Naturaleza de Itoiz

LOS AUTORES del atentado contra las obras del pantano de Itoiz, en Navarra, invocan la ilegalidad de las mismas como motivo de su intervenci¨®n violenta. Pero si el argumento es la legalidad, el respeto a la misma habr¨ªa exigido esperar a que los tribunales se pronuncien definitivamente sobre la cuesti¨®n. Adem¨¢s, esas eventuales ilegalidades administrativas nunca podr¨¢n justificar la injusticia manifiesta de un atentado: de una acci¨®n deliberada de destrucci¨®n violenta -nada de sabotaje pac¨ªfico, paradoja imposible- que produce da?os por valor de mil millones de pesetas que de una u otra forma habr¨¢n de sufragar los ciudadanos; y que deja en la calle, por un plazo m¨ªnimo de seis meses, a m¨¢s de 300 trabajadores.El pantano de Itoiz aspira a resolver problemas planteados por la relativa escasez de agua; es una obra humana destinada a paliar en lo posible los efectos de una naturaleza hostil o al menos no siempre ben¨¦fica. La idea seg¨²n la cual la naturaleza es sabia, y perverso todo intento de modificarla o dome?arla, pertenece al orden de la superstici¨®n. Por supuesto que hay que intentar evitar la contaminaci¨®n del aire o de los r¨ªos y tratar incluso de mantener los montes y valles tal como se han conservado durante generaciones. Pero todo ello sometido en ¨²ltima instancia a las necesidades de los seres humanos. No hay derechos de la naturaleza que puedan esgrimirse contra necesidades humanas como la de disponer de agua para beber o regar los campos que producen los alimentos.

Si el pantano de Itoiz es necesario, o siquiera conveniente, es una discusi¨®n abierta. Existen cauces para ello. Esa discusi¨®n ha alcanzado estatuto jur¨ªdico a ra¨ªz del recurso presentado por personas opuestas a su Construcci¨®n. Las instituciones han asumido una indudable responsabilidad al decidir proseguir las obras pese a una primera sentencia de la Audiencia Nacional que estimaba parte de los argumentos de los conservacionistas y de un auto posterior que establec¨ªa ciertas limitaciones para autorizar la continuidad de los trabajos. Esa sentencia est¨¢ recurrida ante el Supremo, por lo que no es firme. Tanto el Gobierno de Navarra como el Ministerio de Obras P¨²blicas sostienen que la obra es imprescindible y que su impacto ambiental es asumible, y presentan para ello certificaciones de indiscutible peso.

El intento de paralizaci¨®n preventiva. de los trabajos no prosper¨® porque los tribunales exigieron para ello una fuerte fianza (l¨®gica, dado el perjuicio que causar¨ªa una interrupci¨®n que podr¨ªa durar a?os). Pero los ecologistas sospechan que al proseguir las obras, invirtiendo fuertes sumas de dinero, los responsables del proyecto llevan a cabo una pol¨ªtica de hechos consumados. Contra ella se han producido diversas iniciativas pac¨ªficas que a decir verdad no han obtenido gran eco en la poblaci¨®n.

Ello se debe seguramente a que se trata de una cuesti¨®n discutible, no evidente por s¨ª misma. Pretender sacudir, la conciencia ecologista de las gentes a base de atentados que cuestan cientos de miles de millones a los contribuyentes, aparte de revelar una mentalidad autoritaria, antidemocr¨¢tica, constituye un delito. En nombre de esa legalidad por ellos invocada, los autores del atentado tendr¨¢n que responder ante la justicia por su ilegal -e injusta- acci¨®n; del mismo modo que habr¨¢n de hacerlo los responsables de la obra si los tribunales establecen en sentencia firme que han conculcado la ley.