Ayuda decimal

EL GOBIERNO se comprometi¨® a destinar en 1995 una cifra del Presupuesto equivalente al 0,35% del PIB para contribuir al desarrollo de los pa¨ªses pobres. La propia Administraci¨®n admite que el montante final de ese cap¨ªtulo puede haber quedado por debajo de la citada promesa. El Gobierno ha dicho en m¨¢s de una ocasi¨®n que para el a?o 2000 se alcanzar¨ªa la cifra del 0,7%, largamente reivindicada por una plataforma c¨ªvica que ha conseguido una notable movilizaci¨®n ciudadana en apoyo de este objetivo.La riqueza, incluso si es relativa, como en el caso de Espa?a, no hace culpables a los pueblos, pero s¨ª les obliga a una actitud solidaria. Este sentimiento existe entre nosotros, y as¨ª lo han demostrado las recaudaciones r¨¦cord para Ruanda o el apreciable aumento de aportaciones econ¨®micas a las organizaciones no gobernamentales (ONG) m¨¢s fiables y mejor organizadas contra la pobreza y sus secuelas. En estos ¨²ltimos casos, el compromiso ciudadano va acompa?ado de un esfuerzo econ¨®mico personal. Lo que distingue la reclamaci¨®n del 0,7% es que se plantea como una exigencia al Tesoro P¨²blico, sin que lleve aparejada la suposici¨®n de un esfuerzo personal paralelo.

Hay una ignorancia difusa sobre el coste presupuestario de esta reivindicaci¨®n. En un momento en que se exige perentoriamente un mayor control del d¨¦ficit p¨²blico, destinar medio bill¨®n de pesetas a ayudas al Tercer Mundo supone necesariamente recortar otros gastos o aumentar los impuestos. Por ello, el debate sobre el 0,7% debe ir acompa?ado de la: propuesta de los cap¨ªtulos de los que habr¨ªa que restar las cantidades precisas. Las encuestas. reflejan que 'los espa?oles consideran que pagan demasiados impuestos, pero a la vez tienden a cargar sobre el Est¨¢do la responsabilidad de resolver cualquier nueva necesidad. El apremio a la Administraci¨®n para una actitud m¨¢s solidaria respecto a los pa¨ªses pobres podr¨ªa hacerse con mucha m¨¢s autoridad si en la declaraci¨®n de la renta hubiera la posibilidad de que el ciudadano incremente voluntariamente su contribuci¨®n fiscal mediante un porcentaje destinado a esta finalidad. Una d¨¢diva finalista que el Estado no podr¨ªa dedicar a ning¨²n otro fin.

Es l¨®gico que en v¨ªsperas de elecciones los promotores de la plataforma del 0,7% busquen el compromiso de los partidos. Si ¨¦stos lo eceptan, debe ser en firme: no como un gancho m¨¢s, sino sabiendo que deber¨¢n respetarlo si ganan las elecciones y reclamarlo desde la oposici¨®n si las pierden.

Algunas voces exigen que el dinero destinado a esos fines sea gestionado exclusivamente por organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, experiencias como las de Etiop¨ªa o Somalia, entre otras, demuestran que ello no es garant¨ªa. de una gesti¨®n m¨¢s transparente o menos ineficaz. Es obvio que debe extremarse el control, pero eso no significa que las administraciones, la central y las aut¨®nomas, no puedan ser agentes autorizados para gestionar una parte de esta ayuda.

Una ayuda, por lo dem¨¢s, que no, debe limitarse a paliar los desastres una vez acontecidos, sino aspirar a corregir las situaciones que los provocan. De hecho, las organizaciones humanitarias m¨¢s solventes se orientan cada vez m¨¢s decididamente, a programas preventivos como la construcci¨®n de presas en zonas de lluvias irregulares, racionalizaci¨®n de los cultivos, vacunaci¨®n de la poblaci¨®n, planes de escolarizaci¨®n, etc¨¦tera, y no s¨®lo a la beneficencia de emergencia cuando la sequ¨ªa, la hambruma o las epidemias, han hecho su aparici¨®n.