?Negociar con los terroristas?

A pesar de la un¨¢nime respuesta que los partidos democr¨¢ticos vascos dieron recientemente a un anuncio previo en el cual ETAm declaraba siete exiguos d¨ªas de tregua, algunos cualificados portavoces del nacionalismo moderado han sembrado cierta confusi¨®n entre lo que significa abrir canales de di¨¢logo con la organizaci¨®n terrorista y el hecho de que el Gobierno espa?ol se avenga a entablar una negociaci¨®n pol¨ªtica. Para apreciar la sensibilidad de los dirigentes de una organizaci¨®n terrorista hacia posibles iniciativas gubernamentales que faciliten el abandono de la violencia y el progresivo retorno a la vida civil de los activistas presos o huidos, los contactos exploratorios y el discreto intercambio de mensajes no deben ser desconsiderados por las autoridades, al menos bajo determinadas circunstancias.De hecho, un di¨¢logo as¨ª permiti¨®, a inicios de los ochenta, la autodisoluci¨®n de ETApm y la paulatina reinserci¨®n social de la gran mayor¨ªa de sus miembros, sin que ninguno de ¨¦stos haya reincidido en actividades terroristas. Cosa bien distinta es, sin embargo, que los gobernantes de democracias consolidadas como la nuestra acepten negociar directamente con quienes practican el terrorismo alg¨²n arreglo de contenidos pol¨ªticos que, de uno u otro modo, se trate de imponer luego al conjunto de la poblaci¨®n afectada. Varios obst¨¢culos de car¨¢cter t¨¦cnico desaconsejan cualquier negociaci¨®n pol¨ªtica con los terroristas, y otras razones de ¨ªndole normativa la hacen injustificable. La propia l¨®gica de las organizaciones armadas clandestinas advierte ya dificultades inherentes a negociar pol¨ªticamente con los terroristas. M¨¢s all¨¢ de un determinado momento, relativamente temprano en la trayectoria de los grupos armados clandestinos, el objetivo de la propia supervivencia tiende a prevalecer sobre otros fines de ¨ªndole program¨¢tica. En particular, son los dirigentes clandestinos, gran parte de cuya vida adulta ha transcurrido en la clandestinidad, quienes m¨¢s inter¨¦s suelen tener en asegurar el mantenimiento y la viabilidad del grupo armado. De hecho, sus expectativas personales est¨¢n frecuentemente ligadas al ¨¦xito de la movilizaci¨®n que lideran. Pero no es menos cierto que, con el paso del tiempo, el conjunto de quienes militan en tan reducidas asociaciones dedicadas a la conspiraci¨®n violenta deviene menos receptivo a los incentivos sustentados en argumentos pol¨ªticos que a los basados en elementos de solidaridad intragrupal.

As¨ª, es habitual que las organizaciones terroristas persistan, no sin recurrentes discrepancias internas, aunque hayan fracasado en alcanzar las metas originalmente ambicionadas o con independencia de los cambios acaecidos en las circunstancias sociales, econ¨®micas, culturales o pol¨ªticas que sirvieron para justificar, inicialmente, el uso de m¨¦todos violentos. Convertido un grupo terrorista en fin en s¨ª mismo, los dirigentes clandestinos promueven la realizaci¨®n de actividades predatorias m¨¢s propias del chantaje y la extorsi¨®n caracter¨ªsticos de la criminalidad organizada que de una violencia desplegada con el prop¨®sito de condicionar asuntos de inter¨¦s p¨²blico.

En el mismo sentido, conviene tambi¨¦n recordar que los objetivos finales perseguidos por una organizaci¨®n terrorista, caso de ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes para dise?ar e implementar la respueta estatal ante sus pr¨¢cticas violentas, no siempre son lo suficientemente expl¨ªcitos. Aparecen a menudo como algo maximalista o indeterminado, aptos para acciones expresivas pero marcadamente volubles y poco accesibles a la transacci¨®n. No es infrecuente, a, este respecto, que la progresiva realizaci¨®n efectiva de algunos objetivos previamente declarados por una organizaci¨®n terrorista, sea o no consecuencia de sus propias acciones, venga definida desde la ilegalidad no tanto como un escenario de ¨¦xito, siquiera relativo, sino m¨¢s bien como una amenaza a la supervivencia del grupo armado clandestino. Este denota entonces cierta tendencia a redefinir peri¨®dicamente las demandas planteadas, rechazando por irreales o insuficientes los logros ya alcanzados y ampliando el rango de sus reivindicaciones hasta hacerlas, en la pr¨¢ctica, inasequibles al convenio. No en vano, uno de los principios organizativos detectados como especialmente sobresalientes en el caso de los grupos terroristas consiste en que la acci¨®n adquiere primac¨ªa sobre la conversaci¨®n, prevaleciendo el estruendo de las armas sobre el registro de las palabras.

Es preciso aludir igualmente al hecho de que cualquier negociaci¨®n entre las autoridades estatales y los dirigentes de un grupo terrorista entra?a, entre otros riesgos, el de provocar m¨²ltiples consecuencias no deseadas. Por ejemplo, si un Gobierno manifiesta p¨²blicamente su voluntad de entablar conversaciones de contenidos pol¨ªticos con los insurgentes armados, tal actitud puede ser interpretada como signo de debilidad por parte del segmento intransigente de la organizaci¨®n clandestina implicada y quiz¨¢ tambi¨¦n de los sectores radicalizados de otros grupos extraparlamentarios, sirviendo as¨ª de acicate para que la primera persista en su actividad ilegal y los segundos se decanten hacia un repertorio de acci¨®n colectiva m¨¢s agresivo.

Adem¨¢s, la apertura de un proceso negociador como el descrito reduce sobremanera la eficacia de otro tipo de medidas gubernamentales existentes, especialmente las encaminadas a afectar la cohesi¨®n interna de los grupos terroristas. As¨ª, por ejemplo, cuando los militantes clandestinos perciben expectativas, fundadas o no, de negociaci¨®n pol¨ªtica entre el poder ejecutivo y su organizaci¨®n de pertenencia, se muestran mucho menos proclives a aceptar los incentivos legales que les son ofrecidos para disociarse del entramado violento, aunque ya no se identifiquen con el mismo. En todo caso, una negociaci¨®n pol¨ªtica entre delegados gubernamentales y portavoces terroristas implicar¨ªa siempre el reconocimiento del grupo armado clandestino al que los segundos pertenecen como interlocutor v¨¢lido, para grave menoscabo de cuantos actores colectivos utilizan, con el fin de hacer avanzar sus demandas, por radicales que pudieran parecer, los cauces establecidos de representaci¨®n e intercambio existentes en una sociedad abierta. Para detrimento tambi¨¦n de los principios de legalidad y de legitimidad en que se fundamentan las democracias. Y es que cualquier negociaci¨®n como la, aludida rompe las reglas del juego democr¨¢tico, genera gran incertidumbre institucional y suscita un no menor desconcierto en la opini¨®n p¨²blica. Equivale en la pr¨¢ctica a una suspensi¨®n temporal del Estado de derecho y a una quiebra del orden constitucional, de imprevisibles consecuencias ulteriores.

Sin embargo, un imperativo de la respuesta estatal al terrorismo en el marco de las democracias liberales ha de ser el de mantener y defender sus bases de legitimaci¨®n al tiempo que, con una cuidada observancia de los principios y procedimientos de una forma de gobierno basada en la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, desacreditar semejante desaf¨ªo, violento en lugar de conceder le beneficio pol¨ªtico alguno, Se trata, en definitiva, de afirmar la perfectibilidad propia de los reg¨ªmenes democr¨¢ticos frente a la intolerancia constitutiva, del despotismo terrorista.