Empresarios espa?oles que asisten a un seminario sobre inversiones en la isla piden que se oculten sus nombres
La ley Helms-Burton no ha entrado a¨²n en vigor, pero ya inspira miedo. Buena parte de los 80 hombres de negocios espa?oles que asistieron ayer a un seminario sobre la nueva legislaci¨®n norteamericana que prev¨¦ sanciones para los ejecutivos y sus empresas que "trafiquen" con antiguas propiedades estadounidenses en Cuba pidieron que no se desvelaran sus nombres.Por eso no se distribuy¨® una lista de participantes en el acto que se celebr¨® en Madrid, en la Casa de Am¨¦rica, explic¨® Gareth Jenkins, presidente de Cuba Business, la sociedad de consultor¨ªa que organiz¨® el coloquio, patrocinado por la edici¨®n internacional de EL PA?S e Iberia y al que asistieron funcionarios de EE UU y de Cuba.
El temor de los hombres de negocios que solicitaron permanecer en el anonimato parece fundado. "Han llegado insistentes rumores a la Comisi¨®n Europea de que American Express est¨¢ retirando tarjetas de cr¨¦dito a empresarios que invierten o comercian con Cuba", afirm¨® Eric Hayes, que intervino en el acto en nombre de esa instituci¨®n.
Octavio Castilla, viceministro cubano de Inversi¨®n Extranjera, quiso ser apaciguador. Un estudio preliminar de las autoridades cubanas pone de relieve, precis¨®, que "es muy peque?a la inversi¨®n extranjera que pudiera ser objeto de litigio" y dar lugar a sanciones por parte de la Administraci¨®n de EE UU. Estim¨® adem¨¢s que desde 1962 el embargo norteamericano ha costado a Cuba 45.000 millones de d¨®lares (5,7 billones de pesetas).
Juan Arenas, presidente del Comit¨¦ empresarial hispano-cubano, abund¨® en el mismo sentido. "La aplicaci¨®n de la ley es tan compleja que veo dif¨ªcil que entre en vigor en agosto", afirm¨®. Reconoci¨®, no obstante, que para las empresas espa?olas que invierten en la isla, la ley "supone un factor de riesgo adicional". La inversi¨®n espa?ola acumulada en Cuba rebasa los 10.000 millones de pesetas.
Para reducir ese factor riesgo el abogado Hermenegildo Altozano se?al¨® que, por razones pol¨ªticas y jur¨ªdicas, "ser¨ªa deseable que Espa?a adoptara una legislaci¨®n de contenido similar a la aprobada por Canad¨¢ y el Reino Unido", para proteger a sus inversores de la extraterritorialidad de leyes norteamericanas.
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