El 0'7% y el pacto de solidaridad

Espa?a se ha incorporado m¨¢s tarde, pero con m¨¢s fuerza, a la ayuda internacional. Ahora es preciso, sostiene la autora del art¨ªculo,gestionar con responsabilidad y establecer prioridades.

Probablemente porque los espa?oles hemos resuelto con un nivel de satisfacci¨®n aceptable la mayor¨ªa de nuestros grandes problemas hist¨®ricos, que se ven¨ªan prorrogando durante casi dos siglos, y porque con la democracia hemos afirmado una serie de valores ¨¦ticos y morales, es claro y notorio que en nuestra sociedad se exterioriza una creciente y viable preocupaci¨®n por la solidaridad internacional, por la cooperaci¨®n para el desarrollo y por la suerte que corren millones de seres humanos que han de desenvolverse en condicionES mucho m¨¢s dif¨ªciles y precarias que las nuestras en ¨¦pocas anteriores.Esta respuesta extraordinaria de la sociedad espa?ola ante los problemas de la solidaridad internacional irrumpe fuertemente en la d¨¦cada de los noventa y principalmente en los ¨²ltimos a?os, produci¨¦ndose una transformaci¨®n importante tanto en la percepci¨®n que de esta materia exist¨ªa en el seno de la sociedad como en el grado de. compromiso social y pol¨ªtico alcanzado en los ¨²ltimos meses.

Como reflejo de la importancia que este proceso est¨¢ adquiriendo o ha adquirido, los medios de informaci¨®n, tanto nacionales como internacionales, se hacen eco del papel de vanguardia que Espa?a asumiendo, en un momento en el que otros pa¨ªses donantes tienden a recortar los fondos p¨²blicos destinados a la ayuda al desarrollo.

Una buena parte de este innegable avance en el grado de concienciaci¨®n responde, sin jugar a dudas, al amplio consenso social y pol¨ªtico logrado en la sociedad espa?ola.

Gracias a la iniciativa de las organizaciones ciudadanas m¨¢s comprometidas con ¨¦ste tema, de instituciones p¨²blicas y privadas, de fundaciones, de las administraciones central, aut¨®nomicas y locales, as¨ª como de los ¨®rganos soberanos de representaci¨®n popular -Congreso de los Diputados y Senado-, la cooperaci¨®n para el desarrollo ha calado progresivamente en el tejido social, y hoy se constituye en un elemento de cohesi¨®n social y un activo de primera magnitud en nuestro pa¨ªs.

Aunque Espa?a se incorpor¨® con cierto retraso a la comunidad internacional de donantes, sin embargo lo ha ido haciendo, con gran firmeza, hasta tal punto de que la ayuda al desarrollo ha experimentado un incremento espectacular en los ¨²ltimos a?os. Para ilustrar lo anterior, valga decir que en 1983 Espa?a destin¨® a ayuda oficial al desarrollo (AOD) el equivalente al 0,05% del producto nacional bruto (PNB). Desde entonces se ha producido un incremento en t¨¦rminos absolutos, hasta alcanzar en 1995 el 0,35/o del PNB.

Esta cifra coloca a Espa?a en la actualidad, dado que el resto de pa¨ªses del Comit¨¦ de Ayuda al Desarrollo (CAD) tienden a recortar o mantener su gasto en ayuda al desarrollo, en el und¨¦cimo lugar entre los pa¨ªses donantes, sobrepasando en menos de una d¨¦cada a algunos de ellos que como Austria, Estados Unidos, Italia, Jap¨®n o el Reino Unido tradicionalmente han desempe?ado un importante papel como donantes.

De todo lo anterior se deduce que Espa?a ha dado un salto cuantitativo importante, que al mismo tiempo ha ido acompa?ado de una creciente presencia de nuestro pa¨ªs en los organismos del sistema de Naciones Unidas. Reflejo de esta mayor presencia es, por una parte, el significativo aumento del n¨²mero de expertos y profesionales espa?oles en sus principales agencias y organismos de cooperacion y, por otra, la destacada particiapaci¨®n espa?ola en las ¨²ltimas cumbres mundiales organizadas por Naciones-Unidas. Todo ello nos obliga y compromete a todos, pero fundamentalmente a las entidades que gestionamos fondos p¨²blicos con destino a la ayuda al desarrollo, a redoblar nuestros esfuerzos a favor de la eficacia y transparencia de nuestras actuaciones.

As¨ª, el incremento cuantitativo de las partidas de AOD tiene que ir necesariamente acompa?ado de una mayor calidad de nuestra cooperacion, del establecimiento de una estrategia de desarrollo y unas l¨ªneas de acci¨®n tanto bilaterales como en el ¨¢mbito de los foros multilaterales en los que participamos, que, necesariamente, tienen que responder y responden a los planteamientos y las plataformas de acci¨®n acordados en las cumbres mundiales.Todo ello supone priorizar una serie de aspectos estrechamente interrelacionados, entre los que destacan el concepto de desarrollo humano; el ser humano como objeto y sujeto de toda estrategia de desarrollo, y la igualdad de oportunidades, garantizando y potenciando el papel esencial que la mujer desempe?a como agente de desarrollo; el desarrollo de programas que incidan en la mejora de los niveles de productividad, as¨ª como en la creaci¨®n de empleo, concibi¨¦ndose todo desde una participaci¨®n y capacidad de acci¨®n de los propios beneficiarios.

Por todo lo dicho y a medida que Espa?a ocupa un lugar m¨¢s destacado en el concierto mundial en las pol¨ªticas de desarrollo, tanto por su presencia real como por los recursos materiales y humanos destinados a la ayuda oficial al desarrollo, hay que plantearse cada vez- con mayor ¨¦nfasis dos cuestiones. Primera: la necesidad de generar un amplio consenso pol¨ªtico y social sobre las acciones de cooperaci¨®n a realizar. Segunda: la conveniencia de lograr una mayor eficacia en la asignaci¨®n de recursos tanto humanos como materiales destinados a este fin.

El consenso entre instituciones y organizaciones p¨²blicas y privadas ha sido una preocupaci¨®n constante de la acci¨®n de gobierno. La creaci¨®n del Consejo de Cooperaci¨®n y la elaboraci¨®n del anteproyecto de ley de cooperaci¨®n van en esta direcci¨®n.

La b¨²squeda constante de la eficacia en la acci¨®n de cooperacion no s¨®lo constituye un imperativo dictado por la l¨®gica, el sentido com¨²n y los principios que deben inspirar una acci¨®n de gobierno, sino fundamentalmente por un deber de ¨¦tica social y de solidaridad, en un pa¨ªs como el nuestro, con problemas de d¨¦ficit p¨²blico y con una importante tasa de desempleo. Por otra parte, los problemas de pobreza y supervivencia que actualmente enfrentan numerosos pa¨ªses del Sur hace que la asignaci¨®n correcta de recursos humanos y materiales sea un deber ineludible que a todos -pol¨ªticos-as y ciudadanos-as- nos incumbe directamente.

En este orden de cosas, una buena acci¨®n de cooperaci¨®n debe tener como objetivos tanto la participaci¨®n como la corresponsabilidad. El primero de ellos consist¨ªa en tener en cuenta no s¨®lo la voluntad pol¨ªtica de la ciudadan¨ªa del pa¨ªs donante, sino tambi¨¦n y sobre todo la realidad del pa¨ªs receptor, sus gentes, su dise?o pol¨ªtico, su aptitud para canalizar y administrar los recursos en las ¨¢reas por ellos determinados, etc¨¦tera.En cuanto al principio de corresponsabilidad, consiste en extender en el origen la responsabilidad de la acci¨®n cooperadora a todos sus agentes sociedad civil, instituciones p¨²blicas, organizaciones no gubernamentales- y de hacer lo mismo con el destino de las ayudas. Como se ha se?alado anteriormente, los receptores no deben ser simplemente beneficiarios, sino, fundamentalmente, protagonistas del proceso de desarrollo.

Consenso y corresponsabilidad son, pues, los elementos que democratizan la cooperaci¨®n, que hacen de la solidaridad un verdadero factor de desarrollo integral y sostenible y que le dotan de operatividad y eficacia. Marqu¨¦monos el objetivo pol¨ªtico y social del incremento de porcentajes destinados a AOD, pero igualmente velemos y apostemos por la garant¨ªa de la racionalidad y eficacia del destino de estos recursos.