Pacto auton¨®mico

La transformaci¨®n del tradicional Estado unitario espa?ol en el Estado de las Autonom¨ªas ha sido, posiblemente, la aportaci¨®n m¨¢s decisiva de la transici¨®n a la convivencia pac¨ªfica de los espa?oles. Da v¨¦rtigo pensar lo que hubiera podido ocurrir en Espa?a tras el estallido nacionalista en los paises b¨¢lticos, en la antigua Yugoslavia en la antigua Checoslovaquia, tras las iniciativas de la Liga Norte en Italia, los problemas constitucionales de B¨¦lgica o el refer¨¦ndum de Quebec... sin una descentralizaci¨®n pol¨ªtica consolidada ya a trav¨¦s de varios procesos electorales. As¨ª es entendido por una mayoria clara de los espa?oles, como el bar¨®metro ¨²ltimo de Demoscopia_publicado hace unas semanas por EL PA?S ha venido a confirmar. Dicha transformaci¨®n fue posible no s¨®lo como consecuencia del pacto constituyente que se expreso en el art¨ªculo 2 y en el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, sino como consecuencia tambi¨¦n de los pactos auton¨®micos posteriores, que permitieron la aprobaci¨®n de los Estatuto vasco y catal¨¢n, la soluci¨®n del contencioso andaluz tras el refer¨¦ndum del 28 de febrero de 1980, la definici¨®n del mapa auton¨®mico, que no figuraba en la Constituci¨®n y la delimitaci¨®n relativamente precisa de la posici¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas como unidades de descentralizaci¨®n pol¨ªtica del Estado, su estructura organizativa y su nivel competencial.

Los pactos de 1981 entre la UCD y el PSOE y los de 1992 entre el PSOE y el PP deben ser expresamente mencionados. Gracias a dichos pactos se consigui¨® no s¨®lo concretar la estructura del Estado, posibilitada pero no definida en la Constituci¨®n, sino adem¨¢s hacerla funcionar. No s¨®lo la anatom¨ªa sino tambi¨¦n la fisiolog¨ªa del Estado de las Autonom¨ªas ha estado dominada por pactos permanentes complementarios del pacto constituyente. Tengo la impresi¨®n de que estamos en un momento en el que es necesario que se llegue a un nuevo acuerdo o pacto auton¨®mico, a fin de evitar que se acaben generalizando conductas que, por el momento, s¨®lo se han puesto en pr¨¢ctica en Andaluc¨ªa, pero que, de generalizarse, har¨ªan inviable el funcionamiento del Estado de las Autonom¨ªas.

Es verdad que la experiencia andaluza no se ha extendido en los mismos t¨¦rminos a otras Comunidades Aut¨®nomas. Pero no lo es menos que empieza a hacerlo. Dejando fuera el caso de Catalu?a, ah¨ª est¨¢n los de Extremadura y Asturias, en donde es bastante probable que no se puedan aprobar los Presupuestos de la Comunidad Aut¨®noma y se acabe reproduciendo el bloqueo a la gobernabilidad que se ha producido en Andaluc¨ªa desde el 12 de Junio de 1994. El ejemplo, con el a?adido inevitable de la disoluci¨®n anticipada, puede ser contagioso.

El Estado de las Autonom¨ªas no, puede funcionar es tablemente ni con mayor¨ªas presupuestarias antigubernamentales ni con disoluciones anticipadas como respuesta a las mismas. Un conflicto presupuestario m¨²ltiple y de periodicidad anual y el recurso permanente al arbitraje del cuerpo electoral es funcionalmente insoportable. Alg¨²n tipo de acuerdo hay que, alcanzar para que la mayor¨ªa parlamentaria pueda expresarse en acci¨®n de gobierno y se evite el recurso a las elecciones anticipadas.

El Estado no puede convivir con diecisiete Comunidades Aut¨®nomas sin un m¨ªnimo de lealtad pol¨ªtica en el respeto a las reglas del juego. El patio no est¨¢ para pactos; pero as¨ª no se puede seguir.