Constituci¨®n y cambio pol¨ªtico

La reflexi¨®n constitucional que propone Rafael Mateu de Ros [EL PA?S, 24 de mayo] tiene como principal virtud la de desdramatizar la cuesti¨®n del eventual cambio de las reglas del juego pol¨ªtico, pero la mayor¨ªa de sus propuestas concretas son -a mi juicio- francamente discutibles. De entrada, no comparto su sombr¨ªo diagn¨®stico sobre la situaci¨®n del sistema pol¨ªtico espa?ol, pues, siendo ciertos los desarios y algunas de las disfunciones que se?ala, ¨¦ste goza, en general, de buena salud y estabilidad.Es dif¨ªcil proponer introducir medidas impopulares reputadas indispensables y esperar que gocen del m¨¢s amplio consenso pol¨ªtico y social. Sin embargo, coincido con la tesis de que ninguna Constituci¨®n debe concebirse como una estructura p¨¦trea e inamovible. No obstante, tal an¨¢lisis atribuye al sistema pol¨ªtico defectos que, en realidad, se deben a los sucesivos Gobiernos e, incluso, en parte, a las oposiciones.

Es completamente ilusorio creer que cambiar la Constituci¨®n suponga poder erradicar la corrupci¨®n y la incompetencia y permita incrementar la transparencia y la participaci¨®n. Este planteamiento peca de formalismo y atribuye a las reglas y a las instituciones poderes que, de hecho, no tienen. La clave no radica tanto en reformar la Constituci¨®n (tarea que, sin embargo, debe abordarse para algunas cuestiones concretas), Sino en cambiar las r¨ªgidas estructuras de los partidos (y tambi¨¦n de los grandes grupos de inter¨¦s), esto es, de los m¨¢ximos protagonistas del proceso pol¨ªtico.

A la hora de proponer medidas concretas Mateu de Ros enumera un amplio cat¨¢logo que puede tomarse en consideraci¨®n, aun siendo siempre posible introducir nuevas variantes. Sobre el papel no parece mala idea redise?ar el mapa auton¨®mico de Espa?a, pero creo que es una tarea sencillamente imposible en la pr¨¢ctica. Ser¨ªa menos complicado crear nuevas comunidades aut¨®nomas que reducir su n¨²mero, pues est¨¢ claro que toda estructura de poder tiende a permanecer y a reproducirse. Aun siendo hipot¨¦ticamente deseable reducir, por ejemplo, a la mitad las 17 comunidades actuales, las resistencias pol¨ªticas y burocr¨¢ticas lo har¨¢n inviable.

En cambio, discrepo radicalmente de su propuesta electoral. Las supuestas bondades del sistema mayoritario no compensan sus muy numerosos inconvenientes, algo perfectamente constatable en los pa¨ªses que se rigen por esta f¨®rmula (basta ver el aumento de las cr¨ªticas en el Reino Unido). Por lo dem¨¢s, en Espa?a tendr¨ªa consecuencias pol¨ªticamente desestabilizadoras: en mi opini¨®n es suicida dificultar al m¨¢ximo la representaci¨®n parlamentaria en las Cortes de los partidos nacionalistas perif¨¦ricos (habr¨ªa que introducir elevadas cl¨¢usulas estatales de exclusi¨®n). Al respecto cabe hacer las siguien tes consideraciones: en un Estado plurinacional como es Espa?a (Mateu de Ros se refiere a tal realidad a la vez como naci¨®n unitaria y como conjunto plurinacional) es obligado preservar elementos pol¨ªtico-institucionales integradores propios de la democracia de consenso en t¨¦rminos de Lijphart. En este sentido, es indispensable incorporar a los partidos nacionalistas perif¨¦ricos en tareas de Estado. A continuaci¨®n hay que se?alar que si el partido bisagra fuera de ¨¢mbito estatal la cuesti¨®n de la reforma electoral en sentido mayoritario ni se plantear¨ªa, aunque su porcentaje espa?ol de votos fuera del 5%, similar al de CiU. Es decir, jur¨ªdicamente es indiferente que los votos de los ciudadanos est¨¦n concentrados en una parte del territorio o dispersos en todo el Estado, pues valen lo mismo con independencia de su procedencia. Deber¨ªa asumirse, de una vez por todas, que las formaciones nacionalistas forman parte del sistema pol¨ªtico espa?ol general, y ello con car¨¢cter permanente, pues, guste o no, ¨¦sta es la realidad.

En cambio, comparto las propuestas de limitaci¨®n de mandatos potenciaci¨®n de la democracia directa, reforma de los partidos, nuevo Senado y refuerzo de las garant¨ªas. Sin magnificar el alcance real de tales cambios, es evidente que s¨ª permitir¨ªan una profundizaci¨®n democr¨¢tica, aunque seguramente -a la hora de concretarlos- el debate no ser¨¢ ni pac¨ªfico ni f¨¢cil. Pero otras propuestas me parecen regresivas: reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad supondr¨ªa abrir otra vez la indeseable posibilidad de que el Tribunal Constitucional se convirtiera en "tercera c¨¢mara" y bloquear la pol¨ªtica legislativa de la mayor¨ªa. Desarrollar los "poderes arbitrales" de la Corona podr¨ªa desnaturalizar a la Monarqu¨ªa parlamentaria y romper el consenso general sobre la instituci¨®n. Sugerir el autogobierno del Poder Judicial implicar¨ªa en buena l¨®gica elegir de modo ¨ªntegramente corporativo al Consejo General. Por ¨²ltimo, la elecci¨®n directa (popular) del presidente del Gobierno es una f¨®rmula tan at¨ªpica (s¨®lo existe en Israel desde este a?o) que es preferible dar tiempo para ver c¨®mo funciona. Por lo dem¨¢s, este mecanismo no nos es completamente desconocido, pues en algunas comunidades aut¨®nomas se aplica: gobiernos socialistas minoritarios en Navarra y Andaluc¨ªa probaron anta?o la rigidez y los inconvenientes tan poco parlamentarios de investir autom¨¢ticamente a la minor¨ªa mayoritaria. En suma, hay que relativizar el alcance de las operaciones de ingenier¨ªa constitucional, pues no son las normas las que "salvar¨¢n" al sistema, sino los cambios de los actores pol¨ªticos. El actual debate de la transici¨®n pol¨ªtica italiana prueba el error de magnificar el limitado alcance materialmente transformador de las reglas. La democracia es un sistema que, en cualquier caso, requiere un alto grado de consenso y compromiso generales entre las ¨¦lites (centrales y perif¨¦ricas), de ah¨ª que toda propuesta de reforma constitucional -que, por definici¨®n, afecta a cuestiones b¨¢sicas y vitales para todos- no pueda ignorar este imperativo pol¨ªtico de realismo y de prudencia.