Licencia de farmacia

POR SI si ya estaba poco movido el mercado de las farmacias, el decreto del Ministerio de Sanidad del pasado 17 de junio ha venido a enrarecerlo a¨²n m¨¢s. A las 18.400 farmacias instaladas en Espa?a se ha sumado en un mes. un aluvi¨®n de m¨¢s de 50.000 peticiones de nueva apertura que est¨¢n colapsando las administraciones auton¨®micas, a las que la ley pill¨® por sorpresa.Sanidad consider¨® urgente rebajar de 4.000 a 2.800 el n¨²mero de habitantes para instalar una farmacia, lo cual est¨¢ muy bien. De ese modo se suaviza uno de los criterios gremialistas que impiden que el servicio de farmacia est¨¦ m¨¢s cerca de los usuarios. Pero metido a legislar por decreto-ley, el Gobierno no tuvo en cuenta que al derogar la legislaci¨®n vigente sin dar tiempo a las comunidades aut¨®nomas a modificar sus normas las ha dejado sin instrumentos legales para hacer frente a la avalancha.

Una vez levantada una veda que los colegios de farmac¨¦uticos han administrado con extraordinario celo, los licenciados sin farmacia se han lanzado de manera desaforada a pedir permisos de apertura. Algunos han presentado hasta 350 solicitudes. Si los servicios auton¨®micos no contestan en un plazo breve, puede entenderse que las peticiones se resuelven en positivo gracias al silencio administrativo.

Las comunidades aut¨®nomas se est¨¢n apresurando a congelar como pueden -incluso mediante cartas personales- una situaci¨®n ciertamente ca¨®tica. Aunque, bien mirado, tal vez sea ¨¦sta la ¨²nica forma de liberalizar de una vez por todas la apertura de farmacias, algo a lo que los colegios se resisten numantinamente so pretexto de proteger la calidad del servicio, cuando resulta patente que lo que est¨¢n protegiendo es su propio inter¨¦s. Naturalmente, el de aquellos que ya tienen concedida la licencia de apertura.

Resulta curioso que las propias administraciones auton¨®micas regidas por el PP manifiesten su desacuerdo con el procedimiento seguido para modificar el r¨¦gimen de farmacias, que les ha dejado en el m¨¢s absoluto desconcierto. Si lo que se pretend¨ªa con ello era adelantarse a ordenaciones como la extreme?a, ha llegado tarde. La norma aprobada por la Junta de Extremadura trata de limitar el negocio de los traspasos, que no es sino la venta de una licencia administrativa, y en cambio liberaliza los criterios de apertura de locales, adecu¨¢ndolos por lo dem¨¢s a las necesidades de una poblaci¨®n a menudo diseminada en peque?os n¨²cleos urbanos.

El miedo a que cunda el ejemplo extreme?o ha movido precisamente a los colegios farmac¨¦uticos a pedir al Gobierno que elabore una ley de ¨¢mbito nacional que establezca criterios uniformes. Una aspiraci¨®n que choca con el reparto de competencias del Estado de las autonom¨ªas.