La Junta de Andaluc¨ªa recurre por inconstitucional el decreto ley de farmacias

La Junta de Andaluc¨ªa anunci¨® ayer la interposici¨®n de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 11/1996 de 17 de junio, de ampliaci¨®n del servicio farmac¨¦utico a la poblaci¨®n, que reduce de 4.000 a 2.800 el n¨²mero de habitantes por farmacia. Seg¨²n el gobierno aut¨®nomo, esta normativa "resulta inconstitucional por invadir las competencias que la comunidad aut¨®noma andaluza ostenta en materia de ordenaci¨®n farmac¨¦utica". La Junta de Castilla-La Mancha la recurrir¨¢ tambi¨¦n por similares motivos antes del 16 de septiembre.

El recurso de la Junta de Andaluc¨ªa se basar¨¢ en la violaci¨®n del art¨ªculo 148.1.21 de la Constituci¨®n, que asigna las competencias en materia de Sanidad e Higiene y su desarrollo legislativo a las comunidades aut¨®nomas. El consejero andaluz de Salud, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa de Arboleya, apunt¨® ayer que la aplicaci¨®n del decreto, "de supuesta ampliaci¨®n y liberalizaci¨®n del servicio de farmacia implica la amortizaci¨®n o cierre de 751 oficinas de farmacia en Andaluc¨ªa". La decisi¨®n de recurrir el decreto ley fue adoptada ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa, que autoriz¨® a sus servicios jur¨ªdicos para que lo interpongan antes del 16 de septiembre, fecha l¨ªmite para su presentaci¨®n.Garc¨ªa de Arboleya explic¨® que "el Gobierno central puede entrar en las competencias de las comunidades aut¨®nomas para fijar m¨ªnimos o mejorar determinados servicios o prestaciones, pero nunca para se?alar m¨¢ximos e invadir las competencias recogidas en el Estatuto de Autonom¨ªa".

El consejero a?adi¨® que el efecto que provoca la decisi¨®n del Gobierno de Aznar con este decreto -que establece la apertura de una farmacia por cada 2.800 habitantes en zonas urbanas y hasta un l¨ªmite de 4.000, seg¨²n fije cada comunidad-, supone que Andaluc¨ªa (7.246.000 habitantes) no podr¨ªa tener m¨¢s de 2.588 farmacias, y que por lo tanto, de las 3.339 oficinas que existen en la actualidad "la Junta tendr¨ªa que iniciar un proceso de amortizaci¨®n o de cierre de 751 farmacias".

Intereses corporativos

Garc¨ªa de Arboleya calific¨® de "enga?o a la poblaci¨®n" los argumentos de "ampliaci¨®n" y "liberalizaci¨®n" utilizados por el Gobierno central a la hora de presentar el decreto que, en su opini¨®n, "s¨®lo favorece a los intereses corporativistas de los colegios profesionales". El consejero andaluz insisti¨® en que la nueva norma "no entra a solucionar el problema de las farmacias rurales", y que en el caso de Andaluc¨ªa "dificulta el desarrollo del proyecto auton¨®mico de Ley de Ordenaci¨®n Farmac¨¦utica", en redacci¨®n.En relaci¨®n a los efectos que el decreto ley provocar¨¢ en otras comunidades, Garc¨ªa de Arboleya fue tajante: "Es el mismo para todas las comunidades aut¨®nomas. No hay ning¨²n ciudadano en ninguna comunidad que pueda salir beneficiado en el servicio farmac¨¦utico con este decreto". En este sentido, el consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, indic¨® que este recurso contra el Gobierno de Aznar, "probablemente no ser¨¢ el ¨²nico ni desde Andaluc¨ªa, ni desde otras comunidades".

En efecto, la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se da igualmente de plazo hasta el 16 de septiembre para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley sobre farmacias. Dos son los argumentos que han llevado a esta comunidad a tomar esta decisi¨®n, seg¨²n indic¨® el director regional de Salud P¨²blica, Rafael Pe?alver. "El primero es que no cumple los requisitos, por ejemplo el de la urgencia, para ser tramitado por decreto ley. Y en segundo lugar, se trata de una ley de m¨¢ximos que nos incapacita para poder legislar. El Gobierno no nos ha dejado las mismas oportunidades que tuvieron Catalu?a o Pa¨ªs Vasco para legislar".

Estas dos comunidades y desde hace un mes Extremadura son las ¨²nicas en Espa?a que cuentan con ordenaciones propias del servicio farmac¨¦utico. El resto estaba prepar¨¢ndolas cuando el decreto les cogi¨® por sorpresa. El resultado de la normativa gubernamental ha sido una avalancha de m¨¢s de 50.000 peticiones de apertura en las 17 comunidades.

Garc¨ªa de Arboleya asegur¨® que los responsables de salud de otras autonom¨ªas como la vasca y la catalana tambi¨¦n se han pronunciado en contra del decreto en reuniones en Madrid. "Evidentemente, por motivos obvios, no presentar¨¢n recursos", a?adi¨®.