El Tribunal de Cuentas pide que se unan y consoliden todas las cifras del Estado

El Tribunal de Cuentas ha aprobado una moci¨®n dirigida al Parlamento en la que solicita que la Cuenta General del Estado (CGE) integre tambi¨¦n las de la Seguridad Social, sociedades estatales y entes del sector p¨²blico estatal. Seg¨²n el Tribunal, la CGE tiene un ¨¢mbito m¨¢s restringido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y afirma que "la Cuenta es un conjunto que no constituye una unidad". El documento, de 21 folios, aprobado el pasado d¨ªa 27, pide reformas legislativas y denuncia los incumplimientos y retrasos en la entrega de las cuentas registrados durante la etapa socialista.

Frente a la pr¨¢ctica seguida por los Gobiernos socialistas, y que estos dejaron ratificada en su ¨²ltimo proyecto de ley general presupuestaria, el Tribunal de Cuentas desea que el examen y comprobaci¨®n de la Cuenta General del Estado, que por ley le corresponde realizar, se extienda a todo el sector p¨²blico estatal, de forma que las cifras de la CGE (que incluye la Cuenta General de la Administraci¨®n del Estado y la de los organismos aut¨®nomos) y las de la Seguridad Social, sociedades estatales y dem¨¢s Entes que forman el sector p¨²blico sean homologables, se consoliden y constituyan una unidad ¨²nica. Es decir, persigue la moci¨®n que el contenido de la CGE coincida "material y formalmente" con el de los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen el Presupuesto del Estado y de los organismos y sociedades citados.En s¨ªntesis, como reivindicaci¨®n sustancial, el Tribunal recomienda "modificar la regulaci¨®n de la Cuenta General del Estado" para ampliar "su ¨¢mbito hasta asegurar su correlaci¨®n material y formal con el de los Presupuestos Generales del Estado" y, adem¨¢s, "que se integren las cuentas individuales que la configuran" para que la CGE "ofrezca una representaci¨®n contable consolidada de la actividad econ¨®mico-financiera y de la situaci¨®n patrimonial del sector p¨²blico estatal".

Esta propuesta, que incluye duras cr¨ªticas sobre las dificultades de control que han existido hasta ahora, fue aprobada la semana pasada por el pleno del Tribunal, lo que implica que votaron a favor de la moci¨®n consejeros promovidos por el PP y por el PSOE.

En la justificaci¨®n de la moci¨®n, el Tribunal de Cuentas da un varapalo, en su lenguaje t¨¦cnico propio, a la actuaci¨®n de la administraci¨®n socialista en materia de fiscalizaci¨®n econ¨®mica. "( ... )Este ¨®rgano fiscalizador", dice, "se ha venido enfrentando con una serie de dificultades ocasionadas, b¨¢sicamente, por la inobservancia o el retraso por parte de los cuentadantes en el cumplimiento de su obligaci¨®n de rendir cuentas al tribunal. En unos casos, estos problemas, reiteradamente denunciados, se han derivado de incumplimientos legales. En otros, su causa ha de situarse en la existencia de lagunas o insuficiencias en la legislaci¨®n, cuando no en antinomias entre las normas reguladoras de la rendici¨®n ( ... )".

El Tribunal subraya como "deseable" que el contenido y la estructura de las cuentas de los organismos de la Seguridad Social sean homegeneizados "con los exigidos a las entidades de la Administraci¨®n general". Defiende que la documentaci¨®n que le remiten las sociedades estatales incluya, a partir de ahora, una memoria detallada de las subvenciones recibidas, los resultados obtenidos con ellas, la ejecuci¨®n de los contratos-programa, el cumplimiento de la Ley de Contratos de la Administraci¨®n P¨²blica y de las normas sobre retribuciones del personal del sector p¨²blico.

Homologaci¨®n

La propuesta incluye la sugerencia de que la documentaci¨®n justificativa de las cuentas deje de ser enviada al Tribuna, que preside Milagros Garc¨ªa Crespo, y quede disponible en las oficinas contables de las entidades p¨²blicas.En las conclusiones, el Tribunal de Cuentas propone una configuraci¨®n de la CGE "que trascienda la mera uni¨®n e incluso agregaci¨®n de las individuales que la constituyen, hasta alcanzar, en la medida que sea posible, la categor¨ªa de unas verdaderas cuentas consolidadas. Con ello", a?ade, "se conseguir¨ªa que la CGE fuera la expresi¨®n cifrada de la actividad econ¨®mico-financiera y de la situaci¨®n patrimonial de todo el sector p¨²blico estatal y que la declaraci¨®n definitiva que debe formular el Tribunal de Cuentas fuese para las Cortes Generales un instrumento m¨¢s eficaz de control".

Asimismo, el Tribunal propone definir de forma m¨¢s precisa los plazos de rendici¨®n de las cuentas de todas las entidades del sector p¨²blico, "reduci¨¦ndolos en la medida que sea posible, as¨ª como homogeneizar la documentaci¨®n que aqu¨¦llas deben incluir". Lanza una carga de profundidad contra la Intervenci¨®n General del Estado: "La actuaci¨®n del IGAE no deber¨ªa condicionar la funci¨®n fiscalizadora del Tribunal, cuyo primer objeto son las cuentas que deben rendir las entidades del sector p¨²blico, m¨¢s all¨¢ del plazo legal de dos meses, establecido".