El tama?o de la Administraci¨®n une a la izquierda

, La exigencia de reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico para que Espa?a pueda cumplir los requisitos de Maastricht pone sobre el tapete la pol¨¦mica sobre la dimensi¨®n de la funci¨®n p¨²blica. En los 13 a?os de Gobierno socialista, a la par que se ha desarrollado un fuerte proceso de descentralizaci¨®n se han creado 100.000 empleos p¨²blicos.. La Administraci¨®n central ha traspasado 400.000 funcionarios a las autonom¨ªas pero s¨®lo ha disminuido en 300.000 personas; esto es, ha creado 100.000 empleos.Del grado de descentralizaci¨®n del Estado habla por s¨ª solo el que, de 1982 a 1996, la Administraci¨®n central se ha reducido desde 900.000 funcionarios a 600.000 (excluidas Fuerzas de Seguridad y Ej¨¦rcito); las autonom¨ªas han pasado de 45.000 a 620.000; y diputaciones y municipios, de 165 .000 a 425.000.

El 80% de los 100.000 nuevos funcionarios ha ido a parar a la educaci¨®n no universitaria y a la sanidad: a desarrollar el Estado del bienestar que, a juicio de los socialistas, estaba muy por debajo de las cotas del entorno europeo. El conjunto de las administraciones p¨²blicas espa?olas gasta, en cifras de 1994, el 47,4% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media de la Uni¨®n Europea alcanza el 52,3%.

El lenguaje del PP, como partido liberal conservador, es m¨¢s contundente que el del PSOE e IU en cuanto a la contenci¨®n del crecimiento de la Administraci¨®n. Pero todos coinciden en la conveniencia de congelar el empleo p¨²blico, si bien el PP promete una gran reordenaci¨®n de los funcionarios para hacer m¨¢s eficaz la Administraci¨®n.

Los populares est¨¢n dando desde hace a?os la batalla a los socialistas en otro terreno, m¨¢s rentable pol¨ªticamente: el de los altos cargos. El PP promete ahora la reducci¨®n de m¨¢s de 6.000 de los 8.000 directivos, y en esa cifra incluye a funcionarios, de alto nivel (del 28 al 30). Los socialistas consideran altos cargos s¨®lo aquellos que cesan con el ministro (el escalaf¨®n que va desde esta figura a la de los directores generales, inclusive). Esa cifra era de 401 en 1990 y la han reducido a 359 en la actualidad. Tambi¨¦n alegan que han reducido los ministerios de 17 a 15 des de 1990 y han eliminado numerosas direcciones provinciales por el desarrollo auton¨®mico.

Medidas como la congelaci¨®n del empleo p¨²blico se ven acompa?adas en las autonom¨ªas por el compromiso acordado con la Administraci¨®n central, en 1992 y 1995, de re ducir paulatinamente su d¨¦ficit para 1997. Junto a la deuda, los expertos sit¨²an el problema de las administraciones p¨²blicas en, mejorar su productividad. El Gobierno que salga de las urnas tendr¨¢ que afrontarlo.