Un futuro para la telecomunicaci¨®n

El nuevo Gobierno espa?ol ha encontrado sobre la mesa del Consejo de Ministros muy pocos asuntos de mayor trascendencia para nuestro futuro econ¨®mico y social que la ordenaci¨®n de las telecomunicaciones.Mientras algunos pa¨ªses se est¨¢n dotando de unas infraestructuras y de unas empresas prestadoras de servicios adecuados, la situaci¨®n espa?ola s¨®lo pod¨ªa contemplarse con preocupaci¨®n. Espa?a no hab¨ªa tomado en los ¨²ltimos meses las medidas necesarias para promover un desarrollo de sus telecomunicaciones paralelo al que se ha producido sobre todo en los pa¨ªses anglosajones. Estas medidas se basan en una idea: en el sector de las 'telecomunicaciones debe haber tanta competencia como sea posible, puesto que la experiencia (de los pa¨ªses anglosajones) ha demostrado que s¨®lo la competencia reduce los precios, mejora la atenci¨®n al cliente y dinamiza los servicios.

La legislaci¨®n espa?ola -y particularmente la Ley de Ordenaci¨®n de las Telecomunicaciones (LOT)- responde exactamente a un punto de partida opuesto: las telecomunicaciones son un servicio p¨²blico cuya provisi¨®n se realiza por los poderes p¨²blicos, aunque sea a trav¨¦s de empresas controladas -Telef¨®nica- o concesionarias. Algunas empresas pueden construir redes para uso propio, pero no pueden interconectarlas libremente ni prestar servicios a terceros, forzando as¨ª la esteriliad de unos recursos costosos. Se restringe el acceso al capital exterior, en un pa¨ªs donde las inversiones industriales extranjeras son saludadas con entusiasmo.

Todas estas trabas deben desaparecer para permitir que los capitales fluyan al sector, que se realicen ,nversiones important¨ªsimas, que aparezcan empresas prestadoras de servicios innovadores y que los precios caigan.

Y sin embargo, ello no significa simplemente desregular. Precisamente porque las telecomunicaciones son tan importantes para nuestro futuro y precisamente porque venimos del monopolio, necesitamos de una regulaci¨®n y sobre todo de un control p¨²blico sobre este mercado que proteja al ciudadano y a la peque?a empresa de los abusos que pueda cometer la gran empresa y, al mismo tiempo, que induzca a la construcci¨®n de redes no s¨®lo donde ya hay una gran concentraci¨®n demogr¨¢fica y econ¨®mica, sino cubriendo arm¨®nicamente el territorio.

Por imperativo comunitario, Espa?a ha de liberalizar completamente las telecomunicaciones entre 1998 y el 2003. Este periodo no debe ser considerado corno una mera pr¨®rroga. Lo m¨¢s importante es aprovechar est¨¦ periodo para establecer un sistema de competencia limitada que permita la articulaci¨®n de un proveedor alternativo con una red que d¨¦ cobertura a la mayor parte del territorio y que sea algo m¨¢s que la simple implantaci¨®n de una sucursal de un gran operador extranjero.

El tiempo apremia. Hay que poner en marcha inmediatamente la Ley de Telecomunicaciones por Cable, aprobada apresuradamente por las Cortes a finales de a?o pero pendiente de ejecuci¨®n. A pesar de las cr¨ªticas que en su d¨ªa recibi¨®, creo que representa un punto de partida aprovechable y que su desarrollo reglamentario puede convertirla en una pieza estimulante del desarrollo.

La f¨®rmula es simple: basta asegurar a los inversores que podr¨¢n ofrecer telefon¨ªa ya y que podr¨¢n disfrutar de una pr¨®rroga autom¨¢tica, por un per¨ªodo razonable.

El reciente acuerdo entre la Generalitat de Catalu?a y las dos organizaciones catalanas de municipios, responde a este criterio: puesto que la ley permite un desarrollo tanto desordenado como ordenado, se ha pactado un orden que conjuga el inter¨¦s del hipot¨¦tico inversor -disponer de las zonas m¨¢s rentables y poderlas conectar entre s¨ª- con los intereses p¨²blicos -extender las redes m¨¢s all¨¢ de donde llegar¨ªan las simples fuerzas del mercado.

Lo segundo que hay que hacer es sustituir la LOT por una nueva ley que liberalice este sector, estableciendo l¨ªmites s¨®lo por dos tipos de razones: o para proteger precisamente la competencia frente a los abusos de posici¨®n dominante o para garantizar la oferta de servicios con una cobertura territorial grande.

Para todo ello, es indispensable un ¨®rgano independiente de los intereses privados (y el Ministerio no puede serlo mientras controle Telef¨®nica), que tenga autoridad para resolver conflictos y limitar abusos. Adem¨¢s hay que dise?ar una estrategia que permita pasar del monopolio a la competencia total de tal manera que el territorio no quede dividido en unas zonas con multiplicidad de operadores de servicios avanzados y otras zonas donde la oferta se reduce a los servicios m¨ªnimos.

Espa?a no es, desde luego, un pa¨ªs atrasado, pero en su historia ha cogido demasiados trenes con retraso. El tren de las autopistas de la informaci¨®n y de la sociedad de la informaci¨®n a¨²n puede ser cogido a tiempo, pero hay que darse mucha prisa si no queremos volver a, quedarnos en la cola.