CiU reclama 60.000 millones de deuda sanitaria y la supresi¨®n del ahorro impuesto por el PSOE

El paquete sanitario es uno de los m¨¢s importantes que plantea CiU. La apuesta es dura porque la Generalitat atraviesa una delicada situaci¨®n financiera, debida en buena parte al d¨¦ficit sanitario, que el Gobierno de Jordi Pujol atribuye a los defectos del sistema de financiaci¨®n. En concreto, CIU exige al Partido Popular un compromiso expl¨ªcito sobre la aplicaci¨®n de un nuevo modelo de financiaci¨®n sanitaria, la supresi¨®n de las medidas de ahorro impuestas unilateralmente por el PSOE en el presupuesto de Sanidad a partir de 1994 y el pago de 60.000 millones de deuda hist¨®rica" acumulada hasta 1995.

Mariano Rajoy anunci¨® ayer que est¨¢ "pr¨¢cticamente cerrados" los principios generales sobre financiaci¨®n auton¨®mica, que se concretar¨¢n m¨¢s adelante, la gesti¨®n de los puertos por las autonom¨ªas y la transferencia parcial del Inem (pol¨ªticas activas de empleo e intermediaci¨®n en el mercado de trabajo).CiU pretende negociar un nuevo modelo de financiaci¨®n sanitaria m¨¢s equitativo con las comunidades aut¨®nomas. El actualmente vigente expira en 1997, y Pujol exige un compromiso expl¨ªcito sobre las l¨ªneas generales del nuevo modelo que debe incluir un fondo econ¨®mico de compensaci¨®n interterritorial para pagar la asistencia de los enfermos desplazados desde otras comunidades y aplicar una serie de correctivos de acuerdo con la estructura demogr¨¢fica de la poblaci¨®n. CiU ha calculado que el coste de la asistencia prestada en Catalu?a a enfermos del resto de Espa?a asciende, s¨®lo entre. 1994 y 1995, a 7.200 millones.

CiU reclama adem¨¢s del PP un acuerdo expl¨ªcito en tres propuestas muy concretas. La primera es la supresi¨®n del ahorro impuesto unilateralmente por el PSOE en los ¨²ltimos ejercicios. Los requisitos de Maastricht obligaron al Gobierno a introducir medidas de ahorro en el presupuesto sanitario, que en 1994 quedaron fijadas en 90.000 millones.

A mediados de 1995, el Gobierno dio una vuelta m¨¢s a la tuerca y fij¨® el ahorro en 150.000 millones. Eso supon¨ªa reducir en esa cantidad la base global sobre la que se calcula el reparto del presupuesto sanitario -que en 1995 era de 2,875 billones de pesetas- entre el Insalud y las comunidades con competencias sanitarias. CiU exige que se restituya las cantidades deducidas en concepto de ahorro.

La segunda exigencia de CiU es la revisi¨®n del presupuesto sanitario de 1996, que debe ajustarse al gasto real de 1995. Finalmente, CiU reclama el pago de 60.000 millones de pesetas en concepto de deuda sanitaria acumulada hasta 1995. Esa cifra incluye la, parte proporcional del ahorro que se pretende suprimir, los gastos por asistencia de enfermos del resto de Espa?a atendidos en Catalu?a y el pago de los intereses que la Generalitat, como el resto de la comunidades con competencias sanitarias, ha tenido que pagar por el cr¨¦dito extraordinario aprobado por el Gobierno en 1991 para hacer aflorar el d¨¦ficit oculto.

El PP se muestra remiso a reconocer esta deuda hist¨®rica y argumenta que no puede comprometerse en una cifra hasta que no pueda conocer con detalle la situaci¨®n real de las cuentas sanitarias.

El Partido Popular ha ofrecido a CiU la transferencia de los casi 1.200 agentes de la Agrupaci¨®n de Tr¨¢fico de la Guardia Civil que act¨²an en Catalu?a, seg¨²n inform¨® ayer el diario La Vanguardia. Ello supone que, en una primera fase, la Guardia Civil continuar¨ªa patrullando y regulando el tr¨¢fico en las carreteras catalanas y no ser¨ªan los Mossos d'Esquadra quienes realizaran estas funciones hasta m¨¢s adelante. CiU estudia la oferta.

La aplicaci¨®n de la Administraci¨®n ¨²nica permitir¨¢ suprimir la figura del gobernador civil y sustituirlo por un delegado provincial, al menos en aquellas comunidades en las que la mayor¨ªa de las competencias est¨¢n traspasadas.

Adem¨¢s del Inem, est¨¢ pr¨¢cticamente acordado agilizar otros traspasos pendientes, como el Instituto Social de la Marina, las autoescuelas y la gesti¨®n de los puertos y de las autopistas y carreteras de titularidad estatal que transcurren por Catalu?a.

El PP acepta la revisi¨®n de las leyes del Suelo y de Costas, y que la Generalitat designe consejeros en empresas p¨²blicas con implantaci¨®n en Catalu?a.