Escuchas no delictivas

EN EL PLENO del Congreso del pasado 21 de junio, en plena vor¨¢gine del esc¨¢ndalo de las escuchas del. Cesid, el todav¨ªa vicepresidente del Gobierno Narc¨ªs Serra se explic¨® sobre este asunto en t¨¦rminos pr¨¢cticamente id¨¦nticos a como lo hace ahora la juez de instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid, Ana Mercedes del Molino, en el auto que archiva las diligencias sobre una posible actuaci¨®n delictiva del entonces director del Cesid, general Alonso Manglano. Pero la oposici¨®n no deseaba escuchar las explicaciones del vicepresidente: quer¨ªa sencillamente su dirnisi¨®n, que se produjo pocos d¨ªas despu¨¦s. Las expresiones m¨¢s o¨ªdas en los bancos del Grupo Popular fueron: "?Confiesa!", "?Vaya papel¨®n!" y "?Qu¨¦ verg¨¹enza!".Ante la exculpaci¨®n judicial, Serra ha criticado a Jordi Pujol por haber retirado el apoyo al Gobierno socialista con motivo de las escuchas y ha pedido que los l¨ªderes del PP y de Izquierda Unida le presenten sus excusas por haberle acusado de dedicarse a violar la intimidad de los espa?oles, incluido el Rey. Es muy razonable que Serra pida una rectificaci¨®n a aquellos que pusieron en cuesti¨®n su honorabilidad personal. El auto de la juez Del Molino le da plenamente la raz¨®n al afirmar que las conversaciones fueron interceptadas de manera casual por el Cesid en el ejercicio de su tarea de proteger la seguridad del Estado. En cambio, no tienen raz¨®n los socialistas cuando pretenden retrospectivamente poner en entredicho los motivos de la dimisi¨®n de Serra.

Que el jefe de operaciones especiales del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote, del que depend¨ªa el gabinete de escuchas, abandonara el servicio llev¨¢ndose consigo miles de fichas de material clasificado y no se tornaran de inmediato medidas contra ¨¦l, posibilitando que luego se desvelaran a p¨¢gina abierta en peri¨®dicos tan proclives a la receptaci¨®n, es raz¨®n m¨¢s que sobrada para la dimisi¨®n de Serra y del mando pol¨ªtico y profesional del Cesid. Es lo que ha reiterado Pujol al afirmar que sigue considerando "una incompetencia que documentos altamente comprometedores para el pa¨ªs hayan circulado por la calle".

Serra y Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, entonces ministro de Defensa, purgaron con su dimisi¨®n sus responsabilidades pol¨ªticas, y Manglano, las profesionales. Ello, no entra en absoluto en contradicci¨®n con el hecho de que la juez Del Molino afirme ahora que no existen responsabilidades penales en el caso. La incompetencia no es un delito; la violaci¨®n del derecho a la intimidad, s¨ª. Y lo ¨²ltimo, seg¨²n el auto, no existi¨®'.

En aquel pleno del Congreso, Serra explic¨® que

las escuchas realizadas por el Cesid en el llamado espacio radioel¨¦ctrico, que es p¨²blico y abierto, no eran programadas a priori, sino puramente aleatorias. Es lo que ahora confirma la juez tras las pertinentes pruebas periciales. Segun ¨¦stas, los aparatos del Cesid no permit¨ªan entonces preseleccionar la escucha de un tel¨¦fono m¨®vil en concreto; tan s¨®lo permit¨ªan barrer el espacio radioel¨¦ctrico y capturar, como mero fruto del azar, saltando de uno a otro, fragmentos de conversaciones de tel¨¦fonos m¨®viles. ?Estaba legitimado el Cesid para hacer ese rastreo? S¨ª, seg¨²n la juez, que atribuye a los servicios de informaci¨®n la obligaci¨®n de ejercer "una vigilancia a modo de polic¨ªa del espacio radioel¨¦ctrico".

Lo m¨¢s importante del auto es la doctrina de fondo que establece la legitimidad del Estado democr¨¢tico para dotarse de unos servicios de informaci¨®n "estructurados del tal modo que sean capaces de alertar a las m¨¢ximas autoridades sobre los peligros que se ciernen sobre la naci¨®n antes de que ¨¦stos se hayan concretado". Es la misma doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso Crillon. El Supremo estableci¨® entonces la legitimidad del Estado democr¨¢tico para realizar y financiar con fondos reservados informes como el llamado Crillon, "en defensa de intereses p¨²blicos relevantes".

En un Estado democr¨¢tico nadie tiene patente de corso, ni tan siquiera el Gobierno y los servicios de informaci¨®n cuando ejercen la defensa de los bienes colectivos. Cae por su peso que esa defensa debe hacerse con sujeci¨®n estricta al marco legal y sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Pero justamente son los jueces, y nadie m¨¢s, los ¨²nicos legitimados en un Estado de derecho para determinar si se ha respetado o no el marco legal y si se han vulnerado o no los derechos fundamentales. La juez Del Molino, como el Supremo en el caso Crill¨®n, no ha encontrado rastro alguno de actuaci¨®n delictiva en el caso de las escuchas del Cesid.

Nos encontramos ante un caso que reafirma cu¨¢l es el papel de cada uno de los tres poderes de un Estado democr¨¢tico. Por eso es grav¨ªsimo que Julio Anguita sugiera que la juez Del Molino ha podido actuar al dictado del Gobierno y por razones electoralistas. Minar de esta manera la confianza de los ciudadanos en la justicia es populismo antidemocr¨¢tico.