Los socialistas renunciaron a implantar la medida

La instalaci¨®n de c¨¢maras de v¨ªdeo en circuito cerrado para facilitar una r¨¢pida respuesta policial al descubrir un delito no es una propuesta nueva. En 1993, Antoni Asunci¨®n, entonces ministro del Interior, se encontr¨® con una iniciativa de la Comisar¨ªa General de Seguridad Ciudadana que planteaba la instalaci¨®n de c¨¢maras en los barrios con mayor nivel de delincuencia con un triple objetivo: evitar la presencia est¨¢tica de agentes en las calles, servir como elemento disuasorio y disponer de material gr¨¢fico suficiente para esclarecer cualquier suceso.

En el proyecto, que fue desechado por el ministro del Interior, se aduc¨ªa como legitimadora una sentencia del Supremo, que en mayo de 1993 afirm¨® que "los derechos establecidos por la ley de 1982 reguladora de la protecci¨®n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no pueden considerarse absolutamente ilimitados". En la sentencia se matizaba que "imperativos de inter¨¦s p¨²blico pueden hacer que por ley se autoricen expresamente determinadas entradas en la intimidad que podr¨¢n ser reputadas de leg¨ªtimas".

En aquel momento se tuvo en cuenta el valor de la visi¨®n a posterior? de las cintas para la identificaci¨®n de los delincuentes. En 1992, una cinta de v¨ªdeo grabada por la c¨¢mara de una sucursal bancaria de Barcelona sirvi¨® para identificar a dos miembros del comando itinerante de ETA, Juan Jes¨²s Narv¨¢ez Go?i, Pajas, y Jos¨¦ Luis Urrusolo Sistiaga.

El proyecto iba a ser cofinanciado por Interior y los ayuntamientos de las ciudades en las que se aplicara, y se pretend¨ªa implantar c¨¢maras en las grandes capitales con altos ¨ªndices de delincuencia, como Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla.