Objeci¨®n al aborto

LA OBJECI?N indiscriminada de muchos m¨¦dicos al aborto es un obst¨¢culo que lastra desde sus inicios la viabilidad pr¨¢ctica de la legislaci¨®n sobre la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Exista o no en el futuro una norma m¨¢s liberalizadora que la actual, ning¨²n Gobierno, sea del signo que sea, podr¨¢ aplazar indefinidamente la regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos ante el aborto legal. El Partido Popular (PP) y Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) han cerrado el paso en el Parlamento al proyecto de ampliaci¨®n del aborto de los socialistas, pero esa cuesti¨®n queda pendiente de resolver en la pr¨®xima legislatura.Es evidente que una regulaci¨®n en serio de la objeci¨®n de conciencia m¨¦dica debe contemplar supuestos m¨¢s comunes que el riesgo vital para la gestante, como se limita a establecer el art¨ªculo quinto del proyecto del Gobierno recientemente bloqueado por el PP y CiU en el Parlamento. No prestar asistencia en ese supuesto se llama denegaci¨®n de auxilio y constituye una conducta delictiva tipificada en el C¨®digo Penal. Lo que se trata de evitar es que el derecho a la objeci¨®n de conciencia sea utilizado por los m¨¦dicos con fines de boicoteo de la ley. Y eso es lo que viene sucediendo en gran medida desde la entrada en vigor, hace 10 a?os, de la actual legislaci¨®n despenalizadora del aborto. El caso de Andaluc¨ªa muestra en toda su crudeza los efectos de ese recurso no reglamentado a la objeci¨®n de conciencia por parte de los m¨¦dicos del sistema sanitario p¨²blico.

En la comunidad aut¨®noma andaluza se practicaron en 1994 un total de 2.334 abortos legales. Ninguno de ellos pudo realizarse en los hospitales de la Seguridad Social, porque, al parecer, no existe ni un solo especialista m¨¦dico que trabaje para la Administraci¨®n andaluza que no se haya acogido a la cl¨¢usula de conciencia.

Seg¨²n el consejero de Salud, no pasa nada, porque su departamento ha firmado acuerdos con cinco cl¨ªnicas privadas (situadas en M¨¢laga, C¨®rdoba y Granada) a las que se desviaron todos los casos. Es decir, el Servicio Andaluz de la Salud ha renunciado, simple y llanamente, a que se realicen abortos en los hospitales que controla, dirige y gestiona, y se limita a asegurar el derecho de las andaluzas por v¨ªas indirectas, aceptando incluso un mayor coste econ¨®mico.

Todo antes que regular el derecho a la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos o de establecer medidas que impidan la clara presi¨®n corporativista que est¨¢n ejerciendo los facultativos antiabortistas sobre compa?eros menos ideologizados. Quiz¨¢s sea el momento de preguntarse, como han hecho algunos juristas, por qu¨¦ la objeci¨®n de conciencia se regula tan rigurosamente en el caso de los j¨®venes que no quieren hacer el servicio militar y se deja completamente al arbitrio de los propios interesados cuando es un m¨¦dico quien no quiere realizar determinadas prestaciones sanitarias previstas tambi¨¦n en la ley. La respuesta tendr¨¢n que darla cuanto antes el Gobierno, sea cu¨¢l sea, y el resto de las fuerzas pol¨ªticas.