Uno de los magistrados que juzgaron a los acusados de quemar a cinco 'ertzainas' hab¨ªa recibido amenazas

El juez Antonio Jim¨¦nez Peric¨¢s, miembro del tribunal que juzg¨® y conden¨® el martes a tres j¨®venes de Renter¨ªa autores de la quema con c¨®cteles molotov de cinco ertzainas, fue amenazado hace tres semanas mediante una carta an¨®nima en la que se le instaba a absolver a los procesados. No es la primera vez que jueces y fiscales de San Sebasti¨¢n reciben estas advertencias, seg¨²n fuentes de la audiencia, que aseguran que no les influyen en su trabajo.El magistrado ahora amenazado form¨® parte del tribunal sentenciador, presidido por el magistrado Juan Piqueras, en uni¨®n de la ponente Jone Unanue. En en el interior de la carta, el juez Jim¨¦nez Peric¨¢s encontr¨® la fotocopia de un art¨ªculo de opini¨®n de Egin ilustrado por una fotograf¨ªa quemada de los tres miembros del tribunal. Sobre, la cabeza de Jim¨¦nez Peric¨¢s estaba pintada una diana. En el escrito se ped¨ªa la absoluci¨®n de los tres procesados (Unai Erquis Urretavizcaya, Aitor Garc¨ªa S¨¢nchez y Jon Ander Gonz¨¢lez).

La carta, en la que figuraba un remite falso, estaba en un sobre que lleg¨® a manos de Jim¨¦nez Peric¨¢s d¨ªas antes de que se diese a conocer el fallo de la sentencia contra los tres autores del atentado contra, la Ertzaintza. El tribunal de la secci¨®n tercera de la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n conden¨® a Erquis, Gonz¨¢lez y Garc¨ªa a seis a?os de prisi¨®n como autores de cinco delitos de lesiones por el ataque con artefactos incendiarios perpetrado contra una patrulla de la Ertzaintza en marzo de 1995.

Jim¨¦nez Peric¨¢s rest¨® importancia a las amenazas y di¨® traslado de la carta a la fiscal¨ªa de San Sebasti¨¢n para que se investigue. Este juez no ha ocultado nunca su rechazo a la violencia y durante los tres ¨²ltimos secuestros perpetrados por ETA ha llevado prendido en su solapa el lazo azul y ha participado en concentraciones convocadas por los grupos pacifistas. Antes se aceeder a la judicatura, Jim¨¦nez Peric¨¢s trabaj¨® como periodista y abogado laboralista.

La Consejer¨ªa de Justicia del Gobierno vasco advirti¨® ayer que la pol¨¦mica desatada por la sentencia dictada contra los atacantes de los ertzainas puede cuestionar el papel de la Administraci¨®n de Justicia. Desde la consejer¨ªa que dirige el socialista Ram¨®n J¨¢uregui se defiende "la cr¨ªtica rigurosa", pero se rechaza el cuestionamiento de las resoluciones judiciales cuando se realiza "de forma precipitada, sin aguardar al estudio sosegado de los fundamentos jur¨ªdicos en que se basa la propia sentencia".

"Un resultado desgraciado"

En la resoluci¨®n de la Audiencia donostiarra se apuntaba que los j¨®venes realizaron el atentado dentro de una jornada de lucha convocada por la izquierda abertzale y que los procesados no pretend¨ªan "un resultado tan desgraciado y de tanta gravedad como el que se produjo".La avalancha de cr¨ªticas contra la sentencia que condena a los tres j¨®venes a seis a?os de prisi¨®n (el fiscal ped¨ªa 335 y la acusaci¨®n particular 592), ha puesto en duda la capacidad de los jueces vascos para dictar libremente sentencias contra el entorno de ETA. La abogada Carmen Camp¨®n, que ejerce la acusaci¨®n particular en nombre del Gobierno vasco, present¨® ayer recurso al entender que "se pueden establecer diversas interpretaciones" sobre el sentido final de la condena impuesta a los procesados. El presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, consider¨® ayer un insulto que se cuestione la libertad de los jueces vascos. A Gim¨¦nez le parece una barbaridad pensar que la decisi¨®n de condenar a s¨®lo seis a?os a los tres encausados sea producto del miedo, aunque reconoci¨® que la sentencia tiene "aspectos censurables".

Portavoces del departamento vasco de Justicia calificaron la sentencia de "exhaustiva y motivada, susceptible de no ser compartida, pero en ning¨²n caso arbitraria, ni dictadada por el miedo".

Por su parte, el lehendakari Jos¨¦ Antonio Ardanza respald¨® el anuncio realizado la postura de la Consejer¨ªa de Interior de recurrir la resoluci¨®n ante el Tribunal Supremo. Interior pretende as¨ª que "las penas se ajusten a la gravedad de las agresiones sufridas" por los agentes.