El fiscal pide 32 a?os para Rold¨¢n por malversaci¨®n, estafa y otros siete delitos

El fiscal envi¨® ayer a la Audiencia Provincial de Madrid sus conclusiones provisionales sobre el ex director general de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n y los otros 13 procesados en el caso Rold¨¢n, de los que exculpa a seis comisionistas por prescribir el delito en aplicaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal. Pide para Rold¨¢n 32 a?os de c¨¢rcel, 29 a?os de inhabilitaci¨®n y m¨¢s de 3.500 millones de multa por nueve delitos -malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, estafa, cohecho, falsedad y cinco contra la Hacienda p¨²blica- cometidos "con la finalidad de enriquecerse il¨ªcitamente" durante su mandato. A Hacienda debe devolverle, seg¨²n el fiscal, 975,8 millones.

El escrito de conclusiones provisionales, de 78 folios, propone una serie de pruebas; entre ellas, el testimonio de 71 personas, incluidos los ex ministros del Interior Jos¨¦ Luis Corcuera y Antoni Asunci¨®n. Solicita a la Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Madrid que se?ale la fecha para el inicio de las sesiones del juicio oral "a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del d¨ªa 28 de febrero de 1997, fecha en que vence el plazo m¨¢ximo ordinario de prisi¨®n preventiva" de Rold¨¢n.Los fiscales Alejandro Luz¨®n y Daniel Campos describen las conductas delictivas de Rold¨¢n desde su cargo al frente de la Guardia Civil, entre el 4 de noviembre de 1986 y el 7 de diciembre de 1993. "Con la finalidad de enriquecerse il¨ªcitamente durante el ejercicio de su mandato, Luis Rold¨¢n Ib¨¢?ez se apropi¨® de fondos p¨²blicos destinados a gastos reservados de los que dispon¨ªa por raz¨®n de su cargo", explica el Ministerio Fiscal.

Y agrega: "Con el mismo objeto, exigi¨® y obtuvo de las empresas constructoras que pretend¨ªan resultar adjudicatarias de obras de la Guardia Civil, el pago, de importantes sumas de dinero a cambio de obtener su concesi¨®n, desnaturalizando as¨ª el procedimiento de selecci¨®n de ofertas en beneficio de los contratistas que acced¨ªan al pago de la d¨¢diva. Del mismo modo, requiri¨® de otras empresas constructoras el pago de cantidades para la prestaci¨®n de unos supuestos servicios de seguridad".

Mec¨¢nica para la apropiaci¨®n

Antes de detallar de forma exhaustiva cada uno de los delitos de los que se acusa a Rold¨¢n, el documento de la fiscal¨ªa relata la mec¨¢nica utilizada "para incorporar a su patrimonio los fondos p¨²blicos apropiados y las d¨¢divas procedentes de los contratistas, as¨ª como las cantidades percibidas a cambio de inexistentes servicios de seguridad". Describe "la eficaz colaboraci¨®n" de Javier Esparza, "quien se encarg¨® de gestionar materialmente los cheques en que se instrumentaban los fondos reservados y los pagos de las constructoras".El fiscal sigue la investigaci¨®n realizada por la juez Ana Ferrer y narra c¨®mo, una vez recibidos los cheques por Esparza, "eran intercambiados por cheques bancarios al portador que a su vez eran objeto de un continuo fraccionamiento en su importe, mezcl¨¢ndose en cada operaci¨®n con otros, tras lo cual eran ingresados en las distintas cuentas de Luis Rold¨¢n Ib¨¢?ez, o en adquisiciones inmobiliarias o consumo privado".

Tales operaciones las desarroll¨® Esparza en diferentes sucursales del BBV, de las que fue sucesivamente director Juan Jorge Prieto, y en las que "se presentaban a compensaci¨®n los cheques, emiti¨¦ndose los que les sustitu¨ªan". Para conseguir ocultar su origen, Prieto "hac¨ªa figurar en ocasiones en el dorso de los mismos y en las solicitudes de cheques que al efecto se confeccionaban, datos relativos a personas inexistentes o que eran ajenas a las operaciones bancarias".

Otro mecanismo que Rold¨¢n y Esparza "idearon", seg¨²n el fiscal, fue la constituci¨®n de la compa?¨ªa Europe Capital, de la que el segundo fue administrador ¨²nico hasta el 27 de octubre de 1993. Y "en pago de la colaboraci¨®n descrita, Jorge Esparza hizo suyas cantidades procedentes de los referidos or¨ªgenes, bien en nombre propio o en el de sus familiares".

En cuanto a la apropiaci¨®n de fondos reservados, el fiscal recuerda que el 31 de octubre de 1986 exist¨ªa en la Direcci¨®n General de la Guardia Civil un remanente de 106,6 millones y que, durante el mandato de Rold¨¢n, ten¨ªa "presupuestariamente asignados" 58,3 millones anuales para gastos reservados. Rold¨¢n se apropi¨® "de parte de estos f¨®ndos", as¨ª como de "partidas procedentes de las cantidades que le eran entregadas por la Secretar¨ªa de Estado de Interior para gastos reservados". El escrito detalla el itinerario seguido por m¨¢s de 30 cheques de importes comprendidos entre 17 y cinco millones.

Cobros por defender de ETA

Relata tambi¨¦n el documento de la fiscal¨ªa c¨®mo Rold¨¢n, "amparado en la confianza que su cargo de director general de la Guardia Civil genera en el ¨¢mbito de la lucha antiterrorista", contact¨® con el presidente de Construcciones La¨ªn S. A., y el consejero delegado de la Sociedad General de Obras y Construcciones S. A., empresas que hab¨ªan recibido amenazas de ETA por su participaci¨®n en la construcci¨®n de la autov¨ªa de Leizar¨¢n, de Irurtzun (Navarra) a Andoain (Guipuzcoa). Para protegerles mediante una vigilancia especial, logr¨® que le entregaran 32,1 y 61,1 millones respectivamente, que Rold¨¢n "hizo suyas ( ... ), sin prestar servicio alguno".Otra modalidad delictiva fue "la adjudicaci¨®n directa por razones de seguridad y de urgencia" de obras para acuartelamientos de la Guardia Civil, lo cual facilitaba concertarse con las empresas dispuestas a pagar comisiones. Por cierto, la prescripci¨®n de los delitos en que incurrieron algunos de estos empresarios, por aplicaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, ha permitido al fiscal pedir que se declare la extinci¨®n de la responsabilidad criminal de los procesados Mario Caprile, lldefonso Aguilar y Manuel Carbajosa, directivos de la constructora Huarte; Antonio y Manuel Mesa Bussareu, directivos de la empresa constructora Cubiertas y MZOV, y Carlos Zuazo, presidente de la constructora Sierra Comendador.

Los delitos por los que acusa el Ministerio Fiscal a Rold¨¢n, y las penas que pide para ¨¦l por los mismos son los siguientes: por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, ocho a?os de prisi¨®n y 20 de inhabilitaci¨®n; por estafa, seis a?os de c¨¢rcel; por cohecho, cuatro a?os de prisi¨®n, nueve de inhabilitaci¨®n y 1.600 millones de multa; por falsedad, tres a?os de c¨¢rcel y multa de 12 meses (que, seg¨²n el sistema de multas del nuevo C¨®digo Penal, significa un importe de entre 72.000 pesetas y 18 millones).

Delitos fiscales

Por los cinco delitos contra la Hacienda P¨²blica, correspondientes a los ejercicios del impuesto de la renta de 1988 a 1992, ambos inclusive, las penas de c¨¢rcel oscilan entre dos y tres a?os y las multas entre 700 y 100 millones. El total por los cinco delitos es de 11 a?os de c¨¢rcel y 19 millones de multa. Adem¨¢s de estas penas, el fiscal pide que Rold¨¢n indemnice a la Hacienda P¨²blica con 975,8 millones y a la Sociedad General de Obras y Construcciones -una de las enga?adas por la supuesta protecci¨®n respecto a ETA- con los 61,1 millones que le entreg¨®.El fiscal pide que se mantenga la situaci¨®n de prisi¨®n preventiva para Rold¨¢n hasta el juicio.