El Supremo suspende un juicio contra un ex senador del PP

La Sala Segunda del Tribunal Supremo accedi¨® ayer a suspender el juicio contra el ex senador del PP por Pontevedra, Jos¨¦ Castro Alvarez, debido a que ¨¦ste perdi¨® su condici¨®n de aforado un d¨ªa antes de sentarse en el banquillo al haberse disuelto las Cortes el pasado d¨ªa 9. Siguiendo el criterio tradicional, el Supremo orden¨® remitir la Causa al juzgado de origen, el de instrucci¨®n de Ponteareas (Pontevedra). Si pese a estar inculpado en un delito de insulto a la autoridad, Castro ?lvarez repite en las listas del PP en las pr¨®ximas elecciones y vuelve a salir elegido senador el 3 de marzo, el juzgado de Ponteareas deber¨¢ devolver la causa al Tribunal Supremo.El ex senador del P-P lleg¨® a sentarse en el banquillo como inculpado en un delito de insulto a la autoridad, por el que el ministerio fiscal pide para ¨¦l tres meses de arresto. Los hechos ocurrieron en octubre de 1989, cuando Jos¨¦ Castro, como alcalde de Ponteareas, particip¨® con otro vecinos en unos incidentes con varios operarios de telecomunicaciones cuando ¨¦stos desmontaban, por orden del gobernador civil, las instalaciones ilegales de televisi¨®n por cable de la localidad.

El abogado del ex senador, Juan Ram¨®n Montero, -representate legal del PP en el caso Filesa- pidi¨® el aplazamiento de la causa por haber perdido su cliente la condici¨®n de senador. Tambi¨¦n adujo que el delito de insulto a la autoridad desaparecer¨¢ en el nuevo C¨®digo Penal que entra en vigor en mayo, por lo que un aplazamiento evitar¨ªa al tribunal tener que juzgar la causa. El fiscal se opuso a la suspensi¨®n.

"Privilegio procesal"

Tras retirarse a deliberar, el tribunal, presidido por el magistrado Jos¨¦ Augusto de Vega e integrado por los magistrados Eduardo M¨®ner y Enrique Bacigalupo dict¨® una resoluci¨®n en la que significa la vigencia del "privilegio procesal" establecido para el per¨ªodo de mandato diputados y senadores en el articulo 71.2 de la Constituci¨®n. Por tanto, a?ade la resoluci¨®n, "debe primar tal disposici¨®n constitucional sobre la legalidad ordinaria que surge del art¨ªculo 1 de la ley de 9 de febrero de 1912, tal como ya se indic¨® anteriormente en autos del Tribunal Supremo de 1993".Los autos a que se refer¨ªa la Sala son los relativos al entonces senador de Herri Batasuna I?igo Iruin y a la diputada del PSOE Elvira Castilla del Pino. "En tales supuestos", a?ade la resoluci¨®n "el Tribunal Supremo dispuso la remisi¨®n de las actuaciones correspondientes al tribunal originariamente competente".

La decisi¨®n del Supremo afecta, por extensi¨®n, a todas las causas especiales contra diputados y senadores, que deber¨¢n ser remitidas a sus tribunales de origen al haber perdido ¨¦stos su condici¨®n de aforados, salvo el caso GAL, que afecta al ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo y no ser¨¢ remitida al juzgado de Baltasar Garz¨®n, sino que ser¨¢ el Supremo quien prosiga la investigaci¨®n debido a que Barrionuevo contin¨²a siendo aforado como miembro de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso.