La Audiencia Nacional devuelve a Descharnes la gesti¨®n de los derechos de autor de Dal¨ª

Robert Descharnes, colaborador del pintor Salvador Dal¨ª desde los a?os cincuenta, ha ganado el primer asalto en la pugna que mantiene con el Ministerio de Cultura en los tribunales. La Audiencia Nacional, en un auto fechado el pasado 22 de febrero, obliga al Ministerio de Cultura a devolver a Demart pro Arte la gesti¨®n de los derechos de autor de Salvador Dal¨ª. Estos derechos son gestionados en la actualidad por la Fundaci¨®n Gala-Dal¨ª, con sede en Figueres (Girona), gracias a una orden firmada por la ministra Carmen Alborch que Descharnes impugn¨® en los tribunales.

La decisi¨®n judicial no es definitiva. Se trata, por el momento, de una medida cautelar a la espera (le que se dicte sentenciafirme. Y que exige a Descharnes -administrador ¨²nico de Demart- la "prestaci¨®n de una cauci¨®n", es decir, de una fianza de 100 millones de pesetas. Un colaborador de Descharnes se?al¨® ayer que solicitar¨¢n una rebaja de la fianza, que depositar¨¢n en cualquier caso. Fuentes del Ministerio de Cultura y de la Fundaci¨®n Gala-Dal¨ª informaron ayer de que recurrir¨¢n el auto.La pugna judicial entre Descharnes y el Ministerio de Cultura tiene su origen en una orden de la ministra Carmen Alborch, fechada en julio de 1995, que otorga a la Fundaci¨®n Gala-Salvador Dal¨ª "el ejercicio de las facultades de administraci¨®n y explotaci¨®n de los derechos de la propiedad intelectual derivados de la obra art¨ªstica de Salvador Dal¨ª". Estos derechos hab¨ªan sido gestionados hasta entonces por Demart pro Arte, que los hab¨ªa obtenido gracias a un contrato firmado en 1.986 entre Descharnes -como representante de la sociedad- y Dal¨ª. El contrato ten¨ªa su fecha de caducidad en el a?o 2004, cuando los mencionados derechos deber¨ªan revertir en los herederos del artistas: es decir, el Estado espa?ol, como se supo tras la muerte de Dal¨ª, en enero de 1989.

Aunque hubo negociaciones y contactos para conocer las actividades de la sociedad, ni Jorge Sempr¨²n ni Jordi Sol¨¦ Tura, ambos ministros de Cultura, opusieron objeciones a la validez del contrato entre Dal¨ª y Demart. Es m¨¢s: "El propio Ministerio de Cultura reconoci¨®, en fecha 21 de febrero de 1991, la vigencia del contrato", seg¨²n el. auto dictado el pasado 22 de febrero por la secci¨®n cuarta de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

Pero en la etapa de Carmen Alborch, el Gobierno entendi¨® que el contrato entre Dal¨ª y Descharnes era "un mandato" del pintor que se extingui¨® con su muerte. Los derechos de Dal¨ª eran, pues, del Estado -su heredero universal-, lo que permiti¨® al Ministerio de Cultura ceder su gesti¨®n a la Fundaci¨®n Gala-Dal¨ª.

El recurso de Descharnes ante esta decisi¨®n ministerial ha tenido ahora su primer desenlace en el auto de la Audiencia Nacional, cuyo punto tercero, "sin prejuzgar el fondo del asunto", se?ala: "Conviene poner de relieve que en el a?o 1986 se suscribi¨® un contrato que no parece que pueda calificarse de mandato sino de cesi¨®n temporal de derechos de propiedad intelectual que se deduce tanto de su denominaci¨®n como, muy especialmente, de su contenido, por un plazo determinado y en virtud del cual se establecieron derechos y obligaciones por ambas partes". Y agrega: "Entre los derechos del cesionario se encuentran determinadas facultades de administraci¨®n y explotaci¨®n de derechos de propiedad intelectual que ahora debemos entender que la orden impugnada atribuye a la fundaci¨®n [Gala-Salvador Dal¨ª] codemandada. Igualmente debe destacarse que el fallecimiento del cedente [Dal¨ª] se produjo durante la vigencia del contrato, aceptando la herencia el Estado espa?ol, que se constituy¨®, en principio, en sucesor de todos los derechos y obligaciones del causante, incluidas las del citado contrato".

El auto judicial suspende la orden de Alborch porque los perjuicios que su ejecuci¨®n ocasionar¨ªa a Demart "son de dif¨ªcil reparaci¨®n, pues en el hipot¨¦tico supuesto de que en el pleito principal se estimaran sus pretensiones no bastar¨ªa con una reparaci¨®n econ¨®mica -por lo dem¨¢s de dif¨ªcil cuantificaci¨®n-, ya que se incide en otros aspectos distintos, propios del ¨¢mbito comercial". El tribunal estima tambi¨¦n que la suspensi¨®n de la orden podr¨ªa perjudicar los intereses de la Fundaci¨®n Gala-Dal¨ª si la sentencia avalase finalmente la decisi¨®n ministerial, por lo que obliga a Demart a depositar una fianza de 100 millones.