Derechos Humanos propone un recurso contra las penas para los insumisos

La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE) solicit¨® ayer al Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los dos art¨ªculos del C¨®digo Penal que castigan la insumisi¨®n al servicio militar y a la prestaci¨®n social sustitutoria. La APDHE considera que tales preceptos imponen penas de inhabilitaci¨®n de hasta 12 o 14 a?os, "desmesuradas y, por tanto, injustas", dice, por lo que son contrarios al principio de proporcionalidad de las penas y a la dignidad de la persona consagrada en la Constituci¨®n.Entre otros dirigentes de la APDHE, Luis Otero y Jos¨¦ Antonio Gimbernat entregaron a ?lvarez de Miranda un dictamen de 41 folios en el que explican los motivos en los que se fundamenta la inconstitucionalidad de ambos preceptos. El art¨ªculo 527 castiga a los insumisos a la prestaci¨®n social sustitutoria con de ocho a 12 a?os de inhabilitaci¨®n absoluta y multa de entre 72.000 pesetas y 36 millones. El'604 sanciona a los insumisos al servicio militar con inhabilitaci¨®n absoluta de 10 a 14 a?os. Adem¨¢s, con pena de seis meses a dos a?os de prisi¨®n en tiempo de paz y de dos a cuatro a?os de c¨¢rcel en tiempo de guerra. En ambos supuestos de insumisi¨®n, la inhabilitaci¨®n incluir¨¢ la incapacidad para desempe?ar cualquier empleo o cargo al servicio de las administraciones, entidades o empresas p¨²blicas o de sus organismos aut¨®nomos y para obtener subvenciones, becas o ayudas p¨²blicas."Desobediencia civil".

El documento de la APDHE reprocha a los legisladores que no han tenido en cuenta el significado social del fen¨®meno de la insumisi¨®n, "ni las razones de conciencia que han dado lugar en nuestro pa¨ªs a la extensi¨®n de esta actitud, que hay que calificar de desobedienc¨ªa civil razonada".

?lvarez de Miranda se mostr¨® receptivo a los argumentos de la APDHE y Pro picio, seg¨²n fuentes de la ,APDHE, a interponer el re curso ante el Tribunal Constitucional. Precisamente los proponentes invocan la doctrina del alto tribunal en favor de la proporcionalidad de las penas, derivada del principio constitucional de legalidad. La "gravosidad y duraci¨®n" de la pena de inhabilitaci¨®n motiva la consideraci¨®n de "inadecuada y desproporcionada" que la APDHE atribuye a esa pena.