Cat¨¢logo heterog¨¦neo

EL GOBIERNO aprob¨® ayer un cat¨¢logo de medidas econ¨®micas tan extenso y heterog¨¦neo que resulta imposible establecer un juicio global. Junto a decisiones largamente reclamadas, hay otras m¨¢s que discutibles y algunas directamente irrelevantes. Pareciera que el nuevo Gobierno, en su af¨¢n por demostrar que gobierna, ha sumado todos los proyectos que ten¨ªa sobre la mesa y los ha agrupado en un ¨ªndice que abarca desde la ley del suelo y el segundo operador telef¨®nico a la eliminaci¨®n de trabas para el transporte de f¨¦retros.El primer aspecto criticable es el procedimiento seguido. Gobernar por decreto-ley es una tentaci¨®n a la que en este pa¨ªs sucumben todos los partidos cuando llegan por primera vez al poder. Es una forma de demostrar que el nuevo Gobierno tiene ideas y capacidad de ponerlas en pr¨¢ctica de forma inmediata. El PSOE hizo lo propio en 1982. Pero no por eso resulta menos censurable. M¨¢s cuando se hace desde una profesi¨®n de fe liberal y desde la proclamaci¨®n de una voluntad de di¨¢logo permanente con los agentes sociales. Es una forma de hurtar al Parlamento la posibilidad de discutir y enmendar las leyes, dif¨ªcilmente compatible con las promesas hechas de devolver el protagonismo a las Cortes. La Constituci¨®n limita este recurso a casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Condici¨®n que dif¨ªcilmente cumplen muchas de las medidas adoptadas ayer. Menos mal que algunas de ellas, las de mayor entidad econ¨®mica, ser¨¢n tramitadas luego como proyectos de ley, pero lo cierto es que entrar¨¢n en vigor tras su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

El extenso cat¨¢logo de medidas tiene un prop¨®sito que sus autores explican en t¨¦rminos de liberalizar para reactivar. En t¨¦rminos generales, puede decirse que el Partido Popular empieza as¨ª a cumplir su programa electoral. Con ello atiende tambi¨¦n la demanda de sus aliados de CiU, que en fechas recientes les conminaban a tomar decisiones con urgencia. Algunas de ellas se ven¨ªan reclamando desde tiempo atr¨¢s y se enumeraban incluso en el Programa de Convergencia de 1992, aunque el PSOE fue incapaz de sacarlas adelante. Hay que saludar as¨ª la supresi¨®n de las tarifas m¨ªnimas de los colegios profesionales, un sector social en el que el PP ha recibido importantes apoyos.

El paquete tiene un primer apartado de ventajas fiscales para reactivar la econom¨ªa. El Gobierno reduce algunos impuestos para fomentar el consumo y la inversi¨®n. La modificaci¨®n del r¨¦gimen de plusval¨ªas, la actualizaci¨®n de balances de las empresas, las ventajas introducidas para los fondos de inversi¨®n y la reducci¨®n del impuesto de sucesiones en materia de viviendas y empresas familiares ser¨¢n bien recibidas por los que se encuentren en cualquiera de tales supuestos.

Con ello, el Gobierno apuesta fuerte por la reactivaci¨®n. Pero si ¨¦sta no se produce, se encontrar¨¢ con menos ingresos, m¨¢s demandas de gasto p¨²blico y necesidad de mayores recortes presupuestarios en un momento hist¨®rico marcado -en un horizonte de 18 meses- por la primera convocatoria para acceder a la moneda ¨²nica. M¨¢s all¨¢, de la acogida que los agentes econ¨®micos dispensen a alguna de esas medidas, Io importante es si contribuir¨¢n a facilitar la convergencia exigida. En definitiva, si contribuir¨¢n a reducir la inflaci¨®n y el d¨¦ficit de aqu¨ª a diciembre de 1997. No est¨¢ claro.

Las medidas estructurales de liberalizaci¨®n y flexibilizaci¨®n de la econom¨ªa, por saludables que puedan resultar, no tendr¨¢n previsiblemente un efecto inmediato. Lo cual cuestiona a¨²n m¨¢s su tramitaci¨®n por decreto-ley. El sector de la construcci¨®n no se va a reactivar a corto plazo porque se liberalice el suelo. A cambio puede fomentar la especulaci¨®n urban¨ªstica si, como se anuncia, se aumenta la discrecionalidad de los alcaldes.

En cuanto a las telecomunicaciones, la apertura de la telefon¨ªa fija a un segundo operador no trae consigo la liberalizaci¨®n del sector, como se anuncia. Es simplemente la sustituci¨®n de un monopolio por un duopolio. A cambio, todo parece indicar que la liberalizaci¨®n comprometida por el anterior Gobierno para 1998 se retrasar¨¢ al menos cuatro a?os, acogi¨¦ndose as¨ª a una moratoria contemplada en la directiva comunitaria. Es m¨¢s que discutible, por tanto, que estemos ante una medida liberalizadora. No resulta nada coherente que quienes ayer criticaban las prisas del PSOE por regular el cable mediante una ley tramitada por procedimiento de urgencia recurran ahora al decreto-ley. Una aut¨¦ntica jungla legislativa regula el sector de las telecomunicaciones. Ahora se suma un nuevo texto de inmediata aplicaci¨®n del que nadie ha sido informado.

Pese a todo, s¨ª cabe decir que Aznar ha optado por una v¨ªa abiertamente liberal y de est¨ªmulo a la iniciativa privada. S¨®lo queda esperar que el resultado final de esta apuesta sea la esperada reactivaci¨®n econ¨®mica.