Las reglas del juego

ES POSIBLE que el instructor del caso Lasa- Zabala se equivocase al considerar como ¨²nico motivo para decretar la prisi¨®n preventiva incomunicada de Galindo el riesgo de que destruyera pruebas o presionase a los testigos. Tal vez debi¨® tomar en consideraci¨®n otros factores. Pero, una vez que actu¨® de esa manera, la desaparici¨®n de ese motivo -impl¨ªcitamente reconocida por el propio juez al levantar la incomunicaci¨®n del preso- obligaba a reconsiderar aquella decisi¨®n. ?sas son las reglas del juego.De otro lado, la Constituci¨®n -no un decreto o una orden ministerial: el art¨ªculo 124 de la Carta Magna- establece que el ministerio fiscal ejerce sus funciones con arreglo al principio jer¨¢rquico. Podr¨ªa haber dicho otra cosa, pero dice eso, y de ello se derivan algunas caracter¨ªsticas del proceso penal espa?ol. Romper ese principio, desobedeciendo las ¨®rdenes transmitidas en relaci¨®n a la puesta en libertad de Galindo, equivale a distorsionar el equilibrio querido por la Constituci¨®n. Hacerlo ampar¨¢ndose en la propia conciencia, erigi¨¦ndola en juez y parte del pleito, revela un subjetivismo desbordado. Pero adem¨¢s, la propia ley establece mecanismos para hacer compatible la salvaguarda de las convicciones subjetivas del fiscal y su respeto al principio jer¨¢rquico. Hay antecedentes de utilizaci¨®n de esos mecanismos en la propia Audiencia Nacional, y precisamente por parte de alguno de los que ahora han expresado su desacuerdo con las directrices emanadas del fiscal jefe, Jos¨¦ Aranda: en una entrevista publicada hace justamente un a?o, Aranda recordaba que el fiscal Pedro Rubira, el mismo que se ha opuesto a la libertad provisional de Galindo, hab¨ªa pedido por escrito, ser relevado del caso de los papeles de Laos por su desacuerdo con una orden emanada del fiscal general. ?sas son tambi¨¦n. las reglas del juego.

Al decidir no desclasificar ninguno de los papeles del Cesid solicitados por tres jueces, el Gobierno ha venido a decir que lo que atentaba a la seguridad nacional no era tanto su contenido -por lo dem¨¢s, conocido ya por esos jueces- como el hecho mismo de desclasificarlos; de establecer un precedente que tendr¨ªa pesados efectos sobre la cohesi¨®n interna y credibilidad externa de los servicios secretos espa?oles. Se dice que el Gobierno ha actuado con criterio pol¨ªtico. Naturalmente: para eso lo eligieron los espa?oles. A lo que s¨ª estaba obligado el Gobierno es a asegurarse de que pod¨ªa hacerlo; de que su decisi¨®n era legal y entraba en sus atribuciones. Una vez confirmados esos extremos, actu¨® con criterio pol¨ªtico. As¨ª son las reglas del juego.

Ser¨ªa romperlas cualquier reacci¨®n de despecho por parte de los fiscales contrariados por las decisiones del Gobierno y la Audiencia. Por ejemplo, sugiriendo de manera desafiante que con esos criterios tal vez habr¨ªa que poner en libertad a los etarras pendientes de Juicio, o que sin los papeles del Cesid no hay caso Lasa-Z¨¢bala. La investigaci¨®n de esos cr¨ªmenes debe continuar. Es cierto que en alg¨²n caso, como el del teniente G¨®mez Nieto, tales papeles eran la base nuclear de la acusaci¨®n. Pero lo que ello demuestra es la imprudencia del instructor, que construy¨® la acusaci¨®n sobre fundamentos endebles que no sab¨ªa si podr¨ªa utilizar. En los otros casos, sobre todo en los de los ex guardias Bayo y Dorado, hay otros elementos de inculpaci¨®n. Y aunque no sea posible utilizar los documentos del Cesid como prueba, nada impide explorar las l¨ªneas de investigaci¨®n que su contenido sugiere, por ejemplo, respecto al antiguo jefe del cuartel de Intxaurrondo. Porque lo m¨¢s importante es que se haga justicia: que el crimen no quede impune. Pero el respeto de los procedimientos es lo que distingue a la justicia de la venganza.