La inversi¨®n p¨²blica es imprescindible
Los ingresos p¨²blicos en 1994 [¨²ltimo ejercicio del que se dispone d¨¢tos desagregados y detallados de la actividad pyesupuestaria] por impuestos y cotizaciones sociales no han sido suficientes para cubrir los gastos corrientes (y transferencias, directas); se cre¨® una situaci¨®n de desahorro p¨²blico que lleg¨® a representar un 3% de la renta nacional. Esta situaci¨®n de desahorro p¨²blico es social y econ¨®micamente inaceptable: las administraciones p¨²blicas est¨¢n utilizando ahorro privado para financiar consumos p¨²blicos; est¨¢n, destruyendo la austeridad que inspira al ahorro y reduciendo las posibilidades de crecimiento y de empleo. Una situaci¨®n de desahorro p¨²blico obliga a las generaciones futuras a pagar una deuda que financia un consumo de la generaci¨®n presente. Es dif¨ªcil pensar que ning¨²n Gobierno est¨¦ autorizado para decisiones de esta envergadura; como m¨ªnimo, necesitar¨ªa el apoyo ciudadano de un refer¨¦ndum.Restablecer el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos corrientes es una necesidad insoslayable, y no existe hoy otra tarea m¨¢s importante para la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno. Cualquier intento de justificar esta situaci¨®n ser¨ªa inaceptable desde cualquier punto de vista (econ¨®mico, social, pol¨ªtico o ¨¦tico). Pero el gasto p¨²blico no s¨®lo incluye gastos corrientes; tambi¨¦n, incluye inversiones y, por ello, con las cifras disponibles para el ejercicio de 1994, se habla de un d¨¦ficit del orden del 6% del PIB [5,7% o 5,8% en 1995]; un 2% que corresponde al desahorro de las operaciones corrientes y un 4% a la financiaci¨®n de inversiones.
Por consiguiente, cuando un Gobierno intenta reducir el volumen del d¨¦ficit p¨²blico (por ejemplo, en el caso espa?ol, fij¨¢ndose un objetivo del 3% del PIB en 1997), puede hacerlo de diferentes maneras: reduciendo o eliminando el desahorro (ya sea aumentando los ingresos o recortando los gastos corrientes y transferencias), o, alternativamente, recortando los gastos de inversi¨®n. Como es dif¨ªcil aumentar la presi¨®n fiscal para recaudar m¨¢s impuestos o cotizaciones, y como el gasto corriente y las transferencias de rentas en general obedecen a decisiones administrativas y legislativas, en vigor, y dejan escaso margen institucional para una reducci¨®n significativa a corto plazo, en Espa?a y en todos los pa¨ªses industrializados recortar, la inversi¨®n p¨²blica es una verdadera tentaci¨®n: las inversiones pueden siempre esperar un ano m¨¢s; los ciudadanos y las empresas no percibir¨¢n las consecuencias hasta pasado cierto tiempo.
Sin embargo, adentrarse en un proceso de disminuci¨®n de las inversiones p¨²blicas en el momento crucial en que hay que responder a las exigencias del Mercado Unico Europeo y de la necesaria convergencia hacia la Uni¨®n Econ¨®mica Monetaria (UEM), puede que sea la peor de las opciones posibles.
La investigaci¨®n econ¨®mica te¨®rica y econom¨¦trica ha dejado ampliamente demostrado que la cantidad y calidad del capital p¨²blico son factores determinantes de la capacidad competitiva de los territorios, de su productividad y empleo.
Las inversiones p¨²blicas son indispensables para aumentar la productividad de las administraciones p¨²blicas y de los servicios que ¨¦stas proporcionan a la colectividad; las inversiones p¨²blicas mantienen y desarrollan infraestructuras productivas, sistemas operativos, equipamientos caracter¨ªsticos esenciales para las sociedades industriales avanzadas.
Tambi¨¦n ha demostrado la teor¨ªa econ¨®mica que la deuda p¨²blica que financia capital p¨²blico de inter¨¦s a largo plazo puede justificarse desde el punto de vista de la equidad intergeneracional y que, como en, cualquier otra empresa, hay deuda mala, la que financia desahorros, p¨¦rdidas operativas, y hay deuda buena, la que financia inversiones, posibilidades de crecimiento, oportunidades de bienestar futuro.
El objetivo del 5%
Hace pocos a?os, el Gobierno fij¨® como objetivo macroecon¨®mico para la inversi¨®n p¨²blica que ¨¦sta representase anualmente un 5% del PIB. Era un objetivo razonable y econom¨¦tricamente contrastado. Manteniendo este porcentaje inversor, Espa?a podr¨ªa acercarse al nivel medio del capital social del resto de los pa¨ªses europeos en un plazo razonable. Si no se corrige la disminuci¨®n creciente de la inversi¨®n p¨²blica, es probable que Espa?a siga perdiendo terreno en relaci¨®n con el resto de la UE en cuanto a su capital social y su competitividad. Un estudio europeo de los servicios de la CE que investigaba la existencia de una posible causalidad (Granger) entre gastos e ingresos p¨²blicos, establece que en Espa?a ambos son interdependientes, pero que los multiplicadores de impacto son dos veces m¨¢s elevados para los ingresos que para los gastos. Por consiguiente, cuando la coyuntura se deteriora, el d¨¦ficit p¨²blico aumenta vertiginosamente, y por el contrario, cuando ¨¦sta mejora, disminuye tambi¨¦n r¨¢pidamente. La econom¨ªa espa?ola s¨®lo puede tener un, objetivo prioritario en estos momentos: crecer.Guste o no guste, aun adoptando, una pol¨ªtica austera de control de gastos corrientes, la ¨²nica opci¨®n realista para reducir el nivel relativo del d¨¦ficit p¨²blico implica aumentar los ingresos p¨²blicos, y para ello, lo importante es estimular el crecimiento econ¨®mico. En s¨®lo dos a?os, entre 1985 y 1987, el d¨¦ficit p¨²blico en Espa?a pas¨® del 6,9% del PIB al 3, 1 %, porque la tasa de crecimiento de la econom¨ªa aument¨® del 2,6% al 5,61/o.
Espa?a necesita pol¨ªticas que estimulen su crecimiento, y entre ellas destaca la necesidad de aumentar, y no de recortar, la inversi¨®n p¨²blica.
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