Contra HB, la ley

UNA COSA es opinar y otra amenazar; una cosa es la libre expresi¨®n de unas ideas y otra ampararse en la libertad de expresi¨®n para cometer delitos como instar al asesinato o justificar los cr¨ªmenes de los terroristas; una cosa es defender un programa en un mitin y otra "ceder la voz a ETA" en un v¨ªdeo apolog¨¦tico de la violencia. El Gobierno ha apremiado al fiscal general a actuar contra HB, la cara legal de ETA, por colaboraci¨®n con banda armada y asociaci¨®n il¨ªcita. Por su parte, el juez Garz¨®n ha citado como imputado a Jon Id¨ªgoras, representante legal de HB, en relaci¨®n al v¨ªdeo que ese partido pretend¨ªa incluir en sus m¨ªtines y espacios electorales. Pensamos que no debe haber bulas para nadie. Por eso, y con independencia de cu¨¢l sea su destino en la v¨ªa judicial, consideramos acertadas esas iniciativas.Sobre todo, porque van claramente en el sentido de acabar con la excepcionalidad de hecho de que viene disfrutando el entorno de ETA. Ahora que tiende a admitirse que el problema principal de la democracia espa?ola es la impunidad de ETA y alrededores, el estado de excepci¨®n a que tienen sometida a la poblaci¨®n vasca, lo m¨¢s urgente es acabar con cualquier sensaci¨®n de pasividad por parte de las instituciones frente a ese desaf¨ªo permanente a la legalidad, al Estado democr¨¢tico y a los derechos de los ciudadanos. Los abogados de HB alegar¨¢n lo que consideren oportuno ante los tribunales: si no es cierto que estaban amparando o justificando a ETA, o colaborando con sus pistoleros frente a los ertzainas que intentaban detenerlos, o defendiendo la utilidad del recurso a atentados sangrientos, que lo digan as¨ª, en voz alta, ante el tribunal. Y si, como acostumbran, no se presentan a declarar, que sean detenidos y llevados ante los jueces. Y que declaren con todas las garant¨ªas que el Estado de derecho ofrece a los ciudadanos. Si el resultado es o no la disoluci¨®n -que no ilegalizaci¨®n- de HB, es algo que deber¨¢n dilucidar los tribunales. Pero lo que no es posible es aplazar una vez m¨¢s, por temor o en nombre de discutibles argumentos de oportunidad, el sometimiento a la ley que rige para los dem¨¢s ciudadanos de las personas cuya responsabilidad en delitos concretos se acredite.