Jueces sin gobierno

ES DIF?CIL saber cu¨¢les han sido los motivos que han bloqueado de nuevo la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero sean los que sean, es escandaloso que los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- vuelvan a poner sus intereses ]:)articulares por encima de sus deberes institucionales. Es una actitud irresponsable que prolonga la agon¨ªa de una instituci¨®n gravemente desacreditada e imposibilitada para llevar a cabo sus funciones de gobierno de los jueces.Escasea el tiempo legalmente habilitado para intentar cerrar un acuerdo antes de que se convoque en septiembre la solemne apertura del a?o judicial bajo la presidencia del Rey. No ser¨ªa tolerable que ese acto se celebrase ante un Consejo diezmado y desprestigiado. De ah¨ª que sea urgente consensuar la lista de los 20 vocales del Consejo, de forma que puedan ser ratificados este mes de julio en sendos plenos extraordinarios del Congreso y del Senado.

Renovar el Consejo, en funciones desde hace ocho meses, es ya mucho m¨¢s que un deber legal. La presencia en su seno de un vocal, Pascua? Estevill, que en estos momentos est¨¢ siendo juzgado ante el Tribunal Supremo bajo la grave acusaci¨®n de prevaricaci¨®n continuada hace de esa renovaci¨®n una exigencia ¨¦tica inaplazable. Hace tiempo que este juez debi¨® ser destituido, pero si el propio Consejo fue incapaz de articular una mayor¨ªa suficiente para ello, el Parlamento deb¨ªa haber terminado con esta verg¨¹enza institucional hace meses. Mucho m¨¢s si se tiene en cuenta que el mandato reglado del actual Consejo acab¨® hace ocho meses, y que hoy, entre fallecimientos y dimisiones, ni siquiera cuenta con qu¨®rum para celebrar plenos.

En esta ha sido el PSOE el que ha deshecho en esta ocasi¨®n el acuerdo de principio metiendo en la lista un nombre vetado antes por el PP. Los socialistas recuerdan, con raz¨®n, que hace ocho meses fueron los populares los que impidieron el consenso y dicen que no se puede resolver en d¨ªas un 'problema que lleva enquistado muchos meses. Mal augurio para esta legislatura reci¨¦n empezaada si el PSOE piensa ampararse a cada paso en la sinraz¨®n de la que hizo gala no pocas veces el PP en la pasada. La renovaci¨®n del Consejo est¨¢ en manos de ambos partidos. Sus votos son indispensables para alcanzar la mayor¨ªa de tres quintos requerida. Por eso, en lugar de enzarzarse en acusaciones mutuas que nada aclaran, deber¨ªan explicar a los ciudadanos las razones exactas de su desacuerdo.

Parece que tales razones poco tienen que ver con el perfil constitucional exigible a los candidatos y que, por tanto, son dif¨ªcilmente explicables. El proceso de selecci¨®n de candidatos sigue siendo escasamente transparente. El sistema de cuotas, es decir, el reparto de vocales entre los distintos partidos, centra las negociaciones, aunque de forma menos burda que en el pasado. No es ileg¨ªtima, aunque sea muy poco responsable y en todo caso imp¨²dica, la forma en que los partidos entienden su participaci¨®n en este proceso electivo.

De otro lado, el papel desempe?ado en esta ocasi¨®n por las asociaciones judiciales no deja de ser inquietante. La opci¨®n que los partidos les han dado de ofrecer candidatos de procedencia judicial se ha convertido en poco menos que una imposici¨®n. Alguna de ellas parece haber expresado su pretensi¨®n de que el partido del Gobierno sea poco menos que una simple correa de transmisi¨®n de sus designios e intereses. Pero con asociaciones judiciales o sin ellas, son las c¨²pulas partidarias las que deciden.

El Parlamento se limita a otorgar su benepl¨¢cito a unos candidatos cuya idoneidad desconoce, entre otras cosas porque la comisi¨®n correspondiente no tiene oportunidad de someter a escrutinio sus respectivos curr¨ªculos. Un tr¨¢mite de este tipo, al estilo de lo que hace el Senado norteamericano con los jueces del Supremo designados por el presidente, seguramente hubiera evitado el caso Estevill. El procedimiento actual no contribuye, desde luego, a prestigiar la elecci¨®n parlamentaria de los vocales del Consejo. Y quienes sue?an con un Consejo corporativo seguir¨¢n capitalizando la irresponsabilidad de los partidos mayoritarios.