Desaf¨ªo a la justicia

QUE HERRI Batasuna (HB) es la plataforma de complicidad legal con ETA es s¨®lo un secreto para quien prefiera ignorar certezas. Siempre fue as¨ª. Pero ahora ya ni siquiera se oculta. Existe un comite de enlace entre la cara legal y la ilegal que se llama Coordinadora KAS, en la que est¨¢ directamente representada ETA, y que emite comunicados y concede conferencias de prensa. Y los dirigentes de esa coordinadora copan desde hace a?os la mayor¨ªa de los puestos de la direcci¨®n de HB: algo que en su d¨ªa fue visto cr¨ªticamente desde el nacionalismo democr¨¢tico y comentado tambi¨¦n desfavorablemente por la prensa. Si, pese a ello, HB ha encontrado amparo legal, es porque la naturaleza del sistema trata de ganar para la democracia a las fuerzas pol¨ªticas que no se hallan en ella. La experiencia demuestra que tal vocaci¨®n tuvo ¨¦xito a veces. Pero siempre es dif¨ªcil encontrar el equilibrio entre ese deseo de integraci¨®n democr¨¢tica y el riesgo de favorecer los planes de quienes tratan de acabar con la libertad.La provocaci¨®n de Id¨ªgoras al negarse a comparecer ante el juez con el argumento de que HB "no reconoce la legitimidad del Estado espa?ol" confirma que lo m¨¢s urgente ahora es acabar con la sensaci¨®n de impunidad de que goza esta gente. Id¨ªgoras ha sido convocado como representante legal de HB. Que el resto de los dirigentes de ese partido se hagan corresponsables de la supuesta ilegalidad es irrelevante. Es cierto que HB realiza actos ilegales con gran frecuencia. Y que casi siempre quedan impunes. Tambi¨¦n es cierto que desde hace algunos a?os sus dirigentes ni siquiera tienen a bien presentarse cuando los convocan los jueces. Pero el h¨¢bito de incumplir la ley no otorga el derecho a seguir haci¨¦ndolo. Lo que procede es aplicar la legislaci¨®n vigente a las actuaciones concretas. de sus miembros si su legalidad ofrece dudas: ceder la voz a ETA para la difusi¨®n de un v¨ªdeo de propaganda terrorista en plena campa?a electoral, la presencia de encapuchados etarras en sus m¨ªtines, las amenazas o incitaciones a la violencia en los medios son actuaciones de las que deben responder penalmente sujetos concretos.

Si el resultado de la investigaci¨®n es o no la disoluci¨®n de HB es algo que tendr¨¢n que decidir los jueces, de acuerdo con las leyes y con independencia de la opini¨®n que al respecto puedan tener los partidos nacionalistas, el Gobierno o la Mesa de Ajuria Enea. Algunos de los efectos que hoy lamentamos provienen precisamente de la relativizaci¨®n de la ley en nombre de consideraciones de oportunidad coyuntural. Hoy sabemos, adem¨¢s, que muchas de esas consideraciones -evitar el victimismo en campa?a, no favorecer su ansia de llamar la atenci¨®n- han resultado secundarias respecto al efecto principal derivado de la pasividad: que la nueva generaci¨®n radical considere un derecho inalienable quemar furgonetas policiales, impedir el derecho de manifestaci¨®n de los de m¨¢s, desfogarse a costa del mobiliario urbano o cobrar cuotas mafiosas a los establecimientos. O integrarse en un comando de ETA para cosechar muertes. Desmentir esta perversa impresi¨®n, haciendo cumplir la ley, es tina de las capitales tareas dQ este momento.