La encrucijada del Estado de bienestar
El recorte de los gastos, como f¨®rmula para reducir los d¨¦ficit p¨²blicos, pone interrogantes al modelo social europeoEl elevado coste social de la unificaci¨®nDinero privado en la sanidad p¨²blicaLa previsi¨®n ya no es la providenciaUnos privilegiados desde hace 30 a?os

Los Gobiernos de casi todos los pa¨ªses europeos, sin olvidar al amigo americano, est¨¢n emprendiendo medidas para recortar las prestaciones sociales ofrecidas por el llamado Estado de bienestar y aligerar as¨ª sus costes.Pero este proceso de adelgazamiento social, que sospechosa mente coincide con el derrumbe del tel¨®n de acero, no pilla a todos los pa¨ªses en la misma situaci¨®n. Los niveles de prestaciones alcanzados por pa¨ªses se?eros como Suecia o Alemania, est¨¢n muy por encima de otros reci¨¦n llegados a la plaza, como puede ser el caso de Espa?a, donde los recortes en profundidad pueden poner en peligro incluso la existencia del propio Estado de bienestar. Por eso, y aunque las comparaciones puedan ser odiosas, conviene analizar nuestra situaci¨®n frente a otros socios europeos.
Espa?a ha incrementado de forma notable el gasto social en los ¨²ltimos a?os. Los recursos destinados a la protecci¨®n social (pensiones, sanidad, desempleo, vivienda y familia) representaban el 24% del producto interior bruto (PIB) en 1993, casi seis puntos m¨¢s que en 1980, seg¨²n los ¨²ltimos datos de Eurostat. Un nivel todav¨ªa distante del 28,7% de la Uni¨®n Europea, que tambi¨¦n registr¨® un incremento importante (4,6 puntos) en el mismo periodo. Este crecimiento del gasto social ha sido especialmente notable en los ¨²ltimos cinco a?os y en los Presupuestos de 1996 representaba ya el 53% de todo el gasto p¨²blico.
Pensiones, sanidad y asistencia al desempleo son los tres principales pilares del Estado de bienestar espa?ol. Las pensiones son, sin duda, el cap¨ªtulo m¨¢s importante, con 7,5 billones de pesetas, lo que representa el 10% del PIB. En Espa?a hay 6,5 millones de pensionistas del sistema contributivo y 670.000 personas beneficiarias del sistema asistencial (personas que tienen alg¨²n tipo de pensi¨®n, aunque no hayan cotizado previamente). La pensi¨®n media del sistema contributivo es de 66.600 pesetas mensuales. En el sistema asistencial, la prestaci¨®n media es de 35.260 pesetas mensuales. Las pensiones de jubilaci¨®n representan un 40% del gasto social, un porcentaje similar a la media europea.
El segundo gran cap¨ªtulo de gasto social es la sanidad (3,6 billones de pesetas). Los socialistas universalizaron los servicios sanitarios, lo que elev¨® el gasto de la sanidad p¨²blica en Espa?a hasta el 5% del PIB, un nivel todav¨ªa por debajo del de los pa¨ªses, occidentales m¨¢s liberales, como Estados Unidos y el Reino Unido, y a mayor distancia de Francia y Alemania.
El tercer paquete importante de gasto social lo constituyen las ayudas al desempleo. En 1995, Espa?a gast¨® 1,7 billones de pesetas en ayudar a 1.458.481 parados. Los parados del sistema contributivo recibieron unos ingresos mensuales medios de 107.400 pesetas mensuales, y los asistenciales, 50.600 pesetas al mes.El gasto en ayudas a los desempleados s¨ª constituye una especificidad propia del modelo es pa?ol, ya que representa el 20% del gasto social total. La media europea est¨¢ en el 7%. Por el contrario, en Europa, las ayudas a la familia representan el 6,5% del total, y en Espa?a, s¨®lo el 1%.
Las ayudas a los parados suponen una cifra pr¨®xima al gasto en educaci¨®n p¨²blica efectuado por el Estado y las comunidades aut¨®nomas. Hay que tener en cuenta, adem¨¢s, las subvenciones a la ense?anza privada, de 100.000 millones las del Estado y de 197.000 millones las de las comunidades aut¨®nomas en 1994.
Sin embargo, el conjunto de los gastos sociales s¨®lo constituyen un aspecto de lo que se entiende por el Estado de bienestar, un modelo de Estado ligado a las pol¨ªticas keynesianas y cuyo objetivo fundamental era la consecuci¨®n del pleno empleo. Y en este sentido, es cierto que el modelo de desarrollo econ¨®mico espa?ol los ¨²ltimos a?os no ha funcionado. Con 3.535.000 de empleados, un 127% de la poblaci¨®n activa, el grado de preocupaci¨®n de la poblaci¨®n es tan elevado como insoportable. Y la creaci¨®n de empleo es, a su vez, el factor determinante para garantizar los amplios compromisos de gasto social. No es una guerra perdida: en los ¨²ltimos 12 meses (de marzo de 1995 a marzo de este a?o), el n¨²mero de nuevos cotizantes a la Seguridad Social ha superado los 200.000.
Con informaciones de
Alemania
Alemania dedica a las prestaciones sociales casi un tercio del producto interior bruto (PIB), el 31%, un porcentaje superior al de otros pa¨ªses de similar desarrollo econ¨®mico. En 1993, el volumen total de prestaciones sociales ascendi¨® en Alemania a 1,63 billones de marcos (137 billones de pesetas).El creador de la Seguridad Social es el mismo padre de la unidad alemana, Otto von Bismarck, quien en 1883, 1884 y 1889 cre¨® el seguro de enfermedad, de accidentes y de vejez, respectivamente. A estos tres pilares se a?adi¨® luego el seguro de paro, y estos d¨ªas entra en vigor por etapas el quinto: el seguro de dependencia o de asistencia a personas impedidas.
Los costes de la Seguridad Social se han disparado en Alemania y suponen una fuerte carga para el Estado, empresarios y asalariados. A partir del d¨ªa 1 de este mes, el porcentaje del salario bruto que se deduce por los diferentes seguros asciende al 40,8%, que corre a cargo del empresario y el asalariado al 50%. cada uno. El seguro de pensiones supone un 19,2%; el de enfermedad, un 13,4% en el oeste y un 13,3% para los Estados del Este; el de desempleo, un 6,5%, y el nuevo seguro de dependencia, un 1,7%.
Los cimientos del sistema de seguridad social se tambalean en Alemania porque se ha convertido en impagable. Por un lado se encuentra el hecho b¨¢sico de que los c¨¢lculos del sistema de pensiones datan de los tiempos en que los alemanes se mor¨ªan poco tiempo despu¨¦s de la jubilaci¨®n, pero hoy d¨ªa el contrato entre las generaciones amenaza ruina.
Si hoy d¨ªa por cada jubilado hay 2,85 asalariados que cotizan, en poco m¨¢s de 30 a?os esa proporci¨®n ser¨¢ de apenas 1,4 activos por cada rentista. La ca¨ªda de la natalidad y el incremento de la expectativa de vida hacen el sistema casi inviable.
A esto se a?ade la carga que ha supuesto la unificaci¨®n alemana, como consecuencia del desmoronamiento, de la antigua Rep¨²blica Democr¨¢tica Alemana. Bonn ha asumido los costes de la bancarrota del r¨¦gimen del Este, y esto supone una enorme carga para las cajas de Seguridad Social.
Adem¨¢s, la Seguridad Social alemana ofrece prestaciones inauditas y costosas que obligan al recorte inexorable. El paquete de medidas del Gobierno, que cuenta con el benepl¨¢cito de la patronal y la oposici¨®n de los sindicatos, prev¨¦ elevar la edad de jubilaci¨®n para hombres y mujeres de forma gradual, hasta los 65 a?os. Hoy, la media efectiva de jubilaci¨®n se encuentra por debajo de los 60.
Al mismo tiempo se trata de recortar los pagos del salario en caso de baja por enfermedad, que ahora se encuentra incluso por encima del 100%.
Reino Unido
El Reino Unido dedica el 27,3% del PIB en mantener el Estado de bienestar, es decir, en los dos cap¨ªtulos esenciales del gasto p¨²blico: Sanidad y Seguridad Social. Este ¨²ltimo apartado, en el que est¨¢n incluidos desde los seguros de desempleo hasta las pensiones, pasando por las ayudas familiares y el denominado income support, que cubre las necesidades b¨¢sicas de aquellos ciudadanos que carecen de otros seguros, consume por s¨ª solo el 32% del presupuesto brit¨¢nico. En total, los dos apartados -que totalizan cerca de 100.000 millones de libras, (casi 20 billones de pesetas)- representan el 45% del presupuesto anual del Estado.Los brit¨¢nicos tienen cubiertas sus necesidades de asistencia m¨¦dica gracias al National Health Service (NHS), la sanidad p¨²blica, introducida en el pa¨ªs en los a?os cuarenta por un Gobierno laborista. El coste del NHS es de seis billones de pesetas al a?o, una suma fabulosa, incapaz de afrontar los crecientes gastos sanitarios de una sociedad que envejece y ha visto aumentar d¨ªa a d¨ªa las esperanzas de vida. Con vistas a reforzar esta suma, el Gobierno puso en marcha hace tres a?os la Iniciativa de Financiaci¨®n Privada, destinada a introducir dinero privado en el tejido de la sanidad p¨²blica.
Todo ciudadano brit¨¢nico tiene derecho al final de su vida laboral a recibir una pensi¨®n al cumplir los 65 a?os si es hombre o los 60 si es mujer. La pensi¨®n es lineal y asciende en el a?o en curso a 61,15 libras (12.000 pesetas) a la semana. Adicionalmente, el trabajador jubilado percibe una cantidad suplementaria, que actualmente representa el 25% de la masa salarial percibida duran te los 20 a?os m¨¢s rentables de su vida laboral. El ciudadano que por razones variadas no haya trabajado nunca, tiene derecho a una pensi¨®n b¨¢sica de 34,50 libras (6.700 pesetas) a la semana al cumplir los 80 a?os. El trabajador en paro est¨¢ cubierto durante el primer a?o por un seguro fijado con independencia de su salario anterior. En el caso de estar soltero, la cantidad es de 45,45 libras (8.800 pesetas) a la semana, y de 73,50 libras (14.00 pesetas) cuando est¨¢ casado. Una vez superado el a?o, el trabajador pasa a percibir una ayuda econ¨®mica del fondo general conocido como incomme support, lo que representa una cantidad de 27,50 libras (5.300 pesetas) a la semana, en el caso de los solteros, y de 71,70 libras (14.000 pesetas) semanales cuando el beneficiarlo est¨¢ casado.
Las ayudas a la familia se concretan en incentivos econ¨®micos pagados en funci¨®n del n¨²mero de hijos: 10,20 libras (2.000 pesetas) semanales por el hijo mayor y 8,25 (1.600 pesetas) por cada uno de los restantes.
Italia
El sistema de previsi¨®n social italiano, tan generosamente desarrollado por la Democracia Cristiana que pod¨ªa ser comparado con la Providencia, ha sufrido dr¨¢sticos recortes en los ¨²ltimos cinco a?os debido a la necesidad de afrontar. una deuda p¨²blica que hoy supera el 120% del PIB. La primera reforma importante fue la de la Sanidad, y la hizo el socialista Giuliano Amato entre 1992 y 1993.Con las sucesivas modificaciones, el sistema resultante sigue siendo financiado b¨¢sicamente con cargo a los Presupuestos del Estado, donde confluyen Impuestos y aportaciones espec¨ªficas. Los entes locales deben financiar por s¨ª mismos cualquier prestaci¨®n que supere la media legalmente establecida del pa¨ªs.
La asistencia sanitaria en Italia hoy es gratis s¨®lo para los que tengan una renta anual inferior a los 70 millones de liras (unos 5,95 millones de pesetas). A partir de ese nivel, siempre que no se est¨¦ en paro, se paga un porcentaje variable de todas las prestaciones. Una visita al m¨¦dico de cabecera cuesta, por ejemplo, 25.000 liras (unas 2.000 pesetas). Hay, sin embargo, numerosas excepciones por tipos de enfermedad y otras circunstancias. Los hospitalizados no pagan ni la cama ni las pruebas m¨¦dicas. Los f¨¢rmacos se dividen en tres categor¨ªas: la A, que no se paga; la B, que se paga en parte, y la C, que incluye los gratuitos.
Las pensiones, principal cap¨ªtulo del gasto p¨²blico, ya que el sistema era el m¨¢s generoso de Europa, fueron reformadas por Lamberto Dini en 1995 tras el intento fallido de Silvio Berlusconi, abortado por una manifestaci¨®n de m¨¢s de un mill¨®n de personas. La reforma de Dini tiene un car¨¢cter tan gradual que resulta dif¨ªcil valorar sus consecuencias concretas. Los que llevaban cotizando m¨¢s de 18 a?os cuando entr¨® en vigor se rigen por el generoso sistema antiguo, que les permite jubilarse en cuanto hayan cumplido 35 a?os de cotizar, o s¨®lo 15 en el caso de los empleados p¨²blicos. La jubilaci¨®n anticipada ha quedado, sin embargo, sujeta a fuertes penalizaciones. El nuevo sistema preve la jubilaci¨®n a los 65 a?os y con 35 a?os de cotizaci¨®n.
El seguro de desempleo no existe como tal en Italia, salvo para cubrir las regulaciones transitorias. S¨ª existe, en cambio, la ayuda familiar, que var¨ªa en funci¨®n de la renta y del n¨²mero de miembros de la familia.
Suecia
El coste total del sistema de la Seguridad Social sueca se estima actualmente en unos 350.000 millones de coronas (unos 6,65 billones de pesetas), lo que, aproximadamente, constituye el 63% del presupuesto nacional y el 23% del PIB. Ello incluye la atenci¨®n del sistema de jubilaciones y pensiones, cajas de seguro de paro, salud y asistencia hospitalaria, y diversas asignaciones familiares como, por ejemplo, en concepto de hijos, enfermedad, vivienda, atenci¨®n de ni?os y ancianos. La mayor cifra de estos gastos la constituyen las jubilaciones y el seguro de paro. Este ¨²ltimo supone actualmente unos 40.000 millones de coronas (760.000 millones de pesetas).Un 55% lo constituyen las jubilaciones y pensiones. El 11% corresponde al seguro de paro, y todo lo relacionado con la salud y las diferentes formas de ayuda familiar responden por el 22% restante. La financiaci¨®n del sistema se realiza a trav¨¦s de los impuestos y diferentes mecanismos. El 60% se cubre con contribuci¨®n de los patrones y trabajadores; el Estado aporta un 26% y el resto lo pagan las comunas.
Este sistema de Seguridad Social, construido en su mayor parte en el periodo comprendido entre los a?os sesenta y mediados de los ochenta, ha experimentado un sostenido encarecimiento por diversos factores, tanto estructurales como coyunturales. Dos ejemplos t¨ªpicos son el sistema de pensiones y los seguros de paro. En el primer caso el aumento constante de la expectativa de vida de la poblaci¨®n ha elevado progresivamente el n¨²mero de personas mayores de 65 a?os, que es, hasta ahora, la edad para la jubilaci¨®n. En el caso de los seguros de paro, la situaci¨®n ha evolucionado dram¨¢ticamente en los ¨²ltimos cuatro o cinco anos, pasando del 2% al 13,5% actual, de un total aproximado de cuatro millones de activos.
Ello ha llevado a imponer una reestructuraci¨®n en pensiones y en el seguro de paro. Algunas medidas de corto alcance est¨¢n siendo ya aplicadas, como, por ejemplo, la disminuci¨®n de la retribuci¨®n a los parados, que ha pasado sucesivamente del 90% al 80% y al 79%. El Gobierno prometi¨® elevarla de nuevo al 80% y ahora se discute la financiaci¨®n.
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