Francia reforma la Constituci¨®n para que el Parlamento pueda controlar cada a?o el gasto de la Seguridad Social
La Asamblea Nacional y el Senado, las dos c¨¢maras del sistema parlamentario franc¨¦s, se reunieron ayer en Versalles para aprobar con solemnidad una reforma constitucional que permitir¨¢ a diputados y senadores pronunciarse cada a?o sobre las cuentas de la Seguridad Social. El retoque de la Constituci¨®n de 1958 es la clave del plan presentado en noviembre por el primer ministro, Alain Jupp¨¦, para reorganizar la Seguridad Social y asegurar su viabilidad. El plan ha sufrido, sin embargo, numerosas alteraciones por la presi¨®n de los sindicatos y los m¨¦dicos, y el alcance de la reforma aparece limitado y confuso a falta de una pr¨®xima ley org¨¢nica que regule el alcance del control parlamentario sobre las cuentas sociales.Tras la reforma constitucional aprobada ayer, la Seguridad Social queda apoyada en tres pilares: el Gobierno fija el importe de las cotizaciones para financiarla; los principales sindicatos la gestionan, y el Parlamento "se pronuncia" (sin que est¨¦ claro hasta donde llega su poder) sobre los presupuestos anuales. La ambiciosa reforma impulsada por Alain Jupp¨¦ el pasado 15 de noviembre se ha diluido tras las protestas sindicales y populares de diciembre. Los reg¨ªmenes especiales se mantienen, contra lo que deseaba el Gobierno, y quedan fuera del alcance del Parlamento, contra lo que deseaban los diputados. Han sido descartadas las sanciones salariales aplicables colectivamente a los m¨¦dicos si el gasto superara el aumento anual previsto (2,1% para 1996). El ministro de Asuntos Sociales, Jacques Barrot, dice ahora que "no se puede castigar al conjunto de la profesi¨®n m¨¦dica", pese al fracaso de las negociaciones entre m¨¦dicos y cajas de seguros m¨¦dicos (gestionadas por los sindicatos) para establecer l¨ªmites al gasto.
Pese a todo, la Confederaci¨®n General de Trabajadores (CGT, procomunista) y, en menor medida, Fuerza Obrera (FO, prosocialista), mantienen su oposici¨®n a todo control parlamentario, ya que afirman que la Seguridad Social es asunto de los asalariados, que, la financian con sus cotizaciones, y no del conjunto de los electores.
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