Oposici¨®n sindical

EL FRENES? decisorio- planes y paquetes de medidas urgentes en los m¨¢s variados campos- que ha caracterizado las primeras semanas del Gobierno del PP se ha producido en un escenario pol¨ªtico caracterizado por la ausencia de una oposici¨®n seria y eficaz. El PSOE no acaba de reaccionar y las advertencias siempre apocal¨ªpticas de Julio Anguita no permiten articular una alternativa cre¨ªble. Sin embargo, las decisiones adoptadas exigir¨ªan un debate consistente.Se trata de actuaciones que pueden cambiar aspectos esenciales de la vida espa?ola y, en particular, de su econom¨ªa. Algunas de ellas alteran el reparto de la renta y de la riqueza, por la v¨ªa de la fiscalidad o por las modificaciones anunciadas en el patrimonio p¨²blico. Ante la escasa respuesta de la oposici¨®n parlamentaria, son los sindicatos los que han terminado por convertirse en el principal contrapeso del Gobierno, asumiendo un papel que no es el suyo y que les ha costado no pocos tropiezos en el pasado reciente. No es funci¨®n de los sindicatos hacer oposici¨®n pol¨ªtica. Si ello sucediera ser¨ªa porque los partidos pol¨ªticos han abdicado de su deber y dejan un espacio vac¨ªo que, inevitablemente, tienden a llenar en alguna medida las organizaciones sociales.

La oposici¨®n que ahora muestran frente a las propuestas privatizadoras del Gobierno tiene probablemente un componente corporativo, porque no en balde el poder sindical se apoya en buena medida en la empresa p¨²blica y ha hecho de ella el escenario de sus batallas m¨¢s sonadas. En Espa?a, el contraste de la presencia sindical en la empresa p¨²blica y en la privada es muy acusado. Pero nada de esto puede hacer olvidar los cambios que el discurso sindical ha introducido en los ¨²ltimos a?os como resultado de fen¨®menos nuevos como la globalizaci¨®n de la econom¨ªa. De ah¨ª que la dura reacci¨®n sindical haya que entenderla en primer lugar como una exigencia de informaci¨®n a un Gobierno que se llena la boca con promesas de di¨¢logo y a continuaci¨®n anuncia poco menos que la privatizaci¨®n de todo el sector p¨²blico sin ofrecer mayores explicaciones.

Que el proceso de privatizaciones de empresas p¨²blicas abierto por el Gobierno, tras una cuestionable sustituci¨®n de algunos de sus responsables m¨¢s acreditados, se presta a interpretaciones distantes de la estricta racionalidad econ¨®mica es algo extendido que, en todo caso, han de clarificar los representantes pol¨ªticos. Si el proceso que se va a llevar a cabo estuviera acompa?ado por el necesario debate parlamentario y rodeado de la transparencia que anuncia el presidente Aznar, esas amenazas hoy latentes de conflictividad social ser¨ªan probablemente menores.

El problema es que tampoco existen suficientes garant¨ªas, o hasta el momento no han sido ofrecidas por el Gobierno, de que tras la enajenaci¨®n de empresas p¨²blicas se alcancen los objetivos de saneamiento propuestos. Tampoco de que los nuevos propietarios conserven cuando menos los niveles de eficiencia que las empresas susceptibles de venta han alcanzado. En ausencia de una confrontaci¨®n verdaderamente pol¨ªtica, las posibilidades de que los sindicatos desborden sus funciones son indudablemente mayores.