Jos¨¦ Barrionuevo

La inclusi¨®n de Jos¨¦ Barrionuevo en las listas del PSOE para las pr¨®ximas elecciones generales, tras el auto de procesamiento dictado por el juez Eduardo M¨®ner, ha generado una cr¨ªtica bastante generalizada, a la que dicho partido no ha sabido dar respuesta.El n¨²cleo esencial de la cr¨ªtica es el siguiente: la inclusi¨®n de Jos¨¦ Barrionuevo en las listas del PSOE es jur¨ªdicamente admisible, pero moralmente intolerable. El propio Barrionuevo deber¨ªa haberse autoexcluido; pero de no hacerlo ¨¦l, la exclusi¨®n deber¨ªa haber sido acordada por el PSOE, ya que lo contrario supone someter a una suerte de chantaje al cuerpo electoral. Aunque simplifico, creo que no desvirt¨²o ni desfiguro en lo m¨¢s m¨ªnimo la cr¨ªtica formulada.

A este reproche de naturaleza moral el partido socialista ha contestado con dos argumentos: la presunci¨®n de inocencia y la autonom¨ªa del partido para tomar sus decisiones sin interferencias ajenas. Ninguno de ellos resulta m¨ªnimamente satisfactorio.

Nadie discute que la presunci¨®n de inocencia es m¨¢s que un derecho subjetivo, ya que tiene la condici¨®n de premisa indispensable de una sociedad civilizada, pero la invocaci¨®n de dicho derecho por s¨ª solo no puede justificar la inclusi¨®n de un procesado en una candidatura. Para la inclusi¨®n en una lista no se debe exigir exclusivamente que el candidato no haya sido condenado mediante sentencia judicial firme, sino algo m¨¢s y algo distinto. Nadie discute tampoco la autonom¨ªa de los partidos para tomar sus decisiones. Pero ello no puede querer decir que un partido pueda ponerse el mundo por montera y adopte una decisi¨®n que choque frontalmente con la que la sociedad considera que deber¨ªa haber tomado y que pueda repugnar incluso a la conciencia de los ciudadanos.

Dicho con otras palabras: el PSOE ha respondido con argumentos que no tienen nada que ver con la cr¨ªtica que le ha sido dirigida. Y sin embargo, la cr¨ªtica es de tal entidad y afecta de manera tan radical a la organizaci¨®n pol¨ªtica de nuestra convivencia que no puede ser obviada con una finta y dejada sin respuesta. Sin un discurso moral no hay sistema pol¨ªtico ni ordenamiento jur¨ªdico que merezcan el calificativo de democr¨¢tico.

He sostenido en privado y en p¨²blico que Jos¨¦ Barrionuevo ten¨ªa que ir en las listas electorales y que ten¨ªa que ir por Madrid, que no se le pod¨ªa desplazar a una provincia peque?a para amortigar el efecto. Y lo he sostenido por razones de tipo moral y no de car¨¢cter jur¨ªdico o pol¨ªtico.

Jur¨ªdicamente hubiera sido posible excluir a Barrionuevo de las listas, pero moralmente habr¨ªa sido insoportable que se le excluyera. La autoexclusi¨®n habr¨ªa sido un acto de cobard¨ªa pol¨ªtica, explicable desde una perspectiva personal y familiar, pero injustificable desde una perspectiva moral. La exclusi¨®n por el PSOE habr¨ªa sido un certificado de bancarrota moral de dicho partido. En cuanto al chantaje para el cuerpo electoral, s¨®lo desde una idea paternalista de la democracia, que no comparto, resulta admisible.

Mi discrepancia con la cr¨ªtica formuladla es, por tanto, total. No hay ni un solo punto en el que coincida. Justamente por eso, y porque creo que el debate en los t¨¦rminos en que est¨¢ planteado es insoslayable, es por lo que me he decidido a poner por escrito mi argumentaci¨®n.

Primero lo evidente. La conducta que se est¨¢ enjuiciando no es la del ciudadano Barrionuevo, sino la del ministro de Interior del Gobierno de Espa?a entre 1982 y 1988. Contra el ciudadano Barrionuevo no hay nada. Nadie ha discutido en. el pasado y nadie discutir¨ªa hoy que figurara en la lista por Madrid. Son determinadas presuntas acciones u omisiones en la lucha antiterrorista del minitro Barrionuevo lo que se discute. Precisamente por eso, el problema no es de presunci¨®n de inocencia. Mejor dicho: tambi¨¦n es un problema de presunci¨®n (le inocencia, s¨®lo que en este case, y en este momento el derecho subjetivo del ciudadano Barrionuevo a la presunci¨®n de inocencia pasa a un muy segundo plano. Lo que est¨¢ en juego es la presunci¨®n de legitimidad del Estado. Este es el elemento decisivo que hay que tomaren consideraci¨®n para decidir sobre la inclusi¨®n de Jos¨¦ Barrionuevo en la candidatura socialista.

Desde el punto de vista del ciudadano Barrionuevo y del ejercicio de su derecho subjetivo a la presunci¨®n de inocencia, no creo que nadie m¨ªnimamente imparcial pueda dudar que su situaci¨®n ser¨ªa en estos momentos mejor si hubiera decidido no ser candidato. El calvario personal y familiar que est¨¢ pasando como consecuencia de la persecuci¨®n pol¨ªtica y de la de determinados medios de comunicaci¨®n cesar¨ªa o se ver¨ªa reducido en su intensidad de manera extraordinaria. Desde el punto de vista de ministro de Gobierno de la naci¨®n y de la presunci¨®n de legitimidad del Estado, tal decisi¨®n habr¨ªa sido una cat¨¢strofe.

No conozco ning¨²n caso desde el 15 de junio de 1977 en que un ciudadano espa?ol se haya visto sometido a una tensi¨®n de naturaleza moral de la intensidad a la que se encuentra sometido el ciudadano Jos¨¦ Barrionuevo. Su inter¨¦s particular le podr¨ªa haber conducido a autoexcluirse de las listas. En t¨¦rminos personales y familiares hubiera sido explicable. En su condici¨®n de ex ministro hubiera sido un acto de cobard¨ªa pol¨ªtica y de indignidad moral.

Pues no nos encontramos ante el ejercicio del derecho del ciudadano Barrionuevo a proclamar su inocencia, sino ante la obligaci¨®n del ex ministro Barrionuevo a no admitir, ni siquiera con hip¨®tesis, una quiebra en el principio de legitimidad del Estado. Eso, justamente, es lo que habr¨ªa significado su autoexclusi¨®n. Coincido punto por punto con las palabras que pronunci¨® Miquel Roca sobre Barrionuevo en Los desayunos de Radio Nacional, pero voy m¨¢s lejos. En la tensi¨®n entre su derecho privado y su obligaci¨®n p¨²blica, Jos¨¦ Barrionuevo no ten¨ªa otra opci¨®n moral que dar prioridad a su obligaci¨®n p¨²blica. Haberlo hecho as¨ª, no s¨®lo le honra personalmente, sino que es adem¨¢s un servicio adicional que est¨¢ prestando al pa¨ªs. En un mundo tan encanallado como en el que estamos viviendo, no es poco.

Actuar de otra manera hubiera supuesto admitir, aunque fuera con hip¨®tesis, que el ministro del Gobierno de Espa?a enga?¨® a su hom¨®logo franc¨¦s en las negociaciones para coordinar la lucha antiterrorista, ya que negociaba, como ministro de un Estado leg¨ªtimo. al mismo tiempo que ordenaba actos terroristas en territorio franc¨¦s y sobre ciudadanos a veces fianceses; hubiera supuesto admitir que en los mismos a?os en que el Gobierno de Espa?a negociaba su incorporaci¨®n a Europa, su ministro de Interior practicaba el terrorismo, etc¨¦tera.

Ello no supone, en modo alguno, cr¨ªtica a la actuaci¨®n del Tribunal Supremo, que est¨¢ haciendo lo que tiene que hacer, ya que ante unas determinadas denuncias e indicios tiene que investigar. No cabe impunidad en el Estado de derecho. Pero una cosa es que el Tribunal Supremo investigue ante determinados indicios y otra que un ex ministro d¨¦ verosimilitud con su conducta a dichos indicios. El ciudadano Barrionuevo no puede evitar ser al mismo tiempo soporte de la presunci¨®n de inocencia y de la presunci¨®n de legitimidad del Estado. La primera no le obliga a soportar la presi¨®n que se est¨¢ haciendo sobre ¨¦l. La segunda, s¨ª.

Todav¨ªa menos tolerable que la autoexclusi¨®n habr¨ªa sido. que el PSOE hubiera tomado la decisi¨®n de excluirlo de la candidatura por Madrid. Si por consideraciones de tipo pol¨ªtico y de rentabilidad electoral el Comit¨¦ Federal hubiera acordado que Jos¨¦ Barrionuevo no figurara en sus listas, el PSOE habr¨ªa perdido el cr¨¦dito m¨ªnimo indispensable para dirigirse a los ciudadanos. Un partido que no es capaz de soportar la presi¨®n en defensa de la legitimidad del Estado cuyo Gobierno ha dirigido, merecer¨ªa que no lo votara nadie. Si la autoexclusi¨®n del ex ministro podr¨ªa haber encontrado una explicaci¨®n, que no justificaci¨®n, por razones personales y familiares, la exclusi¨®n por el partido no hubiera tenido ninguna.

Tras lo expuesto, creo que se entender¨¢ por qu¨¦ considero que la tesis del chantaje a los ciudadanos no puede ser compartida. Llegados al punto al que hemos llegado, en el que, dicho sea de paso, el debate p¨²blico sobre el GAL y sobre la pol¨ªtica antiterrorista tiene mucho m¨¢s que ver con los enfrentamientos civiles de nuestra historia que con la forma en que se tratan estos temas en todos los pa¨ªses democr¨¢ticos sin excepci¨®n, que no ha tenido ninguno de ellos que soportar una presi¨®n terrorista como la que hemos tenido que soportar nosotros. Habiendo llegado hasta aqu¨ª, no se puede ahora adoptar una actitud paternalista y pretender ahorrarle al pobre ciudadano el dilema moral al que objetivamente tiene que hacer frente.

Los ciudadanos tienen que pronunciarse el 3 de marzo con todos los elementos que tienen que ser tomados en consideraci¨®n, y uno de ellos es que el ciudadano Jos¨¦ Barrionuevo no pod¨ªa autoexcluirse, sin que dicha autoexclusi¨®n supusiera simult¨¢neamente la admisi¨®n de una quiebra del principio de legitimidad del Estado. As¨ª es como est¨¢n objetivamente las cosas. Cada uno tiene que reflexionar personalmente y decidir en conciencia, sin im¨¢genes mutiladas y sin que se haga desaparecer lo que no se puede hacer desaparecer. Es cierto que se van a plantear. problemas de naturaleza moral a la hora de decidir. A estas alturas es algo insoslayable para la sociedad espa?ola. Cualquier otra salida ser¨ªa mucho peor.Javier P¨¦rez Royo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.