Un homosexual reclama en Estrasburgo los derechos que Iberia niega a su pareja

Juan Tom¨¢s Garc¨ªa Andr¨¦s, auxiliar de vuelo de Iberia, no ceja en su empe?o de lograr que su relaci¨®n sentimental con Antonio C¨¦sar Otero Campa?a, que dura ya seis a?os, se equipare con la pareja matrimonial. Acaba de quedar registrada en la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo su demanda contra Espa?a, ante la negativa de los tribunales nacionales a darle la raz¨®n en su pugna con Iberia. Motivo: el derecho a tres billetes gratuitos al a?o para la pareja "marital" con dos a?os de convivencia.

Garc¨ªa Andr¨¦s y Otero Campa?a, ambos de 29 a nos, son pareja desde hace cinco a?os y medio. Su apacible relaci¨®n estable, formando una unidad familiar, choc¨® con el criterio de la compa?¨ªa Iberia, que se neg¨® a equiparar esa familia con la "convivencia marital" exigida para obtener determinados beneficios. A Garc¨ªa Andr¨¦s no le importa que la reclamaci¨®n sea peque?a, porque est¨¢ dispuesto a no pasar una.Este auxiliar de vuelo -o Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), que es la denominaci¨®n exacta de la categor¨ªa laboral- quiere dar ejemplo de la lucha de los homosexuales por conseguir su equiparaci¨®n con las parejas heterosexuales y matrimoniales.

En la regulaci¨®n laboral de los TCP se prev¨¦ la concesi¨®n por Iberia de tres billetes gratuitos al a?o "en aquellos casos de convivencia marital con el titular de la tarjeta, debiendo justificar fehacientemente la conviviencia durante dos a?os, mediante el oportuno certificado".

Certificado municipal

Ni corto ni perezoso, Garc¨ªa Andr¨¦s suministr¨® a Iberia el oportuno certificado de la Polic¨ªa Municipal de Madrid. El 11 de junio de 1993 la compa?¨ªa a¨¦rea le contest¨® que la concesi¨®n de tales billetes no estaba de acuerdo con sus "normas". Entonces demand¨® a Iberia, pero el Juzgado de lo Social n¨²mero 28 de Madrid desestim¨® la demanda por sentencia de 15 de noviembre de 1993.Recurri¨® ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el 8 de septiembre de 1994 desestim¨® el recurso. Entre los fundamentos de derecho, se?al¨® que la pareja heterosexual es la ¨²nica pareja, legalizada o no, que nuestra Constituci¨®n considera, "sin que puedan las parejas homosexuales intentar equipararse a las heterosexuales, en virtud del principio de igualdad que recoge el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n".

Planteado recurso de casaci¨®n ante la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, no fue admitido, por no aportar sentencias contradictorias a la dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Igualmente, en diciembre de 1995 el Tribunal Constitucional rechaz¨® el recurso de amparo por no haber agotado la v¨ªa judicial, ya que "fue el recurrente quien hizo una interposici¨®n defectuosa del recurso y fue ¨¦l quien, en su caso, priv¨® al Tribunal Supremo de reparar la lesi¨®n cuya vulneraci¨®n ahora se denuncia ante este tribunal".En la demanda ante la jurisdicci¨®n de derechos humanos de Estrasburgo, el letrado Emilio Gin¨¦s Santidri¨¢n argumenta que "era imposible aportar sentencias contradictorias, puesto que no exist¨ªan, es decir, anteriormente el Tribunal Supremo nunca se hab¨ªa pronunciado sobre el n¨²cleo b¨¢sico de la pretensi¨®n de equiparaci¨®n y disfrute de derechos en la empresa entre las parejas homosexuales y las heterosexuales de hecho, que tampoco son matrimonio".

Discriminaci¨®n

El letrado Gin¨¦s Santidri¨¢n acusa a Iberia y a los tribunales que han avalado su actitud de haber discriminado "entre un trabajador y otro por motivos de su inclinaci¨®n sexual". En definitiva, Garc¨ªa Andr¨¦s demanda al Reino de Espa?a, por considerar que los tribunales nacionales han infringido el Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En concreto, sobre la base de su convivencia estable con Otero Campa?a, con quien forma "una unidad familiar", invoca la violaci¨®n de sus derechos a un juicio justo, "al respeto de su vida privada y famillar" y a la no discriminaci¨®n, especialmente por razones de sexo", entre otras.En caso de que la demanda sea admitida, la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos intentar¨¢ un arreglo amistoso con el Gobierno espa?ol y en su defecto, dictaminar¨¢ sobre el asunto y lo pasar¨¢ al Tribunal de Estrasburgo.

Espa?a presenta "cinco veces menos demandas que los abogados europeos" del resto del Consejo de Europa, seg¨²n publica dicho letrado en un reciente trabajo en la revista Otros¨ª, del Colegio de Abogados de Madrid.