La autonom¨ªa de la pol¨ªtica

Una vez que la direcci¨®n del PSOE, tal como corresponde al modelo caudillista que se ha ido fraguando en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, tom¨® la decisi¨®n suicida de presentar como candidato a Felipe Gonz¨¢lez, el empe?o ciego en seguir escurriendo las responsabilidades m¨¢s perentorias ha puesto en marcha una carrera loca que conduce directamente a la destrucci¨®n de un partido que contaba con una tradici¨®n democr¨¢tica muy digna y que adem¨¢s hab¨ªa llegado a ser una pieza clave en nuestro ordenamiento pol¨ªtico. Otra vez, como ocurri¨® despu¨¦s del hundimiento de UCD, el sistema de partidos queda cojo, lo que podr¨ªa suponer de nuevo un poder excesivo para el ganador de las pr¨®ximas elecciones. El que cada cambio de presidente se pague al costo alt¨ªsimo de destrucci¨®n de un partido es se?al clara de que algo fundamental no ha funcionado en la restauraci¨®n de la democracia.Quince a?os ha tardado el centro-derecha en recuperarse, y en tan largo trecho no hubiera tenido la menor oportunidad de gobernar -al contrario de lo que se tem¨ªa al comienzo de la transici¨®n, el problema consiste m¨¢s bien en la excesiva estabilidad de los Gobiernos- si en la c¨²spide del partido socialista, con una concentraci¨®n de poder inusitada, no se hubiera encontrado un grupo de personas que han mostrado abiertamente su desprecio por las reglas democr¨¢ticas m¨¢s elementales -el se?or Guerra comprueba ahora en su propia carne los m¨¦todos que ¨¦l aplic¨® en el partido- sin la menor receptividad para el Estado. de derecho. El PSOE se derrumba, v¨ªctima de los delirios que ha permitido la falta de democracia interna.

La l¨®gica destructiva que conlleva negar sistem¨¢ticamente la evidencia ha llevado al l¨ªder no ya a menospreciar el Estado de derecho -ahora sabemos que lo hizo desde el comienzo de su mandato-,sino incluso a atacarlo directamente, si no de palabra -lo dicho a puerta ?errada no puede emplearse en la discusi¨®n p¨²blica-, por lo menos con su comportamiento. Presentar en la lista de Madrid a un procesado por tres delitos graves supone, por lo pronto, una provocaci¨®n al ciudadano, al que se le obliga, antes de depositar su voto, a que decida si, contra toda verosimilitud, comparte el convencimiento que exhiben los socialistas sobre la inocencia del procesado, o si es que, mucho m¨¢s grave, asume la invitaci¨®n que impl¨ªcitamente se le hace de apoyar con el voto acciones contrarias a derecho. El que con el sufragio se intente legitimar conductas que cuestionan el Estado de derecho es una de las formas m¨¢s repugnantes de desnaturalizar y corromper la democracia.

Recluirse en un convencimiento subjetivo, que nadie se ha dignado a explicar en qu¨¦ se sostiene, y que adem¨¢s niegan los indicios racionales que expone un auto de procesamiento, realizado con todas las garant¨ªas por el m¨¢s alto tribunal del Estado, se comprende en boca del procesado o sus familiares -ya se sabe que se consideran inocentes todos los imputados, incluso casi todos los condenados cumpliendo penas de prisi¨®n-, pero hacer p¨²blica fe tan irracional y subjetiva es inadmisible en la persona que detenta el poder ejecutivo, obligada en raz¨®n de su cargo a mantener la m¨¢s exquisita neutralidad ante las decisiones judiciales, lo que implica no expresar lo que como persona privada pueda pensar al respecto. El que el presidente de Gobierno insista, sin argumento ni prueba alguna, en la inocencia del procesado, se diga con la boca chiquita o simplemente se deje impl¨ªcito, supone dar por sentado que tama?a injusticia de empapelar a un inocente, aun siendo persona tan protegida como lo ha de ser un antiguo ministro y buen amigo del presidente, revela una descorazonadora "politizaci¨®n de los tribunales" que roza la prevaricaci¨®n. Porque ya no es la decisi¨®n de un juez de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional que habr¨ªa actuado por resentimiento y esp¨ªritu de venganza -opini¨®n que lamentablemente ha calado en amplios sectores de la poblaci¨®n-, sino que la sospecha razonable de que se ha delinquido ha quedado confirmada por el Tribunal Supremo, por lo que o bien habr¨¢ que extender a esta instancia las suspicacias malintencionadas que se pronunciaron contra el juez Garz¨®n o bien tendr¨ªan que retractarse y pedir perd¨®n los que al servicio del poder constituido, de una forma u otra, difundieron tanta maledicencia.

Sin escape posible, Gonz¨¢lez ha colocado al votante ante el dilema de tener que elegir entre la hip¨®tesis de la politizaci¨®n de la judicatura, que mostrar¨ªa el grado de descomposici¨®n al que habr¨ªa llegado el Estado de derecho, o bien asumir la opini¨®n, que el Gobierno y su partido no dejan de transmitir de soslayo, de que habr¨ªa m¨¢s altas prioridades que la del Estado de derecho y que, por tanto el Ministerio del Interior y los servicios secretos hicieron bien en salt¨¢rselo a la torera cuando lo exigieron las circunstancias. Desde el poder se nos invita a aplaudir a aquellos, sectores que, por desconfiar de la eficacia de las instituciones democr¨¢ticas, exaltan al pol¨ªtico valiente, al patriota consumado que, en defensa del Estado, est¨¢ dispuesto a obviar las normas m¨¢s elementales del Estado de derecho.

Ambas hip¨®tesis, la de la politizaci¨®n de la justicia y la de la preeminencia de la raz¨®n de Estado sobre la moral y el derecho, han tratado de cubrirse con la doctrina de la "autonom¨ªa de la pol¨ªtica" -habr¨ªa que incluir al procesado Barrionuevo en las listas, se gane o se pierda con ello votos, porque, si se cediera en .este punto, el partido perder¨ªa su autonom¨ªa-, razonamiento que el se?or Gonz¨¢lez ha sacado en el ¨²ltimo comit¨¦ federal del arc¨®n de los a?os treinta, quiero pensar que ignorando por completo antecedentes y supuestos de tan peregrina argumentaci¨®n.

La separaci¨®n tajante de la pol¨ªtica y la ¨¦tica -primera autonom¨ªa que se consigue- se produce al emerger el Estado moderno -Maquiavelo- y es desde entonces una de las propuestas espec¨ªficas de la burgues¨ªa, pero incluso Maquiavelo concibe al Estado apoyado en dos columnas b¨¢sicas, la fuerza (el ej¨¦rcito) y el derecho. En el desarrollo de la teor¨ªa moderna del Estado, el papel que en el mundo griego cumpli¨® la ¨¦tica, lo desempe?a ahora el derecho, hasta el punto de que Estado y derecho se constituyen como realidades tan estrechamente ligadas que se fundamentan mutuamente. La concepci¨®n burguesa del Estado insiste en su dependencia del derecho. El socialismo contempor¨¢neo, despu¨¦s de deshacerse de la filosof¨ªa de la historia impl¨ªcita en el marxismo, adem¨¢s de subrayar las limitaciones jur¨ªdicas del Estado, vuelve a reivindicar la dimensi¨®n ¨¦tica de la pol¨ªtica. ¨²nicamente el fascismo, que coloca como valor supremo el poder que se disfraza de inter¨¦s o de raz¨®n de Estado, predica la autonom¨ªa absoluta de la pol¨ªtica, tanto de la ¨¦tica como del derecho.

Al subrayar la "autonom¨ªa de la pol¨ªtica" para justificar lo injustificable, la presencia en las listas de un pol¨ªtico procesado por delitos cometidos contra las personas y la Hacienda p¨²blica, Gonz¨¢lez y sus seguidores rompen tanto con el soporte ¨¦tico que define hoy al socialismo como con el Estado de derecho, basamento de las democracias

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