El criterio de los fiscales sobre el nuevo C¨®digo Penal limita las excarcelaciones

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, tras o¨ªr ayer a la Junta de Fiscales de Sala, su principal ¨®rgano asesor, mantuvo un criterio restrictivo sobre la excarcelaci¨®n de penados con motivo de la entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal, el pr¨®ximo25 de mayo, que limitar¨¢ la salida de presos a partir de esa fecha. La junta interpret¨® tambi¨¦n que los 10 d¨ªas que fija el nuevo C¨®digo para que sea exculpado el particular que denuncie su participaci¨®n en un cohecho deben contarse desde el 25 de mayo para hechos ocurridos con anterioridad.

El nuevo C¨®digo Penal establece que, aunque los delitos y faltas cometidos antes de su entrada en vigor se juzgar¨¢n conforme a las normas penales que se derogan, cuando las disposiciones del mismo sean "m¨¢s favorables para el reo, se aplicar¨¢n ¨¦stas". Para la determinaci¨®n de la ley m¨¢s favorable se tendr¨¢ en cuenta la pena que corresponder¨ªa al hecho enjuiciado "con la aplicaci¨®n de las normas completas de uno u otro C¨®digo". Con base en este texto, Granados interpreta que los penados tendr¨¢n que optar globalmente por uno u otro C¨®digo, sin soluciones mixtas. El problema se plantea por la supresi¨®n de la redenci¨®n de penas por el trabajo, que supone la reducci¨®n de entre la mitad y la tercera parte de la condena.Jos¨¦ Mar¨ªa Paz, Jes¨²s Vicente Chamorro y otros fiscales mantienen que al recluso se le debe liquidar su pena hasta el 25 de mayo con arreglo al C¨®digo que se deroga y, a partir de esa fecha, puede acogerse a uno u otro.

Por el contrario, el criterio de Granados y de la mayor¨ªa de la Junta de Fiscales de Sala es que, dado que para la fijaci¨®n de las penas del nuevo C¨®digo los legisladores han tenido en cuenta la eliminaci¨®n de la redenci¨®n de penas por el trabajo, a quien desee que se le- apliquen las nuevas penas de c¨¢rcel, por lo general m¨¢s reducidas, no podr¨¢ liquid¨¢rsele ninguna parte de su condena con arreglo al derogado precepto de la redenci¨®n de penas por el trabajo.

La estructura jer¨¢rquica de los fiscales les obliga a aplicar el criterio de Granados, por lo que la previsible salida de algunos reclusos a partir del 25 de mayo se reducir¨¢.

Sin embargo, la ¨²ltima palabra la tendr¨¢n los jueces, ante los cuales, seg¨²n el nuevo C¨®digo Penal, "en todo caso, ser¨¢ o¨ªdo el reo", asistido de letrado. La soluci¨®n mixta es vista con inter¨¦s por algunos magistrados, uno de los cuales explica con un refr¨¢n el derecho de los reclusos: "Santa Rita Rita, lo que se da no se quita".

Otro asunto tratado por los fiscales fue la aplicaci¨®n retroactiva del art¨ªculo 427 del nuevo C¨®digo Penal: "Quedar¨¢ exento de pena por el delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de d¨¢diva o presente realizada por autoridad o funcionario p¨²blico y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguaci¨®n, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido m¨¢s de 10 d¨ªas desde la fecha de los hechos".

La interpretaci¨®n de las fiscal¨ªas ser¨¢ que esos 10 d¨ªas comenzar¨¢n a contarse el 25 de mayo para los hechos anteriores a la entrada en vigor del nuevo precepto. Seg¨²n fuentes de la junta, podr¨¢n beneficiarse de tal exenci¨®n de pena los particulares cuyos cohechos permanecen ocultos, con lo que se favorecer¨¢ la lucha contra la corrupci¨®n. A quien denunci¨® en su d¨ªa un cohecho en el que hab¨ªa participado se le dar¨¢n tambi¨¦n 10 d¨ªas para que tenga la ocasi¨®n que entonces no tuvo de quedar exento de pena. En cambio, si el cohecho fue denunciado por el fiscal u otra persona ajena al interesado, no ser¨¢ aplicable tal exculpaci¨®n retroactiva.

La Junta de Fiscales se pronunci¨® tambi¨¦n a favor de que los Juzgados de lo Penal -que ahora, juzgan delitos con hasta seis a?os de c¨¢rcel y, seg¨²n el nuevo C¨®digo, s¨®lo con hasta tres a?os- sigan conociendo los delitos de hasta seis a?os cometidos antes del 25 de mayo. De este modo se evitar¨¢ la avalancha de causas a las audiencias provinciales.