'Posmedicamentazo'

AHORA YA sabe el PP que gobernar supone elegir, es decir, optar entre molestar a unos o a otros, o a todos a la vez, pero con diferente intensidad. Las medidas que el ministerio correspondiente ha sometido a discusi¨®n con vistas a contener el gasto sanitario dan motivos de enfado a diferentes sectores, pero hay una cierta inclinaci¨®n a concentrar la carga sobre los usuarios, y especialmente sobre los sectores m¨¢s desprotegidos. Eso no significa que todas las propuestas puedan ser despachadas sin m¨¢s como antisociales, porque es cierto que el crecimiento del gasto sanitario de los ¨²ltimos a?os es incompatible con el objetivo de reducci¨®n del d¨¦ficit. Y que el mantenimiento de ¨¦ste es incompatible no ya con la sanidad gratuita, sino con el Estado del bienestar.Las medidas puestas a consideraci¨®n son de tres tipos: las destinadas a aumentar las aportaciones de los usuarios, las relativas a la fiscalidad y las especialmente orientadas a reducir el coste farmac¨¦utico soportado por la Seguridad Social. Los usuarios, se sugiere, pagar¨¢n unas tasas de entre 100 y 600 pesetas por acto m¨¦dico (seg¨²n se trate de consulta normal, domiciliaria, hospitalaria, etc¨¦tera). Tambi¨¦n abonar¨¢n 100 pesetas por receta. Con ello se busca reducir Ias consultas innecesarias, pero el efecto disuasorio s¨®lo es efectivo para las capas m¨¢s desfavorecidas de la poblaci¨®n. Ello podr¨ªa tener efectos perversos: que personas que necesitan atenci¨®n dejasen de acudir al ambulatorio por ese peque?o factor disuasorio, mientras que, siendo peque?o, no afectar¨ªa a personas con mayor poder adquisitivo que realmente acudieran sin necesitarlo. Los defensores de la sanidad p¨²blica se?alan tambi¨¦n los l¨ªmites de la medida desde el punto de vista del ahorro, ya que la gesti¨®n de esas tasas genera gastos administrativos en los centros sanitarios que pueden suponer, aseguran, hasta el 60% de lo recaudado por esa v¨ªa. Adem¨¢s de complicar esa gesti¨®n justo cuando se intenta simplificarla.

La principal medida planteada en el terreno fiscal es la supresi¨®n de las deducciones por gastos m¨¦dicos del impuesto de la renta. Pero hacerlo equivale a subir los impuestos: lo contrario a lo que el PP se comprometi¨® a hacer. No s¨®lo eso: en mayo del a?o pasado, en v¨ªsperas de las elecciones municipales, la cuesti¨®n fue expresamente planteada y dio ocasi¨®n a una agitada pol¨¦mica. Los dirigentes del PP no s¨®lo negaron que pensasen suprimir las deducciones (se habl¨® concretamente de las de vivienda y enfermedad), sino que defendieron la conveniencia de aumentarlas.

El gasto farmac¨¦utico es el que ofrece m¨¢s posibilidades de intervenci¨®n. De entrada, es el cap¨ªtulo m¨¢s preocupante, porque en apenas cinco a?os ha pasado de suponer para las arcas p¨²blicas un coste de medio bill¨®n a m¨¢s de 900.000 millones de pesetas: casi el 25% del gasto sanitario total. El actual clima pol¨ªtico favorece medidas que no corran el riesgo de ser denunciadas por la oposici¨®n en t¨¦rminos demag¨®gicos, como ocurri¨® (tras el rid¨ªculo r¨®tulo del medicamentazo) cuando el anterior Gobierno plante¨® un primer intento de racionalizaci¨®n del gasto farmac¨¦utico, liberando a la Seguridad Social del pago de 740 especialidades destinadas a s¨ªntomas triviales. El amplio margen comercial de la industria farmac¨¦utica ha permitido ya un acuerdo por el que los laboratorios se comprometen a reintegrar a la Seguridad Social una parte de los beneficios adicionales resultantes de un aumento del gasto p¨²blico en medicamentos por encima del 2,6%. Ello demuestra que hay otras posibilidades adem¨¢s de la obvia de aumentar el porcentaje sobre el precio de venta que paga el usuario, que es ahora del 40% y que el Gobierno quiere aumentar al 45%.