La reforma de los estatutos forzar¨¢ a PSOE y PP a firmar otro pacto auton¨®mico

El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del 3 de marzo va a heredar un complicado problema en numerosas comunidades. La multiplicaci¨®n de las iniciativas de reforma de los estatutos de autonom¨ªa, promovidas de forma unilateral por seis Parlamentos regionales a lo largo de 1995, est¨¢ dejando desfasados los pactos de 1992, suscritos por el PSOE y el PP, y va a obligar a sus protagonistas a renovarlos no mucho despu¨¦s de los comicios si no quieren que el panorama auton¨®mico se deteriore.
Los Parlamentos de Baleares, Arag¨®n y Canarias (con Gobiernos del PP, en el primer caso; de una coalici¨®n PP-Par, en el segundo, y de los nacionalistas, con apoyo del PP, en el tercero) aprobaron durante el segundo semestre de 1995 las reformas de sus estatutos para dotarse de nuevas competencias que desbordan los pactos de 1992Arag¨®n, por ejemplo, prev¨¦ en su reforma la competencia del Concierto Econ¨®mico. Su aprobaci¨®n definitiva dejar¨ªa a esta comunidad fuera del modelo com¨²n de financiaci¨®n auton¨®mica y la equiparar¨ªa al Pa¨ªs Vasco y Navarra, que disponen de aqu¨¦lla en exclusiva por sus singularidades hist¨®ricas (?lava y Navarra mantuvieron esa peculiaridad foral incluso en la dictadura).
Los distintos Gobiernos centrales (tanto los de UCD como los del PSOE) se han opuesto a la generalizaci¨®n del modelo de Concierto Econ¨®mico porque romper¨ªa la unidad de financiaci¨®n del Estado. Para Canarias la aprobaci¨®n de su reforma supondr¨ªa la competencia sobre las aguas territoriales.
Las reformas de los estatutos de Arag¨®n y Canarias -no as¨ª la de Baleares- fueron tomadas en consideraci¨®n por el Congreso de los Diputados el pasado 21 de noviembre con el apoyo de todos los partidos, entre ellos los dos que suscribieron los pactos auton¨®micos de 1992, el PSOE y el PP. En la pr¨®xima legislatura, tras las elecciones de marzo, la nueva C¨¢mara tendr¨¢ que definirse ante este reto.
Pero el fen¨®meno se ha extendido, hasta el momento, a tres comunidades m¨¢s. Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha han decidido recientemente tramitar de forma unilateral la reforma de sus estatutos.
En estos casos, la pretensi¨®n es m¨¢s modesta: que el periodo de sesiones sea normal, con lo que los parlamentarios dispondr¨ªan de un salario y no se limitar¨ªan a cobrar dietas como hasta ahora, y que sus Gobiernos tengan capacidad para disolver el Parlamento. No obstante, Castilla-La Mancha ha introducido la novedad de solicitar la circunscripci¨®n regional y no provincial en la celebraci¨®n de las elecciones auton¨®micas.
El secretario de Estado para la Administraci¨®n Territorial, Francisco Pe?a, apunta el riesgo de que el Estado de las Autonom¨ªas se convierta en un Estado a la carta si los partidos no toman medidas ante esta avalancha de peticiones de reforma unilateral. Pe?a no ve otra salida que la suscripci¨®n de un nuevo pacto entre los principales partidos para establecer un dise?o acordado a escala nacional.
Las causas de este incremento de iniciativas unilaterales de las comunidades tienen que ver con la inestabilidad pol¨ªtica por el enfrentamiento total de los dos partidos principales y con que los pactos auton¨®micos de 1992 est¨¢n a punto de cumplir, todos sus objetivos.
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