Mil millones de miseria
Las circunstancias sociales no han variado en Pinos Puente, el pueblo donde el fraude de las peonadas lleg¨® m¨¢s alto
Durante los a?os de 1987 y 1988, una parte estimable del pueblo granadino de Pinos Puente percib¨ªa las 180.000 pesetas anuales del subsidio de desempleo agr¨ªcola, una cantidad insuficiente, casi miserable. Sin embargo, ten¨ªa una ventaja: se pod¨ªa obtener sin grandes esfuerzos. La firma del alcalde, el socialista Juan Ferr¨¢ndiz, y 9.000 pesetas, el equivalente a la cuota de cotizaci¨®n al r¨¦gimen especial de la Seguridad Social, eran la garant¨ªa para su percepci¨®n. Se apuntaron muchos: los que, para su mal, pod¨ªan probar el m¨¦rito de la pobreza y otros para quienes un discreto sobresueldo los afianzaba en el l¨ªmite de la dignidad.Pero, como los beneficiarios eran numerosos, en poco tiempo cobraron de manera fraudulenta, seg¨²n el Estado, cerca de mil millones de pesetas, la cifra m¨¢s alta lograda por un municipio por semejante concepto. La generosa r¨²brica de ciertos regidores fue, seg¨²n los tribunales, un vicio reprobable que acab¨® en 1991. Hoy, cinco a?os despu¨¦s, las cifras de marginaci¨®n y paro se mantienen intactas en Pinos Puente, las normas para obtener el subsidio son m¨¢s f¨¦rreas y el ex edil y sus colaboradores se enfrentan a penas de c¨¢rcel que oscilan entre los 11 y los 8 a?os.
Pinos Puente tiene, en efecto, un puente de piedra y 6.000 parados sobre una poblaci¨®n de 14.000 habitantes. De ellos, unos 1.200 sobreviven en un estadio de la menesterosidad por debajo de los m¨¢rgenes soportables. Sin embargo, seg¨²n su alcalde actual, Juan Agudo (IU-Los Verdes), ninguna de estas cifras basta para explicar por qu¨¦ el supuesto fraude en el subsidio contabilizado por la Seguridad Social es el mayor de toda Andaluc¨ªa y Extremadura, los dos comunidades aut¨®nomas donde el Estado aplic¨® la ayuda del Plan de Empleo Rural (PER).
Aunque se halla bastante pr¨®ximo a Granada, Pinos Puente no goza de la prosperidad que el urbanismo ha generado en otras localidades del cintur¨®n. Tampoco es rural, pues, aunque el t¨¦rmino municipal es grande -alrededor de cien kil¨®metros cuadrados-, la tierra cultivable es reducida.
As¨ª, buena parte de la poblaci¨®n tiene que desplazarse a trabajar a la capital de la provincia. Las mujeres, casi siempre, como empleadas de hogar. El comercio y los restaurantes de carretera son el sector econ¨®mico m¨¢s pr¨®spero, ya que no hay industria y la actividad de la construcci¨®n es moderada.
En realidad, el pueblo est¨¢ dividido entre la vida rural y la vida urbana y a¨²n no se ha decidido por ninguna. El propio Agudo reconoce una estimable diferencia entre Pinos Puente y los cinco n¨²cleos de poblaci¨®n, Casanueva, Zujaira, Valderrubio, Fuensanta y Trasmulas, donde se concentran las escasas talreas agr¨ªcolas, que se encuentran sometidas, adem¨¢s, al albur caprichoso de las cosechas.
"Yo no hablar¨ªa hoy de jornaleros, sino de desempleados rurales", advierte Agudo. En 1987, todos los receptores del subsidio deb¨ªan ser legalmente jornaleros, pero, como no hab¨ªa trabajo, las listas se fueron incrementando con parados indefinidos cuyo objetivo era lograr las 180.000 pesetas m¨¢s all¨¢ de cu¨¢l fuese su calificaci¨®n profesional. Cuando se, aire¨® el fraude de las peonadas, aparecieron parientes de concejales entre los perceptores. Una de las personas juzgadas en Granada era secretario del Campo de Comisiones Obreras (CC OO) y, si se cree al fiscal, dispon¨ªa de veh¨ªculo propio y de un inmueble.
Pero junto a ellos hab¨ªa, en efecto, cientos de individuos y de amas de casa carentes de trabajo, al margen de que fueran o. no mano de obra agr¨ªcola.
Individualmente, 180.000 pesetas al a?o tampoco es una cantidad como para enriquecerse. ?Se deb¨ªa ser meticuloso y afrontar el riesgo de dejar sin subsidio a familias humildes? Las autoridades de Pinos Puente no fueron cicateras y montaron una oficina para tramitar su cobro. No pusieron trabas y, sumando y sumando aquellos discret¨ªsimos dineros, llegaron hasta los casi mil millones.
"Hay que mantener el PER", afirma un dirigente del PSOE, "igual que en Hunosa se mantiene la mina y en Catalu?a las ayudas a los parados de la industria. Es justicia social".
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