Delincuencia del poder y justicia

Hace unos d¨ªas, juristas bonaerenses amigos con capacidad todav¨ªa para la estupefacci¨®n relataban un incidente producido en su pa¨ªs fechas antes: el presidente argentino hab¨ªa recomendado p¨²blicamente a un pol¨ªtico relevante de su entorno no hacer el menor caso de una decisi¨®n judicial. Poco despu¨¦s, la prensa porte?a daba cuenta de la peculiar actitud del responsable de Econom¨ªa de ese mismo Gobierno en temas de justicia: el proceso que ten¨ªa abierto era un puro acto de "acoso judicial", mientras el sobreseimiento de cierta denuncia formulada por ¨¦l no pasaba de ser mera arbitrariedad. El comentario, nutrido tambi¨¦n con algunas referencias a vicisitudes espa?olas del g¨¦nero, se cerraba con la afirmaci¨®n convencida de que cosas as¨ª en Espa?a -a pesar de todo, que sab¨ªan era bastante- nunca podr¨ªan pasar.Ocurre, sin embargo, que del mismo modo que la evoluci¨®n de los acontecimientos durante la ¨²ltima d¨¦cada y pico nos ha hecho aparecer ante el mundo como pa¨ªs ciertamente competitivo en materia de esc¨¢ndalos en ¨¢mbitos p¨²blicos o lindantes con lo p¨²blico, el tenor de las actitudes de los implicados en los mismos y de una variada gama de colindantes y afines hace pensar con alg¨²n fundamento que el R¨ªo de la Plata podr¨ªa llevar tiempo desaguando en el Manzanares.

Y conste que, en este punto, la preocupaci¨®n que expreso no tiene tanto que ver con la degradaci¨®n est¨¦tica y el encanallamiento ¨¦tico-pol¨ªtico de cierta opini¨®n sobre el actuar de los jueces m¨¢s inc¨®modos en este momento como con la difusi¨®n de una peligrosa actitud sistem¨¢tica de cuestionamiento puro y duro del papel de la jurisdicci¨®n misma en relaci¨®n con las m¨¢s graves ilegalidades del poder, que es lo que en el fondo subyace a la multitud de supuestos concretos en que aqu¨¦lla se manifiesta.

El recorrido de las hemerotecas dar¨ªa en este sentido un resultado demoledor: no ha habido juez de instrucci¨®n o sala de audiencia que abordando asuntos de aquella clase se vieran libres de la quema. Ni miembro del Ejecutivo o componente de su entorno que no mostrase una debilidad particular por la tea en la generalidad de los casos aludidos. Bastar¨ªa recordar el caso Linaza, todas cuyas abracadabrantes vicisitudes parlamentarias y ministeriales, con su ejemplar didactismo sobre el fundamental papel de la jurisdicci¨®n en el Estado constitucional de derecho, le hacen merecedor de un espacio en los programas de derecho constitucional. Pero hay otros muchos casos. Y en todos ellos, una constante: m¨¢s all¨¢ de la contestaci¨®n de la actuaci¨®n judicial concreta -con frecuencia en tonos y con una sem¨¢ntica que siguen produciendo sonrojo- la siembra indiscriminada de deslegitimaci¨®n sobre la jurisdicci¨®n como instituci¨®n constitucional de control en ¨²ltima instancia desde la legalidad.

No ser¨¦ yo el que dude de la esencialidad de la cr¨ªtica. Tampoco dir¨¦ que los jueces -incluso, en hip¨®tesis, todos los jueces y en todos sus actos- no la merezcan. Y m¨¢s, si se quiere, los jueces espa?oles, al fin y al cabo resultado en gran medida de una pobr¨ªsima pol¨ªtica de la justicia, gestada evidentemente en espacios contiguos a los de origen del exabrupto y la descalificaci¨®n por sistema, regados con generosidad tan sospechosa en los casos a que me refiero. Pero sucede que en situaciones for¨¢neas asimilables, jueces paradigm¨¢ticos de incuestionable profesionalidad tuvieron -de la misma forma indiscriminada- un trato equivalente. As¨ª, el soci¨®logo Nando dalla Chiesa (hijo del general asesinado por la Mafia) debi¨® recordarle a Cossiga, con motivo del asesinato, tambi¨¦n por aqu¨¦lla, de Rosario Livatino, juez de Agrigento, que ¨¦ste era uno de esos giudici ragazzini que ¨¦l hab¨ªa denostado burdamente, a pesar de la ejemplaridad de su compromiso con la legalidad. Y c¨®mo no recordar al emblem¨¢tico Bettino Craxi saliendo en defensa nada menos que del banquero Calvi, entonces tambi¨¦n, a su juicio, v¨ªctima del acoso" de los jueces- como ¨¦l mismo lo ser¨ªa m¨¢s tarde- cosas ¨¦stas que ahora se entienden bastante mejor, ?no es cierto?

El anecdotario podr¨ªa ampliarse casi hasta el infinito, y de tan expresiva muestra bien cabe inferir un corolario: dif¨ªcilmente una actuaci¨®n judicial que verse sobre las ilegalidades de agentes del poder -que, como ahora sabemos, incluso en democracia, pueden ser masivas- encontrar¨¢ consenso ni comprensi¨®n en los medios del mismo. Tanto da que el objeto de aqu¨¦lla sea el maltrato ocasional a un detenido o "Ia patada en la puerta". El acto judicial ser¨¢ siempre igualmente desafortunado, carecer¨¢ de sentido de Estado y de la realidad, estar¨¢ abierto a la instrumentalizaci¨®n y, claro es, resultar¨¢ siempre inoportuno.

Pero hay m¨¢s, la t¨¢ctica del obstruccionismo activo se alza del mismo modo, como un muro, frente a los intentos de proyectar algo de luz en sede parlamentaria sobre cualquiera de las variadas modalidades de tan graves formas de degradaci¨®n de la noble actividad de la pol¨ªtica. Tanto que, a la vista de lo sucedido, podr¨ªa decirse que, hoy por hoy, ¨¦sta se halla aquejada de una alarmante carencia de aptitud para depurarse a s¨ª misma de cierta clase de lacras: las peores. Lo que choca con la dimensi¨®n macrosc¨®pica de las ilegalidades (de C¨®digo Penal, muchas de ellas), que, no deja de ser, curioso, rara vez se han hecho visibles en las C¨¢maras, ¨¢mbito ideal de transparencia y de control de la gesti¨®n de la polis.

En presencia de situaciones de ese g¨¦nero, surge por sistema alguna suerte de partido transversal que, de facto pero de forma inequ¨ªvoca, se manisfestar¨¢ objetivamente en favor de la ilegalidad como instrumento de gesti¨®n de una supuesta normalidad democr¨¢tica, por imperativos de realpolitik. En esto la cuenta no falla: no podr¨ªa citarse un solo caso de cierta relevancia en que haya sucedido lo contrario. Y no ser¨¢ por falta de ocasiones. El lugar de la autocr¨ªtica aparecer¨¢ ocupado por el pacto de silencio que -hoy por ti, ma?ana por m¨ª hace ya no extra?os, sino habituales at¨ªpicos compa?eros de cama.

Lo que sucede en estos d¨ªas entre nosotros tiene, junto a tanta desmesura, la virtud de la claridad. Por fin empieza a ser todo di¨¢fano: la culpa y toda la Pasa a la p¨¢gina siguiente Viene de la p¨¢gina anterior culpa es s¨®lo de los -dos- jueces. El verdadero problema son ellos, y por eso, y para ilustraci¨®n de la ciudadan¨ªa, se les ofrece en pantalla panor¨¢mica como agentes de la desestabilizaci¨®n, petardistas del orden. Se los asocia en esta estrategia a quienes les suministran los indicios que est¨¢n en la base de sus actuaciones. Y, peor a¨²n, se sugiere diab¨®licamente alguna relaci¨®n de complementariedad entre ¨¦stas y otras de la m¨¢s pura ilegalidad criminal.

Ocurre, sin embargo, que los indicios de criminalidad son bien desazonantes y, por lo que parece, de una consistencia que, si se dieran contra imputados pol¨ªticamente desasistidos, ¨¦stos tendr¨ªan, en la opini¨®n, m¨¢s perdida su presunci¨®n de inocencia que la inocencia bautismal; y lo estar¨ªan pasando mucho peor en el proceso. Y ocurre tambi¨¦n que esos denunciantes o testigos perversos que seguramente lo son antes estuvieron a sueldo del erario p¨²blico y en lugares de -hoy sospechosa, demasiado sospechosa- confianza.

Supongamos, a efectos meramente dial¨¦cticos, que, por correspondencia mim¨¦tica con tanto horror advertible, los jueces en cuesti¨®n son tambi¨¦n horribles, que lo est¨¢n haciendo todo mal y por motivos inconfesables. Despu¨¦s, en vista de esto y por mor de esa pureza procesal que resplandece ocasionalmente en causas paradigm¨¢ticas y suele distribuirse materialmente de forma tan desigual como lo hacen otros bienes escasos, imaginemos que la ¨²nica salida fuera el archivo de las actuaciones: es decir, la misma impunidad que, obtenida ya en medios pol¨ªticos, se busca ahora en los judiciales.

Pues bien, todo eso supuesto dado que la alternativa ser¨ªa el borr¨®n dentro de la misma cuenta-, ya s¨®lo algunas preguntas: ?En qu¨¦ activo deber¨ªa contabilizarse toda esa masa ingente de miseria pol¨ªtica y de ilegalidad no afrontada con criterios constitucionales? ?Cu¨¢l ser¨ªa el precio en calidad de vida civil que habr¨ªa que pagar por la imposible digesti¨®n colectiva de esos sapos? ?Qu¨¦ garant¨ªa de solidez cabr¨ªa esperar de una democracia asentada sobre tales presupuestos? ?Qu¨¦ confianza podr¨ªa depositarse en quienes de modo tan palmario habr¨ªan asimilado primero gobernabilidad a delito y ahora a lenidad? ?Existir¨ªa alguna esperanza de que conductas como las que se est¨¢n persiguiendo no volver¨ªan a producirse en espacios p¨²blicos? Y de creerse as¨ª a pesar de la inexistencia de responsabilidades pol¨ªticas o judiciales, ?con qu¨¦ fundamento racional?