El nuevo C¨®digo Penal, ante la hora de la verdad

El pr¨®ximo 25 de mayo, d¨ªa en que entra en vigor el nuevo C¨®digo Penal, ser¨¢ la fecha clave a partir de la cual la hist¨®rica ley tendr¨¢ que demostrar su utilidad como instrumento de convivencia. Los expertos critican la falta de las estructuras y dotaciones econ¨®micas necesarias para su puesta en pr¨¢ctica. El trasvase de asuntos de unos a otros ¨®rganos judiciales sin dotaci¨®n de los medios personales y materiales, la inexistencia de establecimientos suficientes para la deshabituaci¨®n de toxic¨®manos o para el cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad y la falta de centros adecuados para los arrestos de fin de semana, as¨ª como la imprevisi¨®n de plazas para los trabajos en beneficio de la comunidad, pondr¨¢n a prueba el flamante C¨®digo Penal.La primera imprevisi¨®n ha sido la no aprobaci¨®n de una ley Penal del Menor que regule la responsabilidad criminal de los menores de 18 a?os. Su falta ha mutilado el C¨®digo Penal, que ha tenido que exceptuar de la entrada en vigor del resto de la ley su art¨ªculo 19, en el que se establece algo tan elemental como fijar en los 18 a?os la mayor¨ªa de edad penal, equiparada as¨ª con la civil y pol¨ªtica. La ausencia de Ley Penal del Menor y de la necesaria dotaci¨®n de centros para los j¨®venes delincuentes har¨¢ que, por el momento, desde los 16 a?os, seguir¨¢n siendo tratados como mayores a efectos penales y convivir¨¢n en las c¨¢rceles con delincuentes veteranos.

El C¨®digo Penal introduce la posibilidad de que el juez suspenda las condenas de hasta tres a?os de c¨¢rcel cuando se trata de personas que delinquen "a causa de su dependencia" de las drogas. Esta medida afectar¨¢ a gran n¨²mero de peque?os traficantes, ya que la pena m¨ªnima se rebaj¨® de cuatro a tres a?os, lo que permite que se aplique la suspensi¨®n a los de menor entidad. As¨ª lo destaca el que fue ponente de IU, Diego L¨®pez Garrido.

Centros para toxic¨®manos

Sin embargo, esta buena voluntad del legislador producir¨¢ en muchos casos frustraci¨®n, ya que entre los requisitos legales, para suspender la condena, el propio C¨®digo Penal exige "que se certifique suficientemente, por centro o servicio p¨²blico o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentre deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre su suspensi¨®n. Pero ?d¨®nde est¨¢n esos centros p¨²blicos en n¨²mero suficiente para atender la fuerte demanda que desencadenar¨¢ la entrada en vigor del C¨®digo?Quienes carezcan de medios econ¨®micos no podr¨¢n acreditar su deshabituaci¨®n. L¨®pez Garrido estima que "el Estado tendr¨¢ que habilitar fondos con ese fin". El magistrado Alberto Jorge Barreiro cree que "debe haber un gran centro p¨²blico en cada comunidad aut¨®noma, con garant¨ªas para los tribunales de que la deshabituaci¨®n se ha producido realmente". Pero la realidad es que no se han previsto tales centros cuando el C¨®digo est¨¢ a punto de entrar en vigor.

Igual ocurre con las nuevas medidas de seguridad para los declarados exentos de responsabilidad criminal por intoxicaci¨®n plena o alteraci¨®n ps¨ªquica, y que requieren ser internados en centros psiqui¨¢tricos, de deshabituaci¨®n o educaci¨®n especial. El catedr¨¢tico de Derecho Penal Agust¨ªn Jorge Barreiro resalta "la preocupante falta de previsi¨®n del nuevo C¨®digo Penal acerca de la inifraestructrura, centros id¨®neos y personal cualificado, que hagan posible un cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad".

La redistribuci¨®n de competencias que realiza el C¨®digo entre los juzgados de lo penal, encargados de juzgar delitos de menor entidad, y las audiencias provinciales, que enjuician delitos m¨¢s graves, dejar¨¢ infrautilizados a los primeros, mientras, las segundas y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce de los recursos de casaci¨®n, triplicar¨¢n el n¨²mero de asuntos. La falta de previsi¨®n de medios materiales y personales aptos para atender la redistribuci¨®n producir¨¢ un atasco en la justicia penal. En el empantanamiento de las audiencias provinciales incidir¨¢ tambi¨¦n el comienzo en las pr¨®ximas semanas de los juicios del Tribunal del Jurado, inevitablemente m¨¢s lentos y que requerir¨¢n mayores espacios en los limitados edificios judiciales.

La novedad que significa el arresto de fin de semana para sustituir las actuales penas cortas de privaci¨®n de libertad no ha sido acompa?ada por una dotaci¨®n suficiente de medios, que permita el cumplimiento de esa pena. La previsi¨®n por uno de los ¨²ltimos decretos delGobierno socialista de que esta pena se cumpla en el centro penitenciario m¨¢s pr¨®ximo al domicilio del arrestado o en el dep¨®sito municipal va a exigir muchos gastos de traslados a lejanas prisiones, ya que apenas existen dep¨®sitos municipales, que ser¨ªan el lugar m¨¢s apto para estos arrestos.

En cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad, el mismo decreto prev¨¦ convenios con administraciones o entidades p¨²blicas o privadas para proveer los puestos de trabajo necesarios, que a pocos d¨ªas de la entrada en vigor del nuevo C¨®digo ser¨¢ necesario acelerar. La inaplicaci¨®n de esta nueva pena por falta de medios significar¨¢ una frustraci¨®n m¨¢s.

La juez de vigilancia penitenciaria Remei Bona resalta el olvido de las v¨ªctimas en que incurre el nuevo C¨®digo, al no incluir "instituciones espec¨ªficas de compensaci¨®n o resarcimiento a los perjudicados por los delitos, como el convenio con la v¨ªctima de otros pa¨ªses de nuestro entorno".

V¨ªctimas y penuria econ¨®mica

Uno de de los ponentes socialistas del C¨®digo Penal, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, relata la oposici¨®n del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, a establecer un fondo nacional para ayudas a las v¨ªctimas de delitos violentos. Tras sus gestiones en favor de esta medida, Mohedano considera que "un C¨®digo Penal que tenga como funci¨®n fundamental la protecci¨®n a las v¨ªctimas y la reinserci¨®n social es muy dif¨ªcil en ¨¦pocas de restricci¨®n presupuestariaSin embargo, el nuevo delegado del Gobierno del PP para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles Orozco, manifest¨® el viernes ¨²ltimo su disposici¨®n a invertir en centros de deshabituaci¨®n de toxic¨®manos, con motivo de la inminente entrada en vigor del C¨®digo Penal.