un mi¨¦rcoles y un viernes) del aniversario c¨ªvico de la Constituci¨®n y del recordatorio religioso de la Inmaculada Concepci¨®n han semiparalizado la actividad productiva del pa¨ªs. Ese despilfarrador doblete festivo tendr¨ªa f¨¢cil arreglo: bastar¨ªa con que alguna de las dos fechas fuese jornada laborable. Y dado que la competencia dentro del calendario se libra entre una conmemoraci¨®n que afecta a todos los ciudadanos (sean cuales sean sus creencias religiosas) y otra celebraci¨®n que s¨®lo posee significado para una parte de la sociedad (los cat¨®licos), la elecci¨®n es clara: la libertad ideol¨®gica otorga preferencia a la Constituci¨®n frente a la Inmaculada para ocupar la plaza de d¨ªa festivo en caso de conflicto.Pero ese arreglo ser¨¢ dif¨ªcil mientras la Conferencia Episcopal siga considerando un casus belli que el Gobierno retire la condici¨®n de jornada feriada a la conmemoraci¨®n de la proclamaci¨®n hecha en 1854 por el Papa P¨ªo IX del dogma de la Inmaculada. Ciertamente la Constituci¨®n ordena que los poderes p¨²blicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola y mantengan las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia Cat¨®lica (y con las dem¨¢s confesiones); previamente, sin embargo, la norma fundamental deja en claro que "ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal". La obcecada resistencia de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica a ceder un palmo de terreno en su pugna con el Gobierno para controlar el calendario laboral ofrecer¨ªa como ¨²nica alternativa al macropuente de diciembre la inaceptable renuncia del Estado a conmemorar de manera oficial la Constituci¨®n de 1978.

Por lo dem¨¢s, el agotador jubileo organizado en torno al 20 aniversario del arranque de la transici¨®n ha dejado en un modesto segundo plano al 17 cumplea?os del refer¨¦ndum constitucional. La celebraci¨®n deber¨ªa servir al menos para recordar que la Constituci¨®n ha resistido con ¨¦xito el paso del tiempo y ha soportado pruebas tan importantes como el golpe de estado frustrado del 23-F y la construcci¨®n del Estado de las Autonom¨ªas. La necesidad de amoldar el r¨¦gimen electoral espa?ol a la Uni¨®n Europea nacida del Tratado de Maastricht, que permite a los ciudadanos europeos ser candidatos en los comicios municipales de cualquier pa¨ªs miembro, brind¨® hace dos a?os la oportunidad de ensayar con ¨¦xito la puesta en marcha de los mecanismos de reforma parlamentaria de la Constituci¨®n previstos por su propio articulado.

Pero estos aniversarios tambi¨¦n dan ocasi¨®n para que alcen la voz los partidarios de acometer, no microreformas parciales de la Constituci¨®n, sino una macroreforma dirigida a librarla de los grilletes que la transici¨®n dej¨® supuestamente como herencia. El magistrado Joaqu¨ªn Navarro refleja en un reciente libro esa actitud revisionista, inseparable de las apocal¨ªpticas condenas regeneracionistas de la democracia realmente existente. Tras algunos corteses sombrerazos y elogiosas reverencias a la Constituci¨®n, este juez trabucaire descubre agujeros negros en su articulado (entre otros, la ausencia del derecho a la autodeterminaci¨®n) y exige una reforma sustancial de sus contenidos: "Ni los cambios de gobierno ni de leyes" mejorar¨¢n esencialmente la suerte de nuestra democracia, es preciso "cambiar de vida y de costumbres" y encaminarse hacia "un cambio profundo de nuestra Constituci¨®n para hacer reales y efectivos la separaci¨®n de poderes y el control de poder". Sucede, sin embargo, que los exorcismos de los demagogos y los conjuros de los arbitristas resultan insuficientes para esa macroreforma de la Constituci¨®n. La tarea exigir¨ªa el respaldo de mayor¨ªas parlamentarias cualificadas y la posterior aprobaci¨®n refrendataria del cuerpo electoral.