GAL: comparaciones odiosas, pero necesarias

Lejos de m¨ª la menor intenci¨®n de entrar en valoraciones sobre las recientes actuaciones judiciales en torno a los GAL, y las que en el futuro se puedan producir. El objeto de este an¨¢lisis no pretende ser otro que establecer una perspectiva comparada, conducente a situar en su justa magnitud las dimensiones reales de un fen¨®meno cuyo impacto sobre la sociedad espa?ola viene actuando con un peso desmesurado desde tiempo atr¨¢s.Con toda independencia de quienes resulten finalmente culpables, a uno u otro nivel, ci?¨¢monos a un hecho concreto cuya evidencia -aunque pendiente del definitivo pronunciamiento judicial- parece ya incontestable: en octubre de 1983, dos miembros de ETA de escasa relevancia y corta trayectoria delictiva fueron secuestrados en el sur de Francia por agentes espa?oles de las Fuerzas de Seguridad del Estado, conducidos clandestinamente a Espa?a, retenidos y torturados por largo tiempo en un determinado edificio de San Sebasti¨¢n, introducidos en los maleteros de dos veh¨ªculos y, tras un largo viaje, transportados a un inh¨®spito paraje de la provincia de Alicante, donde, finalmente, fueron asesinados y enterrados con cal viva, con la patente intenci¨®n de que sus restos no pudieran ser hallados jam¨¢s.

En aquellos a?os en que la agresi¨®n terrorista alcanzaba en Espa?a sus m¨¢s altas cotas (1978-1984, con su m¨¢ximo de v¨ªctimas en 1980), pudimos escuchar con horror m¨¢s de una vez -tanto en ¨¢mbitos p¨²blicos como privados- comentarios a favor de una determinada v¨ªa para combatir dicho terrorismo: el llamado "modelo argentino"; es decir, el m¨¦todo "eficaz y contundente" -se dec¨ªa- que hab¨ªa permitido a la primera Junta Militar, presidida por el general Jorge Videla, exterminar a la pr¨¢ctica totalidad de las organizaciones de ultraizquierda (Montoneros y ERP), que llegaron a producir en dicho pa¨ªs unas setecientas v¨ªctimas mortales (cifra total, de fuente militar).

En otras palabras: se propugnaba como modelo deseable, defendible y digno de ser aplicado en Espa?a el mismo que fue puesto en pr¨¢ctica en Argentina por sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, m¨¦todo cuyas l¨ªneas maestras eran precisamente ¨¦stas: secuestro de miles de sospechosos de terrorismo o de alg¨²n tipo de colaboraci¨®n con ¨¦ste, por muy indirecta que pudiera ser; interrogatorio de los secuestrados bajo sistem¨¢tica tortura; asesinato de la mayor parte de ellos al agotarse su valor informativo, y, finalmente, eliminaci¨®n deliberada de sus cad¨¢veres -fosa com¨²n, cremaci¨®n o lanzamiento al mar de personas vivas o muertas-; todo ello al margen de las leyes de su propio pa¨ªs. Por incre¨ªble que hoy pueda parecernos, este m¨¦todo -intr¨ªnsecamente criminal en su planteamiento y ejecuci¨®n- era propugnado entre nosotros por algunos en aquellos a?os como la f¨®rmula adecuada a imitar en nuestro pa¨ªs para hacer frente, a un terrorismo etarra que por entonces parec¨ªa resistir todo intento de neutralizaci¨®n por la v¨ªa de la legalidad constitucional. As¨ª pudimos, por ejemplo, leer en un caracterizado diario ultraderechista, hoy inexistente, la calificaci¨®n de tales m¨¦todos como Ios adecuados" para la finalidad propuesta, y escuchar a un determinado embajador espa?ol, en entrevista radiof¨®nica, afirmar que: los militares argentinos estaban haciendo "exactamente lo que deb¨ªan hacer en su lucha contra la subversi¨®n".

Recordadas estas actitudes, registradas en aquella, Espa?a no demasiado distante -s¨®lo diez o quince a?os atr¨¢s-, volvamos al caso Lasa-Zabala, y situ¨¦monos en la hip¨®tesis que a estas alturas parece m¨¢s probable: que la justicia termine confirmando en su d¨ªa, por sentencia firme, que los hechos materiales se produjeron en la forma antes descrita. En tal caso, no, hallar¨ªamos ante un asuntc abominable, caracterizado por la estricta aplicaci¨®n del indeseable "modelo argentino": la secuencia secuestro-tortura-asesinato-entierro clandestino se habr¨ªa cumplido con escrupulosa fidelidad al modelo en cuesti¨®n. A partir de aqu¨ª, permit¨¢monos por un momento un siniestro, aunque breve ejercicio de imaginaci¨®n. Imaginemos que el n¨²mero de personas secuestradas, interrogadas bajo tortura, finalmente asesinadas), enterradas an¨®nimamente en fosas clandestinas no hubiera sido de dos, como en este caso sino de 20.000. Veinte mil personas consideradas culpables o sospechosas de alg¨²n tipo de vinculaci¨®n con la violencia, por muy dudosa, indirecta, insegura y circunstancial, o incluso absolutamente falsa, que dicha supuesta vinculaci¨®n pudiera ser. Imaginemos que en vez de una peque?a fosa en un des¨¦rtico paraje de Alicante existieran miles de fosas similares desparramadas por muy diversos lugares del territorio espa?ol, puesto que son muchos los lugares donde el terrorismo de ETA golpe¨®. Imaginemos que muchos miles de familias espa?olas -no s¨®lo vascas, sino de tantas otras comunidades donde ETA actu¨® o donde podr¨ªa disponerse " a actuar- estuvieran padeciendo desde a?os atr¨¢s la tragedia de la desaparici¨®n de alguno de sus miembros; personas en su d¨ªa secuestradas o "detenidas-desaparecidas" (tr¨¢gico vocablo, tan usual en el ¨¢mbito latinoamericano), sin noticia alguna de d¨®nde, c¨®mo y cu¨¢ndo fueron muertas y ad¨®nde sus restos fueron a parar.

Imaginemos, en definitiva, que en aquella primera mitad de los a?os ochenta en Espa?a hubiera actuado un GAL gigantesco, no constituido por unos cuantos guardias, polic¨ªas y mercenarios mafiosos, sino por unas fuerzas militares y policiales de enorme magnitud; no un GAL min¨²sculo y chapucero, concebido para dar unos cuantos golpes en el extranjero, sino un inmenso GAL organizado y dotado de una enorme infraestructura log¨ªstica y operativa, dise?ada para actuar criminalmente al margen de la ley, pero dentro del territorio nacional en toda su extensi¨®n. Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurri¨® en Argentina a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Quienes conocemos, por haber tenido ocasi¨®n de investigarlo a fondo, la magnitud del drama sufrido por la sociedad argentina en la segunda mitad de los a?os setenta, estamos en mejores condiciones que nadie para valorar lo que aqu¨ª en Espa?a no ha llegado a suceder: lo que aqu¨ª, pese a los venenosos esfuerzos de algunos, se ha logrado evitar.

En efecto, ese terrible salto de 2 a 20.000 cad¨¢veres clandestinamente enterrados o arrojados al mar; esa pavorosa multiplicaci¨®n por 10.000 en cuanto al n¨²mero de v¨ªctimas del "modelo argentino" estrictamente aplicado, o por 1.000 en cuanto al n¨²mero total de muertos producidos por los GAL; ese descomunal salto cuantitativo -que por su magnitud irrumpe tambi¨¦n de lleno en el campo de lo cualitativo-, nos da la medida exacta del cataclismo que puede llegar a afligir a una sociedad cuando se dan ciertos factores concurrentes, aniquiladores de la democracia y de la convivencia civil. Y no precisamente en un pa¨ªs hundido en el analfabetismo, la miseria econ¨®mica y el primitivismo pol¨ªtico, sino en una sociedad como la argentina, se?alada entre las m¨¢s cultas, ricas y avanzadas de toda Am¨¦rica Latina, y que a cierta altura de este siglo superaba en sus ¨ªndices de desarrollo a algunos de los mejores pa¨ªses de Europa occidental.

En definitiva, el penoso caso Lasa-Zabala resulta paradigm¨¢tico en una doble vertiente. La primera no es otra que la constataci¨®n -por si alguien ingenuamente lo consideraba imposible- de que tambi¨¦n aqu¨ª, entre nosotros, pueden engendrarse los repugnantes monstruos de los secuestros, las torturas y las "ejecuciones" sumarias al margen de la ley, seguido todo ello de la eliminaci¨®n de los cad¨¢veres, tal como exige la odiosa t¨¦cnica de "la desaparici¨®n". Y la segunda vertiente consiste en que la repulsiva excepci¨®n que nos ocupa -la forma concreta de tratamiento y eliminaci¨®n de ambos etarras citados- nos obliga a valorar y recordar cu¨¢l ha sido y sigue siendo entre nosotros la regla general. Y la regla general consiste en que esta joven y muy imperfecta democracia -con sus GAL, Roldanes y dem¨¢s desgracias nacionales a cuestas- ha sido, pese a tales taras, capaz de rechazar ese mort¨ªfero modelo de forma frontal. Lamentables excepciones aparte, nuestra regla general ha sido y sigue siendo que, a pesar de todo, pese a darse las condiciones que hac¨ªan tr¨¢gicamente posible esa tremenda calamidad llamada "el modelo argentino", aqu¨ª se ha sabido evitar ejemplarmente esa cat¨¢strofe social. Cat¨¢strofe soslayada gracias, en gran parte, a que nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, en su conjunto institucional, fueron capaces de resistir a lo largo de toda la transici¨®n, con notable entereza y madurez, tanto la permanente agresi¨®n terrorista como la grave tentaci¨®n golpista, que, desde ambos extremos, nos empujaban conjuntamente en aquellos a?os hacia ese negro abismo en que hubiera podido despe?arse la convivencia nacional.

Volvamos, pues, para terminar, al momento actual. Llevamos semanas, meses enteros, sometidos al implacable bombardeo del caso GAL. Desde las portadas y los editoriales de cada ma?ana hasta las tertulias y los telediarios de cada noche, todo es un puro grito surgido del mismo problema, que parece acaparar, obsesivamente, la m¨¢xima atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica nacional. Ante tan reiterado martilleo de horrores, y el que previsiblemente nos aguarda todav¨ªa por los numerosos sumarios a¨²n pendientes, grandes sectores de la sociedad espa?ola corren el riesgo de llegar a una conclusi¨®n tan falsa como peligrosa: la de asumir que nuestras fuerzas de seguridad, y especialmente la Guardia Civil, se sit¨²an, en cuanto a corrupci¨®n y capacidad violatoria de los derechos humanos, a los mismos niveles ya conocidos en tantas otras fuerzas hom¨®logas, militares y policiales, de tantos otros pa¨ªses, latinoamericanos o no. Percepci¨®n equivocada, injusta y que, objetivamente, es obligado rechazar.

Horroric¨¦monos, pues, y con raz¨®n, del caso Lasa-Zabala; pero congratul¨¦monos de su car¨¢cter excepcional, asegur¨¢ndonos de que en Espa?a nada similar pueda volver a ocurrir. En otras palabras: sigamos rechazando, con absoluta convicci¨®n, pese a los graves atentados etarras, el llamado "modelo argentino" -repudiado hoy por las propias autoridades militares de aquel pa¨ªs-, y reafirmemos la necesidad de combatir al terrorismo de la ¨²nica forma admisible: con la inteligente acci¨®n pol¨ªtica y la eficaz actuaci¨®n policial y judicial, siempre con la! leg¨ªtimas armas democr¨¢ticas de la ley y de la moral.